Las tres edades del antirracismo
¿Qué es el antirracismo político? Para entenderlo, es preciso volver a historia del racismo, a partir del regreso de la extrema derecha al escenario político francés, y en respuesta a lo que propuse llamar “las tres edades del antirracismo”. En los años 1980, los primeros éxitos del Front National [1] [partido de extrema derecha racista] actuaron como catalizador de un antirracismo ideológico. Durante esta primera “edad”, se trataba de luchar contra un partido xenófobo y racista en el ámbito de las ideas y de los valores, es decir oponer el universalismo republicano al culturalismo identitario de la extrema derecha renovada.
En los años 1990, la experiencia de una segunda generación de origen migrante poscolonial hizo tomar conciencia de la importancia de las discriminaciones raciales cotidianas: no es necesaria una ideología racista para alimentar el racismo sistémico. Tanto en los medios de comunicación como en la universidad, prácticamente todo el mundo es antirracista, y todo el mundo o casi es blanco. Esta segunda “edad" del antirracismo, que podemos llamarla sociológica, presta mayor atención a los efectos sobre las minorías, y no de las intenciones de los grupos mayoritarios.
En los años 2000, y en particular con la era Sarkozy, [2] se ha tomado mayor conciencia del papel de las instituciones públicas en la producción de estas lógicas estructurales –desde el ministerio de la identidad nacional [3] hasta la “caza” de la población romaní, pasando por las repetidas campañas contra el islam. Sin duda, el Estado reivindica alto y claro su compromiso antirracista; sin embargo, la dimensión racial de las políticas públicas alimentan una racialización de la sociedad. Es en este contexto que se desarrolla un antirracismo político.
Racializadxs y blanquitud
Durante los años del expresidente Mitterrand (1981-1995), después de haber sido tildado de multiculturalismo, el antirracismo respondió al racismo diferencialista en una lógica color-blind (daltónica), es decir ciego a las diferencias. Sin embargo, se estableció una nueva concepción de las víctimas del racismo en las décadas siguientes. Desde luego, se trata siempre de igualdad y de derechos humanos; pero más allá de ser víctima de insultos racistas, de sufrir prácticas discriminatorias o de ser el objeto de políticas de estigmatización, estas experiencias compartidas contribuyen a producir la subjetividad de las personas «racializadas».
Es en este contexto que se debe entender el vocabulario criticado por el ministerio de Educación. Mélusine, militante feminista y antirracista francesa, recuerda en el periódico Liberation [4] su importancia tanto para la reflexión científica como para la movilización político. Es la asignación a un lugar infravalorado en el orden social la que define a la persona racializada: «el calificativo no designa una cualidad del ser, sino una propiedad social. No una identidad social, sino una posición en la sociedad, resultado de un proceso colectivo.»
La racialización que sufren estas minorías raciales atraviesa a toda la sociedad. Por esta razón, también hablamos de blanquitud, que es «menos una cuestión de color de piel que de posición social y económica en un contexto sociohistórico dado». Es el privilegio del dominante. Así, uno se puede volver blanco, como en el caso de la historia de los irlandeses que llegaron a Estados Unidos en el siglo XIX, o dejar de serlo, como los árabes-estadounidenses después del 11 de septiembre de 2001.
Nada que ver con la raza biológica de lxs racistas. La «blanquitud» es un concepto abstracto que tiene el mérito de evitarnos de confundir un sustantivo («lxs blancxs») con una sustancia –de la misma manera que hablar de «racializadxs» nos evita considerar como verdad absoluta un atajo como «lxs negrxs y lxs árabes». Partiendo de este concepto, podemos entender, no que Francia ha sido blanca en el pasado, sino que se está volviendo blanca, por como en ella conciudadanxs racializadxs pueden ser tratadxs más o menos como extranjerxs.
