Contexto
Bolivia es un país que se encuentra en el centro de América del Sur, limitando con 5 países: al Este con Brasil, al Sur con Paraguay y Argentina, al Suroeste con Chile y al Oeste con Perú. Tiene la particularidad de ser unos de los países con mayor biodiversidad del mundo ya que en su territorio encontramos entre el 35% y 45% de la biodiversidad del planeta. Esta gran biodiversidad es un patrimonio tanto natural como cultural ya que la cosmovisión de las comunidades indígenas y campesinas, su cultura, saberes y creencias, están fuertemente ligados al entorno natural que los rodea.
Con la presidencia de Evo Morales, este país se proclamó plurinacional, indigenista y de buen vivir bajo un concepto de progreso que incluya a todas las etnias que habitan el territorio como así también el cuidado del medioambiente. Sin embargo, en los hechos, se han implementado políticas antagónicas a tales proclamaciones. La ampliación del territorio para distintas actividades extractivistas es una de las políticas que pone en riesgo el patrimonio natural y cultural, se vulneran los derechos ambientales, sociales y también los económicos. Además, todas estas actividades son sólo la exportación de materia prima sin valor agregado, convergiendo la dependencia del país a los precios y movimientos del mercado internacional.
Reservas Naturales y Extractivismo
Las áreas naturales en Bolivia se consideran reservas y fueron históricamente resguardadas y protegidas por leyes que, entre otras cosas, prohibían las actividades extractivas en ellas. Sin embargo, muchas de ellas cuentan con reservas de minerales e hidrocarburos en el subsuelo y/o poseen tierras muy fértiles para la actividad agrícola, más allá de la gran diversidad de flora y fauna que poseen. Por este motivo, el Estado establece estrategias económicas y políticas que fomentan la mercantilización de materia prima a través de un modelo extractivista ya sea por empresas nacionales o privadas independientemente del área de reserva natural.
De las actividades extractivas, en Bolivia se desarrolla la agroexportación y la ganadería con un aumento de 2,16 millones de Ha para siembra a 3,35 millones de Ha desde el 2001 al 2013 y donde el 67% corresponde a grandes productores extranjeros. La expansión de la frontera agrícola y la deforestación - que según Jiménez (2015) oscila entre 300.000 a 350.000 Ha anuales - se justificó a través de la promesa de garantizar así la seguridad alimentaria, mientras que en los hechos esto está bastante alejado de la realidad. La agricultura que se desarrolla mayormente es del tipo comercial para exportación, con uso intensivo de capitales y tecnologías, favoreciendo el crecimiento de cultivos de oleaginosas como soja, sorgo y girasol, introduciendo cultivos transgénico (contrario a lo que especifica el art 255 de la Constitución Política del Estado de Bolivia) [1] y quedando la mayoría de lo producido en manos cinco grandes empresas (ipdrs,sf).
La minería es otra actividad extractiva que se desarrolla en Bolivia, ya que cuenta con reservas de zinc, plomo y plata, entre otras. Desde el gobierno de Evo Morales (2007-2019) se vivió un proceso de aumento de exploración y exportación, articulado con políticas de Estado que promulgan dicha actividad (Jiménez, 2015).
En el año 2014, se aprueba una ley minera que modifica las reglas de uso de las tierras en las reservas naturales. Si antes no se autorizaba actividad minera en las zonas de bosque y la amazonia, con esta reforma legal, las empresas pueden hacer uso no solo de la superifice de explotación, sino también de la colindante a ella (como por ejemplo el uso de los recursos hídricos cercanos). Asimismo, “la ley criminaliza la protesta ciudadana y establece mecanismos de amparo inmediato a los actores mineros que ante cualquier acción de la sociedad que les genere un ambiente inconveniente reciben el resguardo inmediato del Estado con el uso de la fuerza pública” (Jiménez, p.13, 2015).
Una vez más los derechos de las comunidades indígenas y les campesines que habitan el territorio son atropellades y vulnerades por las propias políticas de Estado. Vale hacer mención que “La Consulta” [2] como método para consensuar y acordar actividades en el territorio con quienes lo habitan, hoy en día es solo un trámite con poca injerencia en las decisiones finales.
