Contexto
En las últimas décadas el modelo extractivista se ha profundizado en América Latina dando lugar a una mayor expulsión de comunidades campesinas e indígenas de sus tierras, siendo las mujeres quienes sufren las mayores consecuencias de esta situación pues deben afrontar de una forma desproporcionada las cargas del sostenimiento familiar. Por este motivo, se presentan numerosos conflictos por la defensa de la tierra y el territorio que tienen como principales protagonistas a las mujeres campesinas e indígenas.
En Argentina cada año se acentúan los conflictos sociales vinculados a: desalojos por avance de la frontera agropecuaria, contaminación de agua por agroquímicos y por acciones de la megamineria y desmontes. Ante esta situación, los gobiernos - tanto nacional como provinciales - no dan respuesta a las demandas de los perjudicados por estas actividades sino que, al contrario, no sólo incumplen la legislación actual sino que también la han modificado en su detrimento, agudizando aún más la situación descripta.
Un ejemplo de ello se vislumbra en el ámbito legal: Argentina posee la Ley 26.737 (“Ley de Extranjerización de Tierras”) promulgada en 2011, que establece que las tierras rurales en manos extranjeras no pueden superar el 15% del total. Sin embargo, en el año 2016, el gobierno nacional a través de decretos pertende flexibilizar la venta de campos y grandes extensiones para dinamizar la inversión extranjera productiva [1].
Sobre 596 grandes transacciones de tierras cargadas en Land Matrix para América Latina y el Caribe [2] se observa que la principal intención de las transacciones de tierras ya concluidas, es la agricultura. Un 48% de la superficie se destina a cultivos de soja, maíz y caña de azúcar.
En relación a los pueblos indígenas argentinos y la problemática de la tierra podemos decir que el estado nacional no cumple plenamente con el Art. 75 de la Constitución Nacional y las provincias dictan leyes que tampoco ayudan al cumplimiento o demoran su aplicación [3]. En su informe “Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina” la ONG OXFAM da cuenta que en Argentina, el 1% de la población concentra el 36% de la tierra. Esta situación agudiza los conflictos ya existentes y trae nuevas dificultades a campesinas e indígenas para el acceso a la tierra: les agricultores familiares deben ejercer presión y desarrollar luchas en defensa de sus derechos.
Un ejemplo de ello es la lucha por la prórroga del artículo 9 de la ley provincial 7658 de Salta, que frena los desalojos de familias campesinas. Dicho artículo refiere a la suspensión por dos años, a partir del 31 de diciembre de 2017, de las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios. La iniciativa legislativa busca prorrogar por un nuevo período de dos años los desalojos de las tierras poseídas por dichas familias.
Defensoras Ambientales: Criminalización y Estrategias de Resistencia
En relación al conflicto mencionado anteriormente quienes estuvieron al frente de numerosas luchas fueron los miembros de la organización “Unión y Progreso”, perteneciente a la Coordinadora Zonal de Tierras de la Ruta 81 de Salta y, particularmente, la presidenta de dicha organización: Lucia Ruiz. Fue ella quien, junto a compañeras de distintas organizaciones, frenaron en el año 2012 un desmonte en defensa del ambiente y el derecho a la tierra de varias familias campesinas, parándose frente a las máquinas y expulsando a los trabajadores del terrateniente Vidizzoni con quien desde el año 2009 están en conflicto.
A partir de ese momento comenzó la persecución de Lucia Ruiz, quien, al año 2019, continúa procesada. Sin embargo, a pesar de la causa en su contra, no sólo no se esconde sino que sigue luchando por les campesines de la zona (luchó por la prórroga del artículo 9 de la ley 7658 para frenar el desalojo de familias campesinas de gran parte del territorio del departamento Rivadavia).