Políticas de racialización y políticas de la raza
Desde hace años, me dedico a estudiar las políticas de racialización. La acción pública produce una racialización que se empeña, por otra parte, en combatir. Esto resulta evidente cuando unx observa, no de las intenciones proclamadas, sino de los resultados constatados. La segregación espacial y escolar es un ejemplo importante de ello. El espíritu de la ley del 2004 sobre signos religiosos [5] es, sin duda, universalista; sin embargo, en sus efectos –todo el mundo lo sabe– apunta al uso del hijab, [6] y por lo tanto a las musulmanas. Estamos ante una lógica de discriminación indirecta: medidas aparentemente neutrales afectan de forma desigual a diferentes grupos. Sin duda podríamos decir que la religión no es una raza. Pero lo mismo ocurre con el judaísmo; ahora bien, el antisemitismo puede referirse indistintamente a la religión o al supuesto origen. ¿Es necesario creer en la existencia de las razas para hablar de racismo? ¿No es mejor pensar «un racismo sin raza»? De hecho, incluso quienes se niegan a hablar de islamofobia no se equivocan: la LICRA, [7] entre otros, habla de «racismo anti-musulmán».
Pero hay más. En mi trabajo de investigación, y también en mi implicación pública, no dudo en hablar de política de la raza, como en el subtítulo del libro Roms & riverains (“Romaníes y vecinos”). ¿Como definir esta política? Lo escribíamos en 2014 en el libro colectivo (p.40): «Es una política que justifica el tratar a seres humanos de manera inhumana sin por ello sentirse menos humano. Si “lxs romaníes” fueran plenamente humanxs, entonces, habría que tratarlxs con humanidad; pero como lxs tratamos de esa manera, y sabiéndolo, es que no lo son completamente.» La idea no es tan nueva, «Montesquieu había desmontado igualmente la loca racionalidad de la esclavitud en el Espíritu de las leyes: "Es imposible que supongamos que estas personas sean hombres, porque, si las consideráramos hombres, empezaríamos a creer que no somos cristianos." La deshumanización de lxs romaníes es, por tanto, la condición necesaria para salvaguardar nuestra humanidad a pesar de lo que les hacemos.»
La diferencia con las políticas de racialización, es que la política de la raza se basa en una discriminación directa. Se nombran explícitamente a lxs romaníes en los discursos en su contra, e incluso en la acción pública. Mediapart [NdT: medio de comunicación en línea de izquierda francés], analizaba la obra bajo este título: «Cómo la cuestión romaní fabrica un racismo de Estado. Si podemos hablar de política de la raza, es porque la acción pública se empeña en producir la “cuestión romaní”.» Expulsar sin cesar a lxs romaníes, es crear las condiciones que permiten después recriminar su falta de integración, incluso acreditar el prejuicio culturalista según el cual serían nómadas, porque viven en ocupas o en chabolas. Impedirles tener acceso al agua, no cumplir con la obligación de recoger la basura, es avivar el racismo de lxs «vecinxs» que protestan contra la falta de higiene de estxs pobres entre lxs pobres.
Podemos incluso medir el impacto en la opinión pública de los discursos políticos en contra de lxs romaníes: el informe anual de la CNCDH [8] publicado en 2015 sobre «la lucha contra el racismo, el antisemitismo y la xenofobia» ha demostrado que «al final de 2014, más del 82% de la población considera lxs romaníes como un “grupo aparte” en la sociedad, o sea un aumento de 16 puntos desde enero de 2011.» (p.252) Vemos aquí el efecto de la persecución a lxs romaníes encabezada por Manuel Valls, en palabras y en acción, desde su nombramiento en el Ministerio del Interior después de la elección de François Hollande. Sin duda, no hay que minimizar el racismo ideológico, ni las discriminaciones sistémicas; pero no es menos cierto que la acción pública, cuando a menudo pretende luchar contra el racismo de abajo, y a veces solo lo refleja, contribuye a alimentarlo mediante un racismo de arriba.
Racismo institucional y racismo de Estado
Queda por discutir sobre un término, el más controvertido sin duda, que justifica la amenaza del ministro en la Asamblea Nacional: «Ya que este sindicato ha decidido hablar de racismo de Estado, he decidido presentar una denuncia por difamación». [9] Según el sociólogo Michel Wieviorka, a quien le pregunta el periódico Liberation si el mencionado ministro «hizo lo correcto» en acudir a la justicia, la respuesta fue clara: «Sí, tiene razón. Si no hubiera dicho nada, significaba que lo dejaba pasar.» ¿Cuál es pues el problema? «Hablar de racismo de Estado quiere decir que el Estado practica y profesa el racismo.¡Es poner a Francia en el mismo plano que a la Sudáfrica del Apartheid!»
