Existe un consenso cada vez más amplio, contundente y universal alrededor de la idea de que el cambio climático es un fenómeno generado por el ser humano en términos amplios y globales. Sin embargo, pocas veces se añade que no nos referimos a “cualquier humano” en la historia, sino al ser humano dentro del sistema capitalista de los últimos 200 años y que ha tenido la capacidad industrial de contaminar en la magnitud que hoy conocemos.
Además, a pesar de esta precisión, nos quedamos cortxs para entender este fenómeno, ya que, nuevamente, no ha sido cualquier ser humano dentro del sistema capitalista, sino una elite contaminante que ha luchado por construir y mantener sus privilegios por encima de todo el resto en este periodo de tiempo. Para esto, un grupo muy pequeño de gente ha esclavizado, segregado, colonizado, extraído, expoliado y devastado al resto del planeta.
Estas elites contaminantes, ubicadas en lo que hoy denominamos el Norte geopolítico global, son las responsables no solamente de direccionar la adicción humana a la quema de combustibles fósiles, sino de monopolizar para ellas la enorme mayoría de los beneficios.
Cambio climático y justicia racial
La Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia de las Naciones Unidas, a fines de octubre de 2022, generó un reporte para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. [1] El mensaje de este reporte es claro: la crisis climática es una crisis de justicia racial. Un mensaje oportuno: se lanzó al inicio de las negociaciones de la 27 Conferencia de las Partes sobre Cambio climático - COP27 en Egipto, y llamaba la atención sobre el racismo sistémico que nos afecta y desde sus primeras líneas admite:
“La justicia climática busca la rendición de cuentas histórica de las naciones y entidades responsables del cambio climático y exige una transformación radical de los sistemas contemporáneos que conforman la relación entre los seres humanos y el resto del planeta. El statu quo es que los sistemas mundiales y nacionales distribuyen el sufrimiento asociado a la crisis ecológica mundial de forma racialmente discriminatoria”.
Y remata diciendo:
“La actual destrucción de nuestro planeta afecta a todos. Pero lo que los expertos también dejan claro es que la raza, la etnia y el origen nacional siguen dando lugar al enriquecimiento injusto de algunos, y a la explotación absoluta, el abuso e incluso la muerte de otros a causa de la discriminación que está en el centro de la injusticia medioambiental y climática.” [2]
La relatora sintetiza una evidencia que se va aclarando en los últimos años, que la lucha por la justicia climática es también una la lucha por la justicia racial.
Ello es importante mencionar debido a que en las últimas décadas el concepto de cambio climático ha emergido en el imaginario popular como un concepto inocuo, inmaculado, alejado de las divisiones sociales y la explotación y en la que pareciera que “toda la humanidad es responsable”. Sin embargo, el cambio climático segrega a las poblaciones en función del racismo histórico de las que ellas han sido víctimas. Las vulnerabiliza en función de la falta de apoyo estatal, oportunidades, acceso a la educación, salud, reducción de recursos y otros beneficios de los que han sido alejadas por el desprecio de las elites racistas de estos mismos países o de las metrópolis capitalistas que las controlan.
Para hacer la cosa aún más complicada, entre el quinto (2014) y el sexto informe (2022) del Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático - IPCC, hoy sabemos que la línea roja que nos impone la resistencia del planeta no solamente se marca en alrededor de los 1.5°c de elevación de la temperatura, sino que, a la velocidad que vamos, el reloj se detiene en el año 2030 como fecha máxima antes de superar el punto de no retorno. Es decir, el punto en que todas las acciones de remediación dejan de tener el efecto deseado y la pérdida de los ecosistemas es inevitable. Una vez superado este punto, las zonas más vulnerables son justamente las colonias o excolonias sin poder, recursos ni acceso a mecanismos de adaptación o resiliencia a los impactos más duros. No solamente de fenómenos extremos, sino los paulatinos como la elevación del nivel del mar, la intrusión marina, la expansión de enfermedades causadas por vectores (Malaria, dengue, Chikungunya, etc.) entre otros. Estas zonas, que en algunos casos abarcan países enteros, se encuentran en la cuerda floja.
Y resulta una evidencia que los cambios en los patrones del clima no se han dado por una explotación de la atmósfera en sí misma, sino que ésta se ha colonizado a partir de una colonización arrasadora de los territorios, el suelo, el agua, los bosques y las especies que se han ido masacrando junto con las comunidades que habitan en ellas. Para así lograr lo que el día de hoy llamamos Desarrollo, al costo de la vida misma.
