Fortalecimiento de las capacidades de Grupos de Defensoras Ambientales en el acceso y gobernanza de los recursos naturales

Mujeres Rurales y el Gran Chaco Americano

, por Fundación Plurales

Este artículo es una introducción sobre sobre el contexto general de las mujeres rurales en la eco-región del Gran Chaco Americano. Busca dar cuenta de la importancia de abordar el análisis en términos regionales y los principales problemas que afectan a las mujeres en términos de recursos naturales, principalmente acceso al agua y tierra.

La Región del Gran Chaco y el actual modelo de Desarrollo

Mapa del Chaco Americano. Extraído de : Atlas de Vulnerabilidad e Impacto del Cambio Climático en el Gran Chaco Americano Instituto Desarrollo. Instituto Desarrollo - Regatta. 2014

El Chaco Americano es una región que abarca territorio de Argentina, Bolivia y Paraguay. El Chaco argentino supone 600.000 km2, e involucra a 10 provincias, ya sea total o parcialmente. En Bolivia, el ecosistema chaqueño cubre un área de 127.755 km2, en lo político y administrativo se extiende en tres departamentos: Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija. Comprende a su vez 5 provincias y 16 municipios. En Paraguay posee una extensión de 246.925 km2, comprendiendo a su vez a 3 departamentos.

El actual modelo de desarrollo aplicado en estos 3 países, privilegia la industria extractivista, la expansión agropecuaria y el desarrollo de la minería sin tomar en cuenta los efectos negativos que trae aparejado sobre los bienes naturales y los territorios donde se asientan comunidades campesinas e indígenas. Dicho modelo trae serias dificultades a estas comunidades para vivir y desarrollar sus actividades productivas, intensificando las dificultades en el acceso a bienes comunes como el agua y la tierra. La tala indiscriminada, la falta de agua y/o contaminación de las mismas, los desalojos de las tierras que poseen ancestralmente, son solo algunos de las principales problemáticas que enfrentan estas comunidades día a día.

Al caracterizarse esta región por su extraordinaria riqueza en cuanto a recursos naturales y biodiversidad (grandes reservas de agua, energía y extensas tierras), lleva a una disputa constante entre los intereses del modelo económico extractivista y la lucha de los pueblos por el uso consciente y respetuoso de los recursos naturales, la protección y conservación para la reproducción y el sostenimiento de la vida.

Además, en muchos casos, el uso indiscriminado de los recursos naturales de la región se ve avalado por políticas de gobierno que favorecen la explotación extractivista, el avance del mercado inmobiliario y la acumulación de capital. Modelos de gobierno que avasallan los territorios indígenas, desconociendo a los habitantes ancestrales y sus derechos; desplazan y oprimen a les pequeñes productores campesines e indígenas, a través de la imposición de políticas agropecuarias que priorizan el agro-negocio, el uso de transgénicos y agroquímicos, poniendo en riesgo la preservación de las semillas nativas y de las formas tradicionales de producción.

Claro ejemplo de esto es la ley minera de Bolivia que desde el año 2014: además de aumentar el territorio de extracción, autoriza el avance sobre zonas de bosques y Amazonía que previamente estaban resguardadas de dicha actividad. Autoriza también a las empresas a usar colindante a las explotaciones, incluyendo, por ejemplo, el uso de los recursos hídricos cercanos [1].

Mujeres campesinas e indígenas en el Chaco

Mujeres Rurales de Argentina - 2017. Ph : Nicolás F. Avellaneda - Fundación Plurales

Las mujeres campesinas e indígenas sufren de manera directa las consecuencias de este uso desmedido de los bienes naturales, los cuales ponen en riesgo la calidad del agua, del aire y de los suelos, de donde las comunidades extraen los elementos para subsistir. Esta situación afecta de forma directa la vida diaria de las comunidades campesinas e indígenas y a los sectores sociales más vulnerados, especialmente mujeres y niñes.

En este contexto, las situaciones de mayor urgencia para las mujeres tienen que ver con el acceso al agua y la defensa de las tierras frente al avance de las industrias extractivas. El agua y la tierra son factores decisivos para garantizar la vida de las poblaciones rurales e indígenas, que basan su subsistencia en el trabajo agrícola, la caza y pesca.

En la región, son muchas las comunidades que no cuentan con acceso al agua. En algunos casos es producto de la falta del recurso hídrico, por la propia inequidad en la distribución del agua en la región, aumento de las sequías y altas temperaturas que acentúan la evaporación del agua, lo que conduce a la imposibilidad de recargar las napas subterráneas.