Huelga decir que Manuel Valls, entonces Primer Ministro, habló el 20 de enero de 2015 de un «apartheid territorial, social, étnico». En ese entonces, nadie amenazó al jefe de gobierno con una denuncia. Como mucho, en aquel entonces, se encontró su fórmula algo exagerada. Es verdad, y había intentado demostrarlo, [10] que su confesión tenía valor de negación. Declaraba que un apartheid «se impuso en nuestro país», y no que «nuestro país impuso un apartheid». En otras palabras, la situación de hecho designaba el hecho del Estado – pero al igual que La carta robada de Edgar Allan Poe, la palabra solo estaba en la mesa para evadir mejor la mirada a pesar de su propia evidencia.
Según el politólogo Olivier Le Cour Grandmaison, historiador de la República colonial, el racismo de Estado «es perfectamente compatible con un régimen democrático o republicano cuando algunas categorías de cuidadanxs y de extranjerxs racializadxs son víctimas de discriminaciones sistémicas, relacionadas con prácticas dominantes en administraciones e instituciones especializadas, la policía por ejemplo.» Queda bien evidenciado lo que está en juego: sería difícil negar el racismo de Estado en la Francia colonial. ¿Pero hoy, podemos afirmar que la Francia poscolonial se ha librado de esta herencia? Podemos dudar de que en los territorios de ultramar, [11] todxs estén convencidxs de esto. Incluso en la metrópoli, podemos recordar que el manifiesto que eligieron titular «Lxs Indígenas de la República» coincide en 2005 con la ley sobre «el rol positivo de la colonización»… Unos meses antes de declarar un toque de queda de rastro colonial en los «barrios». [12]
Muchxs investigadorxs dirían que no hay que confundir «racismo institucional» con «racismo de Estado», o sea el racismo en el Estado con el racismo del Estado. Es el caso de Michel Wieviorka, cuyos trabajos han contribuido a que se reconozca el racismo institucional a principios de los años 1990: «Existe un racismo de Estado cuando el fenómeno se da a nivel del Estado. Lo que no es lo mismo que si se trata de mecanismos inaceptables que, es cierto, existen en el Estado.» De hecho, según él, «no hay voluntad explícita, ni incluso aceptación de tales lógicas por parte del Estado. Al contrario, la República da todas las señales de una fuerte movilización en contra del racismo.» En fin, el racismo en el Estado existiría a pesar del Estado.
La mayoría de las personas racializadas tendrán dificultades en compartir el optimismo del sociólogo. Y el riesgo es que hoy, ante la experiencia de las víctimas del racismo, se opone el conocimiento de lxs especialistas, es decir una manera de olvidar que dichas víctimas son a veces investigadorxs, y destacar que tenemos tendencia a representar a lxs especialistas como blancxs. El sociólogo y militante Saïd Bouamama lo afirmó durante el Forum Reprenons l’initiative contre les politiques de racialisation (Retomemos la iniciativa frente a las políticas de racialización), que tuvo lugar en Saint-Denis [13] en 2016, sobre «el antirracismo político (convergencias y divergencias)», sosteniendo que todo ocurre como si las palabras de las personas racializadas –desde la islamofobia hasta el racismo de Estado– fueran sistemáticamente tildadas de ilegítimas.
El punto Godwin
Si, en lo que respecta a mí, uso relativamente poco la expresión «racismo de Estado», se debe a que puede causar confusión: inmediatamente se inicia un debate sobre las intenciones de lxs diversxs actores y sobre la ideología reivindicada por el Estado. Me parece entonces más eficiente centrarse en políticas concretas (de racialización o de raza). La distinción me parece incluso más útil ya que se puede denunciar políticas públicas ante la justicia, es decir, usar el Estado contra el Estado. Sin embargo, en mi opinión, hay casos en que se puede legítimamente hablar de racismo de Estado hoy, sin que por tanto se esté borrando las diferencias con la Sudáfrica del Apartheid o la segregación en los Estados Unidos, con el régimen de Vichy o el nazismo, incluso con el colonialismo.
