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Interrupción Voluntaria del Embarazo: un derecho por conquistar

, por DELOFFRE Jacqueline

El primer texto vinculante, relativo a la libre elección de la mujer para disponer de su cuerpo fue la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas es conocida también como la Carta Internacional de derechos y libertades de las mujeres.

Afiche del colectivo La Rage : www.larage.org

Fue necesario esperar hasta el año 1995 para que la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín diera un paso más: "Los derechos fundamentales de las mujeres incluyen el derecho de ser dueñas de su sexualidad, que abarca su salud en materia de sexualidad y de procreación, sin ninguna limitación, discriminación o violencia, así como de tomar libremente y de manera responsable las decisiones en este ámbito". En 2013, las Naciones Unidas abrieron la 57a sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Por primera vez, se les pidió a los Estados no invocar más las costumbres, la tradición o las creencias para eximirse de sus obligaciones en materia de los derechos de las mujeres.

No obstante, las restricciones y las prohibiciones perduran. En América Latina, millones de mujeres y de jóvenes, a merced de prejuicios o de imposiciones religiosas, continúan pagando un pesado tributo, continúan sufriendo la violencia infligida por los profesionales y los sistemas destinados a protegerlas.

Desde hace algún tiempo, se observa una creciente tendencia que da prioridad al feto. Bajo este concepto, el aborto está absolutamente prohibido en siete países — Chile, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam—. En otros países, incluso siendo legal, algunos profesionales de la salud se niegan a practicarlo por motivos ideológicos.

En Uruguay, por ejemplo, donde el aborto fue legalizado en 2012, médicos del servicio público se han declarado "objetores de conciencia". Las mujeres que pueden permitírselo económicamente recurren a clínicas privadas. Las demás, sin tener otra opción recurren a abortos clandestinos practicados en malas condiciones: siendo estos la causa de al menos una muerte materna sobre diez.

En Argentina, el aborto es legal cuando existe riesgo para la vida o la salud de la mujer, o en el caso de embarazo producto de una violación. No obstante, frecuentemente existen casos en los se les niega a las mujeres el acceso a los cuidados de la salud que necesitan. Y aquellas que tienen abortos espontáneos, corren el riesgo de ser denunciadas y llevadas delante de un tribunal. Ese fue el caso de Belén, acusada en 2014 de provocarse un aborto, estuvo en prisión preventiva por más de dos años. Fue condenada en primera instancia a ocho años de prisión, aunque fue liberada el 17 de agosto de 2016, ya que la Corte Suprema de Tucumán estimó que no había motivos suficientes para mantenerla en prisión.

Cómo no mencionar a Paraguay y el caso de Mainumby, una niña de 10 años, embarazada de 21 semanas, producto de una violación, en un país donde la ley autoriza el aborto únicamente cuando la vida de la mujer o de la niña está en riesgo. Ahora bien, su vida estaba en riesgo, así lo habían confirmado los médicos. Se prescribió entonces la interrupción del embarazo, pero no se contó con la presión ejercida por las autoridades religiosas. Mainumby dio a luz por cesárea el 13 de agosto de 2015. Es difícil comprender la extrema crueldad de quienes forzaron a una niña a llevar a término un embarazo, un recuerdo cotidiano de su violación. El trato infligido a Mainumby es claramente una tortura.

En lo que respecta a Brasil, que forma parte de esos países donde la interrupción voluntaria del embarazo se autoriza sólo en casos de violación, de riesgo para la madre, o de anancefalia, una grave malformación por la que el neonato sólo puede sobrevivir escasos minutos luego del nacimiento. En todos los demás casos, el aborto queda totalmente prohibido. Aquellas que infringen la ley pueden ser condenadas a cuatro años de prisión. Ante esta dificultad, las mujeres recurren a una alternativa peligrosa: el aborto clandestino. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, las interrupciones de embarazo no reglamentadas no respetan ninguna norma de higiene, ni de seguridad. La consecuencia: una mujer muere cada 48 horas a causa de estas prácticas clandestinas.

Amnesty International pide a los Estados derogar las leyes en virtud de las cuales las mujeres son, o pudieran ser, condenadas y encarceladas por haber buscado poner fin a un embarazo no deseado. Los Estados deben dejar de recurrir al derecho penal de manera discriminatoria para reglamentar la sexualidad y la procreación e impedir que terceros tomen las decisiones en lugar de las interesadas.