Maria Tolaba, compañera de la organización “Mujeres mejorando el Chaco”, miembro de la Ruta 81, dice: “Luchamos por nuestros derechos resistiendo las distintas medidas judiciales como desalojos, resistimos organizando guardias en las casas y acompañando a las distintas familias que se encontraban más complicadas. Es así que en una asamblea con técnicos y abogados que hoy siguen acompañando a las organizaciones entendimos que debíamos visualizar nuestra situación y conseguir algún amparo legal como es la prórroga del artículo 9 de la ley 7658 que frena los desalojos y cualquier causa o juicio iniciado en relación y perjuicio de las familias poseedoras”.
La principal estrategia en defensa de la tierra fue siempre la visibilización de estas luchas a través de movilizaciones a la capital provincial, permaneciendo junto a las referentes de las organizaciones, convocando a les campesines a formar barreras para evitar los desalojos o la represión ante el avance de las fuerzas de seguridad.
Maria Tolaba, afirma que: “Como estrategia de comunicación nos incorporamos a la red de radios rurales y mantenemos constante asesoramiento de la mesa de comunicación de Salta y Jujuy, porque tenemos la radio campesina en el predio de las organizaciones que es la herramienta de difusión más importante para unificar luchas y mantener informada a las familias del campo que solo tienen la radio para conectarse a los sucesos nacionales, provinciales y municipales, además de ser nuestro medio de convocatoria para las asambleas y en casos de urgencia para concurrir a apoyar a alguna compañera o compañero en situación de riesgo”.
“Se convoca a las organizaciones por la radio y se organiza ir al lugar para acompañar e impedir el desalojo, se para las máquinas o se hace corte de camino para que no lleguen a la casa o campo de quien es objeto de posible desalojo. Además de hacer presencia y rotar en el lugar para que siempre esté acompañada la familia mientras se hacen las denuncias y trámite a legales con abogados y se hace mucha difusión mediática. Se busca ayudar de la mejor manera dando contención a la familia. Y buscando los recursos para ayudar a la compañera o compañero. Se brinda seguridad a quien es amenazada, lo hacen desde la mismas organizaciones, es decir somos las mismos compañeras las que hacemos de seguridad”.
“Nosotras siempre estamos buscando recursos de algún proyecto, para poder cubrir gastos de abogados y recursos para poder sostener el lucha el tiempo que sea necesario. Hay abogados que lo hacen desde la militancia, pero siempre se necesita recursos para movilidad, gestionar, dar visibilidad a la problemática. Otro problema es que si bien tenemos abogados que nos asesoran pero no pueden litigar, ejemplo es el caso de Lucia Ruiz, que tiene la causa en el juzgado de Tartagal y los abogados que nos ayudan son de Salta y no pueden litigar por tema de jurisdicción”.
Las luchas por la prórroga de esta ley (cuyo artículo 9 impedía el desalojo de las familias campesinas de sus tierras) tuvo varias instancias que llevaron adelante las organizaciones campesinas, fundamentalmente las mujeres de esas organizaciones. Desde grandes movilizaciones del campo a la capital de la provincia de Salta, acampes frente a la legislatura provincial, hasta buscar el apoyo de legisladores, difundir por los medios de comunicación esta situación, hablar con funcionarios públicos y hacer charlas debate en universidades y foros campesinos. Esta resistencia fue una estrategia de lucha por la tierra en sí misma.
Estas acciones tuvieron lugar durante todo el año 2017 ya que en diciembre de ese año vencía la anterior prórroga de la ley. Fue mediante las acciones emprendidas que el 1 de diciembre la Cámara de Senadores aprueba la ley que evita el desalojo de las familias campesinas por un año.
Maria destaca también el rol de las mujeres en estos contextos de resistencias: “Desde el 2011 que se funda la Coordinadora Zonal de Tierra de la Ruta 81 sólo existían 2 mujeres en la mesa en las reuniones, una era Lucía y la otra yo, actualmente de las 10 organizaciones campesinas 7 son dirigidas por mujeres es decir que son mujeres las presidentas de cada organización, de ser minoría pasamos la cara representativa de la lucha campesina por la tierra el agua y el medio ambiente tiene rostro de mujer!”