Recordamos la controversia del verano de 2010, por un discurso que dio [el entonces presidente de la República] Nicolas Sarkozy en [la ciudad de] Grenoble, en referencia a la cuestión romaní. Después de hacerse pública una circular del Ministerio del Interior dirigida prioritariamente a los «asentamientos romaníes», la comisaria europea Viviane Reding, a cargo de la justicia, los derechos fundamentales y la ciudadanía declaró ese 14 de septiembre: «Estoy personalmente escandalizada por unas circunstancias que dan la impresión que se está expulsando a personas de un Estado miembro solo porque pertenecen a cierta minoría étnica. Pensaba que Europa ya no sería testigo de este tipo de situaciones después de la Segunda Guerra Mundial.»
El presidente francés enseguida le dio vuelta al escándalo. Al día siguiente, la comisaria tuvo que dar marcha atrás: «De ninguna manera quise establecer un paralelismo entre la Segunda Guerra Mundial y las acciones del gobierno francés.» No obstante, no se trataba de comparar a Nicolas Sarkozy con Adolf Hitler, sino de sacar conclusiones de la historia: apuntar hacia una población con criterio «étnico» es sin duda una política de la raza –sea o no nombrada como tal. La reacción en contra de lo que dijo Viviane Reding, antes que en contra de la política francesa hacia las personas romaníes, da a entender el uso paradójico del famoso punto Godwin que yo había analizado en 2012 en el ensayo introductorio de mi libro Democracia precaria (p. 42-48): «No son solo las invocaciones evidentemente fuera de lugar que le incumbirían al “punto Godwin”; en realidad, cualquier referencia a la Segunda Guerra Mundial, a Vichy, o incluso a los años 1930, es considerada a priori abusiva. Es por eso que se vuelve ilegítimo considerar que Europa tendría que haber sido vacunada contra las derivas del racismo de Estado por su experiencia del nazismo.»
Casuística estatal de la raza
La cuestión se planteó de nuevo por los discursos de Manuel Valls contra las personas romaníes. También recordamos que el entonces Ministro del Interior declaró en el año 2013 que «no querían integrarse a nuestro país por razones culturales o porque pertenecen a redes que practican la mendicidad y la prostitución», añadiendo que «tienen modos de vida extremadamente diferentes a los nuestros y que son evidentemente opuestos (...) Todos sabemos que estos campamentos provocan en sus alrededores mendicidad, robos, y por lo tanto, delincuencia.» Y concluyó: «El destino de los romaníes es volver a Rumanía o a Bulgaria».
Esta declaración le costó dos denuncias. La primera por parte del Movimiento contra el racismo y por la amistad entre los pueblos (MRAP) ante la Corte de Justicia de la República, reservada a políticos, quien la archivó a finales de 2013. Manuel Valls habría «esencialmente dicho que las instituciones públicas intentaban aplicar una política que permitiera llegar a soluciones aceptables y viables, respetando a estas poblaciones y a su modo de vida». Una segunda denuncia, por parte de la Voix des Rroms (La Voz de lxs romaníes) [14] ante el Tribunal de Gran Instancia, intenta dar la vuelta al obstáculo: «La República francesa no reconoce la noción de raza», por lo tanto Manuel Valls «no podría estar en el ejercicio de sus funciones cuando aboga por un tratamiento diferenciado de las personas según su origen». A finales de 2014, el tribunal se declaró incompetente, y la apelación fue rechazada el 8 de octubre de 2015. A diferencia de Brice Hortefeux [NdT político de derecha] que bromeaba durante una reunión política («cuando solo hay uno, está bien...»), el ministro socialista se expresaba entonces como tal. Es decir, si las palabras de Manual Valls no son condenadas, es porque expresan la política de Francia. No hay duda de que la justicia no se pronunció sobre el fondo del asunto: ¿es esta política hacia los romaníes racista? Pero es el Estado mismo quien se responde. El 15 de mayo de 2015, el Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación racial (CERD) expresó su preocupación por la «creciente estigmatización que sufre la población romaní por el discurso de odio racial, incluso por parte de representantes políticos», y también por su «exclusión masiva». Francia contestó entonces, que no solo «la justicia condena las palabras discriminatorias en su contra», sino también que «la acción del gobierno no se dirige a poblaciones particulares, sino a los campamentos como tales». La respuesta contradice la defensa del ministro, pero es para defender Francia, ya que su política podría legítimamente ser calificada como racista.
