En 2016, las ciudadanas polacas se encontraron al frente de la lucha internacional por el derecho de todas las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Las manifestaciones se multiplicaron por todo el país en contra de la política del gobierno liberal, conservador, euroescéptico —en el poder desde octubre de 2015. Una situación insólita, dado que Polonia fue uno de los países pioneros respecto a las libertades otorgadas a las mujeres. Antes del año 1993, las mujeres tenían el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en condiciones que no ponían en peligro su salud, ni sus vida. Existía una cláusula denominada “económica” que garantizaba a las mujeres que no quisieran llevar a término su embarazo, la posibilidad de abortar.
En 1993, este derecho fue anulado por la promulgación de una nueva ley que regulaba la cuestión del aborto y que fue presentada como un compromiso entre las voluntades de los conservadores y de los liberales. A partir de entonces, se prohibió el aborto excepto en los tres casos siguientes: embarazo producto de un acto ilegal (violación, incesto, etc), malformación grave del feto y riesgo para la salud o la vida de la mujer.
En abril de 2016, el Instituto Católico Integrista Ordo Iuris presionó al parlamento con el objetivo de incluir en esa ley la prohibición total del aborto en Polonia. Tal iniciativa preveía incluir, además, la muerte fetal en el código penal, lo que significaba que en caso de aborto espontáneo, la mujer y el médico podrían enfrentarse a penas de prisión de entre 3 meses hasta 5 años. Este proyecto contaba con el apoyo de la Iglesia católica y del gobierno, en su mayoría, de extrema derecha.
El anuncio de dicho proyecto provocó la primera ola de manifestaciones en Polonia y a nivel internacional. Inmediatamente, Barbara Nowacka, una figura política y otros militantes de izquierda crearon un comité, denominado Ratujmy Kobiety ("Salvemos a las mujeres"), con el fin de oponerse al proyecto de Ordo Iuris y asimismo presentar un contraproyecto para liberalizar el acceso a la IVE. Este contraproyecto preveía introducir el acceso libre a la IVE hasta la 12a semana de embarazo y la inclusión de educación sexual laica en las escuelas. Una verdadera batalla ideológica fue llevada al seno de la sociedad polaca entre mayo y julio de 2016. Los provida recogían firmas en las iglesias y; los que estaban a favor del derecho a decidir, en las calles. Frecuentemente hubo debates violentos entre los partidarios de uno u otro lado, peronadie permaneció indiferente al tema del aborto. Cada proyecto necesitaba 100 000 firmas para poder presentarse ante el parlamento. En julio, ambos proyectos fueron presentados.
El gobierno esperó hasta el mes de octubre para hacer una primera lectura de los dos proyectos. El del comité Ratujmy Kobiety fue inmediatamente rechazado, contrariamente al proyecto de Ordo Iuris que consiguió ser enviado a la comisión parlamentaria.
Durante el primer fin de semana de octubre de 2016, en Polonia y en el mundo entero, miles de mujeres, vestidas de negro, se movilizaron con una determinación sin precedentes. Por primera vez, las concentraciones no se limitaron a las grandes capitales o la las grandes ciudades. Las mujeres se movilizaron en todos lados, incluso en los pequeños pueblos donde, a menudo, una veintena de mujeres valientes mostró su desacuerdo con las intenciones liberticidas del gobierno. El lunes 3 de octubre, se llevó a cabo la primera huelga general de mujeres del país.
Una de las consecuencias de estas manifestaciones ha sido poner en relieve los derechos reproductivos en el debate público. Asimismo despertaron a una parte de la sociedad, ya que muchas de las mujeres que se manifestaron lo hacían por primer vez en sus vidas. Estas movilizaciones han demostrado el potencial de la sociedad polaca para organizarse sin el apoyo de los partidos políticos y mediante las redes sociales. Han sensibilizado al conjunto de los polacos sobre el tema del aborto que había quedado hasta ahora, a pesar de la ley de 1993, como un tema tabú. Las movilizaciones dieron sus frutos porque el proyecto de ley que prohibía totalmente la IVE fue finalmente rechazado por el Parlamento (Diète). Sin embargo, existen otros proyectos iniciados por organizaciones católicas con el objetivo de restringir más aún el acceso a la IVE.
Por otro lado, aunque el levantamiento de las mujeres consiguió poner freno al gobierno, éste continúa indirectamente una guerra contra sus derechos mediante otros cambios legislativos. Así, el 14 de febrero de 2017, el proyecto que proponía que la pastilla del día siguiente solo sea distribuida bajo prescripción médica fue aprobado por la Diète. Polonia se convirtió así en el único país de la Unión Europea que restringe el acceso a la contracepción de urgencia. Además, al mismo tiempo, el gobierno decidió dejar de ser parte de la Convención de Estambul, orientada a luchar contra la violencia hacia las mujeres, y que había sido firmada por el gobierno anterior. Según el actual gobierno, las mujeres en Polonia ya están bien protegidas de la violencia y no es necesaria ninguna otra legislación al respecto. Esto representa una nueva violación de los derechos de las mujeres.