La lucha de Lucia Ruiz, Defensora Ambiental
Lucía es productora, se encarga de las cabras, vacas y chanchos. Enfrentarse a los terratenientes, a la policía, sacar las topadoras del monte, quedar detenida, sufrir amenazas, perder compañeres, no eran parte de su cotidiano hasta que se convirtió en una de las primeras dirigentes de la comunidad y decidió apoyar a sus compañeres en la lucha por sus tierras y el monte.
Cuenta que la lucha por el territorio comienza en el 2009, año en que se crea la organización “Unión y Progreso”. Hasta ese momento, si bien había irregularidades en las titulaciones de la tierra y algunas disputas por diferentes terrenos, nunca había sido tan conflictiva la lucha por las tierras y los problemas de desalojos en su zona. Sin embargo, los problemas empezaron no por la titularidad de las tierras, sino por la pérdida del monte debido a la contaminación producto de las petroleras que se instalaron en la zona, como por los desmontes ocasionados por la expansión de la frontera agropecuaria.
Para poder defenderse, en su organización se fueron dando estrategias de seguridad interna como por ejemplo, modificar el estatuto en función de las problemáticas que enfrentan. Es así que se incorpora el tema cuidado del medio ambiente por las acciones de las máquinas petroleras. Otra cuestión importante fue la capacitación de la organización en temas jurídicos vinculados a tierra y territorio, las instancias legales, juicios, etc. Comprendieron que tenían que capacitarse tanto en lo civil como en lo penal. Debido a que cuando se está en las organizaciones están más expuestas a que desde las empresas y el gobierno las tengan en la mira y criminalicen.
En una entrevista con Lucía, se le pregunta por qué encaró esta lucha campesina. A lo que Lucía responde “En realidad no se explicarlo bien pero ocurre que en el campo nunca pensamos que íbamos a tener estos problemas, nunca pensamos que necesitaríamos un título porque siempre nos sentimos dueños de nuestras tierras, mis padres, mis abuelos y mis antepasados vivieron en estas tierras, y yo siento eso, que no necesito un título para demostrar que soy dueña … Para mi ser campesina es lo mejor, conozco todo y creo que no hay otra manera mejor de vivir que ser campesina, vivir de la naturaleza, de los animales, es sacrificado pero se busca la forma… Lo que sí es difícil, es pensar en los hijos cuando uno va a las luchas por las tierras, por ejemplo nosotros hemos tenido una batalla casi campal en medio del monte con policías, con topadoras, con titulares registrales y a punto de perder la vida o quedar presas. No lo pensé mucho, no pensé en los hijos, solo en esas personas que se pueden quedar sin las tierras o que les matan los animales para que abandonemos el territorio, o si el campesino tiene un pozo de agua se lo llenan de piedras, queman cercos completos, los potreros y titulares y hay que ir y apagarlos. Muchas veces también somos tentadas por los propios titulares, o amenazadas “o estás con ellos o vas presa” y eso lo hablo con mis hijos, y yo les digo que esto es para que ellos el dia de mañana puedan levantar sus cabezas y digan, mi mama hizo tal cosa, mi mamá luchó por nuestras tierras...”
Bibliografía:
- Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina. Oxfam 2016, Contenido en http://209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_1485.pdf
- Grandes Transacciones de Tierra en América Latina. Sus efectos Sociales y Ambientales. Simón Martín comp. Land Matrix. 2019 Argentina.
- Ley provincial 7658 de la Provincia de Salta.
- Ley 26.737 de la Nación Argentina.
- Entrevista a Lucia Ruiz, en el marco de la Ruta de Aprendizaje Mujeres, Agua y Derechos Humanos. Octubre 2018. Santiago del Estero. Material de Fundación Plurales.
- Entrevista a María Tolaba, en el marco de la Ruta de Aprendizaje Mujeres, Agua y Derechos Humanos. Octubre 2018. Santiago del Estero. Material de Fundación Plurales.