Víctimas del Desarrollo y distribución racial del sufrimiento
La idea de “racismo climático” o “racismo ambiental” está estrechamente ligada a quienes son los que se benefician del llamado “desarrollo” –lxs habitantes de los países que fueron colonizadores– y quienes resultan ser víctimas del despojo necesario para que esto ocurra –los pueblos indígenas que experimentan una continuidad de despojo territorial, desde la colonización hasta los proyectos de “desarrollo” actuales.
Este desarrollo del bienestar y el acceso a los bienes de consumo que mejoran la calidad de vida suele estar presentes intensamente alrededor de las elites urbanas, en función de su relación con las grandes metrópolis capitalistas globales; y se va reduciendo, distorsionando o hasta desapareciendo mientras las comunidades se encuentren más alejadas de éstas.
Así mismo, los daños y efectos externalizados de la extracción de bienes y riqueza de los territorios, se distribuyen en zonas rurales, frágiles, y en comunidades indígenas racializadas y excluidas, que históricamente enfrentaron el genocidio colonial, el despojo de sus tierras por los colonos, y ahora la degradación de sus territorios y de los ecosistemas que sustentan sus vidas por proyectos de “desarrollo” que solo benefician a lxs descendientes de sus colonizadores y que se transforman en la actualidad en los Estados heredados de la colonización, empresas transnacionales y urbes occidentalizadas.
Ejemplos claros de esto se dan en todo el sur geopolítico global, en sectores de enclave extractivos como la minería, el petróleo, el carbón o el gas, así como también en la producción de alimentos, en la monocultura, y los agro-combustibles, e incluso en la generación de la energía.
En este último sector, el energético, la región de América Latina tiene particularidades específicas, ya que siendo la región con mayores fuentes de energías renovable no convencionales [3] del planeta, está atada por la fortísima influencia de las transnacionales de combustibles fósiles a continuar con su extracción y consumo insostenible de petróleo, gas y carbón.
Solamente en el Perú, con enorme potencial solar, eólico y geotérmico, sus comunidades conviven con más de 3000 pasivos petroleros distribuidos en la cuenca amazónica norte y la costa norte del país, [4] ambas zonas conectadas por el Oleoducto NorPeruano y que en casi 50 años de funcionamiento ha generado cambios negativos profundos en su entorno. Lxs habitantes no pueden pescar porque los ríos y peces tienen residuos de petróleo, no pueden tomar agua porque no tienen acceso al agua potable entubada, y tampoco pueden tomar la de los ríos. No cuentan con recursos económicos ni están vinculadxs a cadenas productivas agrarias que les permitan acceder a recursos económicos que intercambiar, y su salud se ve seriamente perjudicada por el contacto directo e indirecto con derivados del petróleo.
Por cómo se puede entender, estos pasivos ambientales son zonas altamente contaminadas que degradan los ecosistemas y perjudican la vida de las comunidades que las habitan, que al ser pueblos indígenas, han sido histórica, y sistemáticamente postergadas por el Estado, y con cadenas de corrupción arraigadas que generan desconfianza de las instituciones que acuden a estas zonas. En el 2009, alrededor de la masacre del “Baguazo”, el propio presidente de la República peruana de ese entonces, Alan García Pérez los llamó “ciudadanos de segunda categoría”, que están “contra el desarrollo” al impedir la penetración de las empresas en sus territorios y la extracción de sus recursos. Esos daños ambientales son posibles en cuerpos y vidas que han sido designados por la colonialidad como desechables. Eso es el racismo ambiental que ha sido construido desde el colonialismo, y que persiste hoy.
A pesar de que estos pasivos han sido denunciados y registrados por el Estado, se han ido acumulando a lo largo de casi medio siglo y ni uno solo de ellos ha sido remediado. Siendo que el costo de la remediación sería mucho mayor que los ingresos generados por la extracción de dichos combustibles, [5] y en ninguno de los casos las comunidades directamente afectadas han mejorado la calidad y forma de vida luego de la explotación del “oro negro”. Así, se entiende la enorme resistencia a nuevos proyectos y el reclamo del fin de la postergación del Estado que evite las oleadas migratorias y los daños acumulados.
De ahí que no es de extrañar que, desde finales de los años 90 y hasta nuestros días, más del 70 % de los conflictos registrados por la Defensoría del Pueblo son aquellos denominados “socioambientales”; que no son otros que aquellos que ponen en primera línea la resistencia histórica de las comunidades indígenas contra el colonialismo de ayer y la colonialidad de hoy, frente a la amenaza de grandes corporaciones extractivas.
