¿Quién era María da Penha?
María da Penha es una biofarmacéutica cearense, que estaba casada con el profesor universitario Marco Antonio Herredia Viveros. En 1983, sufrió un primer intento de asesinato, en el que le dispararon por la espalda mientras dormía. Viveros fue hallado en la cocina, pidiendo auxilio, diciendo que habían sido atacados por ladrones. Después dede este primer intento de asesinato, María da Penha quedó paraplégica. El segundo intento de homicidio fue meses después, cuando Viveros empujó a María da Penha de la silla de ruedas e intentó electrocutarla en la ducha.
Aunque la investigación comenzó en junio de ese mismo año, la denuncia recién fue presentada al Ministerio Público en septiembre del año siguiente, y el primer juicio sólo se llevó a cabo 8 años después de los crímenes. En 1991, los abogados de Viveros consiguieron anular el enjuiciamiento. En1996, Viveros fue juzgado, encontrado culpable y condenado a diez años de reclusión pero consiguió apelar la sentencia.
Incluso luego de 15 años de lucha y presiones internacionales, la justicia brasileña todavía no había decidido sobre el caso, ni justificaba la demora. Con la ayuda de ONGs, María da Penha consiguió enviar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH - OEA), que por primera vez aceptó una denuncia de violencia doméstica. Viveros fue detenido recién en 2002, para cumplir sólo dos años de prisión.
El proceso de la OEA también condenó a Brasil por negligencia y omisión en relación a la violencia doméstica. Una de las penas fue la recomendación de la creación de una legislación adecuada para este tipo de violencia. Y esta fue la semilla para la creación de la ley María da Penha.
El legado de la ley
La Ley María da Penha es un legado feminista para Brasil, cuya profunda transformación de las políticas del Estado brasileño colocó el derecho de las mujeres a vivir sin violencia en el centro del orden jurídico nacional. La Secretaría de Políticas para las Mujeres (SPM), desde el gobierno federal, ejerció un liderazgo determinante en la aprobación de la ley y la coordinación en la gestión pública federal, articulando políticas entre Estados y municipios, con el poder legislativo, el sistema de justicia, empresas y otros sectores de la sociedad.
En el proceso de debate y puesta en marcha de la Ley, liderado por el Consorcio de Organizaciones Feministas y de Mujeres, el gobierno federal instituyó la Política Nacional de Enfrentamiento a la Violencia contra las Mujeres (2005) y creó el Centro de Atención a la Mujer - Llame 180 (2005). Otros instrumentos fundamentales fueron establecidos por la SPM, tales como el Pacto Nacional de Enfrentamiento a la Violencia contra las Mujeres (2007), en la 2da Conferencia Nacional de Políticas para las Mujeres; la campaña Compromiso y Actitud (2012), dirigida a funcionarios y funcionarias en derecho y justicia; el Programa Mujer, Vivir sin Violencia (2013), para la integración de servicios especializados, humanización y celeridad en la atención a las víctimas; y la tipificación del femicidio en la Ley n. 13.104/2015, calificado como el asesinato de mujeres con ensañamiento.
La Ley crea mecanismos para frenar y prevenir la violencia doméstica y familiar contra la mujer y está inspirada en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer, en la Convención Interamericana para Prevenir, Penalizar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y en otros tratados internacionales ratificados por la República Federativa de Brasil. Dispone la creación de Juzgados de Violencia Doméstica contra la Mujer, y establece medidas de asistencia y protección de las mujeres en situación de violencia doméstica familiar.
La Ley María da Penha también asegura que toda mujer, independientemente de clase, raza, etnia, orientación sexual, renta, cultura, nivel educativo, edad y religión, goza de los derechos fundamentales inherentes a las personas humanas, asegurando las oportunidades y facilidades para vivir sin violencia, preservar su salud física y mental y su progreso moral, intelectual y social. Garantiza también que las mujeres tengan las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos a la vida, a la seguridad, la salud, la alimentación, la educación, la cultura, el hogar, el acceso a la justicia, al deporte, el ocio, el trabajo, la ciudadanía, la libertad, la dignidad, el respeto y la convivencia familiar y comunitaria.
Los desafíos a la puesta en marcha de la Ley
Con el reconocimiento del 98% de la población brasileña, la Ley María da Penha trajo a la luz, al cumplirse los diez años, el desafío urgente de dar continuidad a la puesta en marcha de las políticas de enfrentamiento a la violencia contra las mujeres con perspectiva de género, raza y etnia. Muchos avances ocurrieron en estos diez años, pero aún así, en este período millones de mujeres brasileñas vivieron agresiones en el entorno doméstico y familiar, debido a la tolerancia social a la violencia contra las mujeres y la construcción social de ser mujer por medio de relaciones opresivas. Millones de mujeres vieron sus vidas devastadas y muchas de ellas fueron víctimas fatales de los efectos de la intimidación, la persecución y el control machista.
Aún hoy en Brasil, cada cuatro minutos una mujer es víctima de violencia. Cada 12 minutos, una niña o mujer es violada. Por estos números Brasil ocupa el 5º lugar en el ranking de violencia contra la mujer.
De acuerdo al estudio hecho en 2015 por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), la Ley disminuyó casi en un 10% la previsión anterior sobre el aumento de la tasa de homicidios domésticos, desde 2006, cuando entró en vigor. "Esto equivale decir que la Ley María da Penha fue responsable de evitar millones de casos de violencia doméstica en el país", dice el estudio.
Aún queda mucho por hacer para enfrentarnos a la cuestión de la violencia contra las mujeres, por ejemplo: la manutención de la Secretaría de Políticas para las Mujeres en el actual gobierno luego del impeachment de la presidenta Dilma Roussef; la construcción de un Fondo específico a nivel nacional destinado a la manutención de las políticas ya puestas en marcha; invertir en la formación de las y los profesionales que atienden en las Delegaciones Especiales de Atención a las Mujeres (DEANS); equipar y ampliar los Juzgados de Violencia Doméstica; y la continuidad de la ampliación de la red que agrupa gobiernos, legisladores y las organizaciones feministas y de mujeres en su actuación autónoma y vigilante que desarrollan acciones de políticas públicas volcadas a la atención de las mujeres. Hoy, la realidad es que los Estados, incentivados por la crisis financiera, siguen los pasos del gobierno federal, extinguiendo también las secretarías, coordinadoras de políticas públicas para las mujeres.
Los datos del instituto IPEA demuestran qué tan importante es la preservación de políticas ya conquistadas y que es una pérdida muy grande, para las mujeres y para la sociedad brasileña, que el actual gobierno insista en la política de la no inversión en la lucha contra la violencia hacia las mujeres; adoptando y colaborando con ideas machistas, misóginas, con la retirada de la palabra "género" de la currícula de las escuelas , imposibilitando que los/las educadores/as traten este tema en las aulas, siendo que la educación es un actor y aliado importante para la construcción de una educación igualitaria y libertaria, sin machismo, racismo, lesbofobia y/o cualquier tipo de discriminación y preconceptos.
Por mí, Por nosotras y Por las Otras: No a la Violencia Contra las Mujeres.