Existe por lo menos otro ejemplo, más explícito aún, donde la expresión «racismo de Estado» parece apropiada. Se trata de los controles policiales en base a los rasgos del individuo (“contrôle au faciès”), una realidad innegable en Francia –y comprobada desde la investigación sociológica de la Open Society del CNRS a finales de los 2000 hasta la del Defensor de los Derechos sobre las relaciones entre la policía y la población, publicada a principio del año 2017. Sabemos que el Estado no hace nada para combatir este fenómeno: la promesa de comprobantes para los controles de identidad ha quedado en nada; y ninguna normativa estatal se ha implementado para recordarles a las fuerzas del orden la prohibición de los controles en base a los rasgos del individuo. Esto no es casualidad. Cuando la justicia emite una sentencia en contra el Estado por “falta grave” en 2015, éste apela. Y su defensa merece la pena ser mencionada: el Estado aboga que no es necesario respetar la regla de no discriminación en los controles de identidad. Como reveló el periódico en línea Mediapart, al no poder negar los hechos, se entregó un informe a la justicia justificándolos. «La circunstancia que, en un algún momento de la jornada, los oficiales de policía solo hubieran controlado a personas de apariencia extranjera no demuestra, sin embargo, que dicho control no se haya realizado en condición respetuosa hacia las libertades individuales y al principio de igualdad. Efectivamente, los policías estaban encargados de investigar, en particular, la legislación sobre los extranjeros.»
El Estado justifica dichos controles en base a la idea de que negrxs y árabes tienen «apariencia extranjera», lo que implica que Francia tendría apariencia blanca… En otras palabras, no se trata solo de racismo institucional, es decir permeabilidad de la policía al racismo de la sociedad; se trata fehacientemente de racismo de Estado. ¿Cómo decirles a las personas racializadas que sufren estas violencias una y otra vez por parte de agentes del Estado que solo se trata de racismo institucional, y que no pueden denunciar un racismo de Estado, cuando el Estado, no solamente lo permite, sino que lo reivindica abiertamente?
Sin duda, en el 2016, el mismo poder judicial confirmó en apelación la condena al Estado: por lo tanto, no habla a una sola voz. Es por eso que podemos, como el sociólogo Abdellali Hajjat, [15] discutir los límites de la expresión «racismo de Estado»: ¿hasta qué punto se aplica hoy a la situación de Francia? Pero dificilmente se puede prohibir su uso –más aún, en el marco de un curso sindical sobre antirracismo. Lo hemos visto, el frente republicano (contra el Front National [de extrema derecha]) ha muerto. Viva el frente republicano (contra el antirracismo político), grita la representación nacional a una sola voz. En un país que nunca prohibió el Front National, ¿va a prohibir el gobierno, con el apoyo de toda la clase política, el vocabulario que permite nombrar las políticas de la raza en Francia?
Más aún, si el Estado logra censurar el vocabulario político, podemos suponer que la investigación sociológica también se vería afectada. ¿Nunca más? El sentido de la expresión cambiaría: solo en pasado se podría hablar de racismo de Estado. Por lo tanto, es difícil comprender que, al igual que hay diputadxs, haya universitarixs e incluso sociólogxs que aplauden al ministro. Ya nos sorprendíamos de la escasez de protesta contra la censura que se extiende en el mundo académico. ¿Tendremos que acostumbrarnos a que nuestrxs colegas se conviertan en sus defensorxs? Todo ocurre como si, tal vez bajo el pretexto de estado de urgencia, nos estuviéramos acomodando hoy en Francia a las renuncias democráticas las más graves. Extraña derrota...
Este texto es una versión ligeramente resumida del artículo publicado en el N°8 de la revista Les Utopiques (verano del 2018), editada por la Unión Sindical Solidaires. La versión original está disponible en línea, en francés: https://www.lesutopiques.org/racisme-detat-politiques-lantiracismo/