Las prácticas de enclave, de colonización, expoliación de recursos y expropiación de territorios se dan en estas tierras de comunidades indígenas originarias, empobrecidas y alejadas de los centros de poder urbanos o de las grandes capitales, fundamentalmente para la exportación de recursos a las grandes metrópolis del planeta, en los países que fueron anteriormente las metrópolis de los imperios coloniales.
Muchas de las personas que habitan estas áreas terminan siendo sistemáticamente desplazadas, tanto por estos conflictos, la contaminación o la inclemencia de las modificaciones atmosféricas que trae consigo el cambio climático. Las Naciones Unidas estiman que para el año 2050, podrían haber 250 millones de desplazamientos relacionados con el cambio climático. La gran mayoría de estas migraciones serán en continentes empobrecidos y dentro de fronteras nacionales o regionales, siendo la Amazonía una de las más importantes zonas de migración interna del planeta.
Responsabilidad y Justicia
Como lo dice el conocido antropólogo económico Jason Hickel: “El norte global ha colonizado la atmósfera común, ellos se han enriquecido con el resultado, pero con devastadoras consecuencias para el resto del mundo y para toda la vida sobre la tierra”. En un estudio suyo publicado en la revista Lancet añade: “Encontramos que el norte global es responsable del 92 % de todo el exceso global de emisiones, mientras el sur solamente del 8 %”. [6] Esto, a pesar de la enorme masa de emisiones de China e India en las últimas décadas; ellas no varían significativamente el enorme acumulado histórico del norte geopolítico global, o lo que él denomina “el impacto acumulado de la gente blanca”.
Ante estas constataciones, el llamado a reconocer la crisis climática impone en el debate lo que debe implicar la justicia ambiental, los derechos humanos, derechos de los pueblos, el reconocimiento de las pérdidas y los daños a las comunidades racializadas. Un debate sobre el pasado para proyectar el futuro del planeta. Es decir, caminar juntxs hacia una transición ecológica justa, hacia un modelo de sociedad distinto y urgente, más democrático e inclusivo.
Para avanzar, el movimiento climático global debe ser también antirracista e incorporar en su agenda y su plataforma, la lucha contra todas las formas de discriminación que genera el cambio climático y la degradación ambiental. Esto es un reto en sí mismo; sin embargo, algunos elementos que deberán tomarse en cuenta en el futuro inmediato podrían ser:
- La lucha por la creación de instrumentos y mecanismos en el sistema de justicia que equilibren la balanza del racismo climático y reconozcan las formas de segregación, las denuncien y las persigan desde los sistemas de justicia nacional e internacional. Esto tendría que implicar la tipificación y judicialización del racismo ambiental y la externalización de costos ambientales como crímenes punibles.
- Creación de fondos públicos que impulsen cambios sustantivos en las condiciones de vida de la población racializada.
- Subsanar y compensar las pérdidas y daños de la violencia ambiental. Esto debería implicar necesariamente gravar o generar impuestos, multas y sanciones ante el daño ambiental y la contaminación.
- Mitigar de manera acelerada las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en todos los territorios, pero en particular aquellos frágiles y que afectan directamente a comunidades vulnerables, reduciendo, cerrando o evitando la extracción de petróleo y gas, respetando también acuerdos como el Convenio 169 de la OIT, dejando los combustibles fósiles bajo tierra y poniendo en práctica cualquier otro instrumento que mejore la participación de las comunidades directamente afectadas. Además, como medida urgente, se debería establecer una moratoria a la extracción de aquellos lotes ofertados para la próxima extracción.
- Priorizar fondos de adaptación para las contingencias inevitables, así como internalizar los costos de proyectos que dañan o perjudican el ambiente que permitan hacer un balance realista de los costos-beneficios de cualquier proyecto de inversión dentro de un ecosistema. Dichos fondos deberían estar gestionados por el Estado, así como sus organismos competentes deberían velar por la correcta identificación de los costos internalizables que deben ser considerados en cada tipo de proyecto.
Cada país tiene, además, en sus organizaciones sociales y movimientos, una gran cantidad de plataformas, propuestas, prácticas y conocimientos acumulados de alternativas para hacer frente al racismo climático y enfrentar el futuro con todas sus bases. Estas, entre otras medidas, son imprescindibles y urgentes. Ni el planeta ni las comunidades históricamente racializadas tienen más tiempo que perder.