En otros casos, existen fuentes de agua a disposición, pero estas están contaminadas (ya sea por arsénico, flúor, y/u otras sales) que imposibilitan su uso para el consumo humano, y muchas veces hasta para el uso en animales y de riego por las altas concentraciones de minerales. Estos son hechos naturales, acentuados por las variaciones climáticas. Pero cabe destacar que también se encuentran muchos casos donde la problemática de acceso al agua se asocia a las industrias extractivas (como la minería, hidrocarburos, agroindustria, y otras) que contaminan las fuentes de agua volviendolas inutilizables, o se apropian del recurso hídrico en desmedro de las comunidades.

El no contar con el acceso al recurso hídrico en estas comunidades, implica que miembros de la comunidad deban caminar varias horas al día para conseguir agua proveniente de fuentes no seguras o ya contaminadas, para luego utilizar para consumo familiar. Esta tarea recae en manos de las mujeres de la comunidad quienes dedican hasta 6 horas diarias al acarreo de agua.

La otra gran urgencia para las comunidades, es la de frenar diferentes procesos extractivos y degradantes de su hábitat y de sus recursos de subsistencia. Reivindican la preservación de los bienes naturales, y la soberanía alimentaria, como base para desplegar sus estrategias de supervivencia.

En relación a la problemática de la tierra, estas comunidades son altamente vulnerables por dos motivos principales. El primero es que los territorios de la región del chaco han sido históricamente relegados por los gobiernos nacionales. En general, sus tierras no eran consideradas de buena calidad agroproductiva, lo que les restaba valor. Con la expansión de la frontera agropecuaria, producto de los transgénicos y agrotóxicos, estas tierras se vuelven de gran valor para el mercado y aumentan los conflictos locales en relación al uso y distribución del recurso.

A esta situación se le suma un segundo componente: la mayoría de las comunidades indígenas y campesinas que habitan la región no tienen titularidad de las tierras. Son poseedores con ánimo de dueño, habitantes de más de cinco generaciones de las tierras en las cuales se asientan, pero no tienen títulos de propiedad y no cuentan con recursos para poder sanear su situación legal.

Ambas situaciones, sumadas a otras que complejizan el entramado, ponen a la orden del día los conflictos por desalojos y enfrentamientos por la posesión de la tierra.

Para ejemplificar: en Argentina, a partir del relevamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y pesca, se pueden observar 857 casos de problemas de tierra, que afectan a unas 63.843 familias y representan 9.293.234 hectáreas. En relación a la situación jurídica de estas familias, el 87,4% es poseedor de las tierras y no cuenta con titularidad.

La vulnerabilidad de las mujeres frente a este contexto es mayor por múltiples factores, siendo el más preocupante el hecho de que en muchos casos los hombres de las comunidades (sus maridos, hijos, padres) trabajan para las industrias extractivas que se instalan en los territorios y, por miedo a perder su fuente de trabajo, no asumen la lucha por la defensa del territorio, siendo las mujeres quienes enfrentan esta carga. Esta es una estrategia utilizada en toda la zona para lograr control social, basada en la supuesta generación de oportunidades para las familias locales ante la instalación de empresas extractivas.

Para enfrentar estas problemáticas, estas comunidades -y en especial las mujeres- se encuentran en una posición desigual en cuanto a posibilidades de acceso a la justicia. Entre las trabas que encuentran podemos destacar la falta de recursos para solventar los honorarios de abogados que tomen sus casos, tribunales y secretarías alejadas de sus asentamientos, discriminación y posiciones machistas frente a sus reclamos, entre otras. Como parte de sus estrategias han tenido que vincularse con actores estatales responsables de estas temáticas, como también con el poder legislativo para promover leyes que protejan los recursos naturales propiciando la participación activa de las comunidades.

Estas mujeres, por todo lo antes descrito se configuran en “Defensoras Ambientales” [2]: mujeres que ejercen sus derechos humanos (como la libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de participar en la toma de decisiones) con el fin de proteger el medio ambiente. También son “defensoras de los derechos humanos” que ponen el cuerpo para resistir por los territorios y sus bienes naturales.

Las defensoras ambientales sufren a diario amenazas e intimidaciones directamente ligadas a su trabajo para garantizar el acceso y gobernanza de bienes naturales, principalmente en relación a la resiliencia climática, la seguridad alimentaria, el aprovisionamiento de agua y el acceso a la tierra.

Conscientes de los obstáculos que deben enfrentar para acceder a sus derechos -y por ende garantizar su subsistencia- y participando en la toma de decisiones conducentes a un desarrollo sustentable, las mujeres manifiestan y actualizan su compromiso de consolidar alianzas que conduzcan a su empoderamiento articulando sus propios saberes, identidades, intereses y necesidades, aumentando su visibilidad y capacidad de incidencia en las políticas públicas socio-ambientales de la región.

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