La última actividad de carácter extractivista, y no menos importante, que se desarrolla en Bolivia es la explotación de hidrocarburos. Esta actividad es una de las más cuestionadas en la actualidad debido a las últimas medidas que ha tomado el gobierno a favor de dicha explotación. Si bien desde el 2006, con la presidencia de Evo Morales y a través de la Ley de Hidrocarburos, el gobierno le retiene a las empresas extractivistas casi el 50% de las ganancias, en compensación permitió aumentar los volúmenes de extracción y exportación necesitando para ello la expansión de las zonas explotables. De esta manera, el país pasó de 2,5 millones de hectáreas explotadas para petróleo e hidrocarburos en el 2006 a más de 29 millones de hectáreas hasta el 2017 (Kaosenlared, 2018) perjudicando 11 de las 22 áreas naturales reservadas del país como así también ocupando territorios de indígenas de Amazonía y Oriente como del Altiplano (Jiménez, 2015).
Cabe aclarar que las reservas de hidrocarburos en Bolivia son mayormente de gas shale [3] y para su extracción se utiliza el método intensivo de extracción fracking [4], muy cuestionado por todas sus consecuencias negativas: las generación de zonas de sacrificio [5], la probabilidad de contaminación de napas de agua, el abandono de perforaciones una vez agotado el combustible, eliminación de metano (gas del efecto invernadero), etc.
Organizacion de las comunidades frente a los impactos de las industrias extractivas
Frente a esta realidad, en diciembre del 2018 se crea la “Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarias Campesinas y Áreas Protegidas” (CONTIOCAP) a partir de la articulación de más de 100 organizaciones y comunidades para conocer las realidades de sus territorios amenazados. Es una coordinadora que se crea en resistencia al extractivismo imperante en el país, para actuar frente a las acciones del gobierno que las deja a expensas de todo tipo de atropellos por intereses de los poderes económicos.
Entre algunas de las consecuencias que enfrentan las comunidades luego del asentamiento de empresas extractivistas se destacan: el impacto en los pozos que baja el caudal de agua y contamina dicho recurso; la huida de animales debido a las explosiones para perforación en búsqueda de reserva de gas; La aparición de películas oleosas en la superficie del agua de los ríos, provocando la muerte de numerosas especies de peces, lo que imposibilita a su vez la pesca en la zona. Por otro lado, las empresas acaparan el control de suministro de agua, cerrando en muchos casos el paso de las cañerías y dejando a familias sin acceso a dicho recurso.
Además, luego de una exploración, si la empresa no encuentra gas se retira del territorio sin un correcto procedimiento de abandono de pozos de actividad hidrocarburífera, dejando los pasivos ambientales en el lugar.
Paradójicamente, en muchos lugares donde se explota gas les habitantes no acceden al mismo y utilizan como combustible la leña.
El caso de la Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía
Un caso paradigmático del atropello a reservas naturales para la extracción de hidrocarburos es el de la Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT) en el departamento de Tarija, al sur de Bolivia. La reserva fue creada en los años 90 para proteger la biodiversidad y los recursos hídricos (río Bermejo y el río Grande) de la deforestación y la industria maderera.
Sin embargo, en abril del 2018, el Gobierno aprobó el ingreso de empresas extractivistas a la reserva con la justificación de mejorar el abastecimiento de gas tanto para consumo interno como para exportación, decisión que a su vez está resguardada por los Decretos Supremos N° 2366, 2400 y 2366, que permiten el extractivismo en áreas de reserva naturales (Energía Bolivia, 2019). A su vez, el Estado incentiva dicha actividad ya que obtiene el Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) como también regalías, ingresos que justifica necesarios para el desarrollo.
Dentro de la Reserva de Tariquía habitan comunidades campesinas e indígenas. En concordancia con la naturaleza que les rodea, sus actividades económicas son de mera subsistencia, abasteciéndose de cultivos pequeños de maíz y maní, la pesca, la cría de animales y la producción de miel. Estas comunidades, desde hace tiempo vienen denunciando y alertando sobre el ingreso de dichas empresas extractivas en el territorio que alteran el ecosistema y en consecuencia su medio de vida y producción, sobre todo de la miel.
Asimismo, desde que las empresas extractivas se instalaron en la reserva en el año 2015, dichas comunidades son amenazadas de despojo y viven en situación de tensión constante (Kaosenlared, 2018). Esto se da ya que se concedieron más del 50% de las tierras de las reservas a dos grandes empresas, Shell y Petrobras. Además, se ha anunciado un proyecto de hidroeléctrica en el corazón de la reserva, la más rica en biodiversidad.
Frente a esta situación, les campesines de la Reserva de Tariquía son un ejemplo de lucha organizada frente a la imposicion del Estado que argumenta que es un asunto de desarrollo económico y de interés nacional implementar proyectos extractivos en la reserva. Desde el año 2015 se han organizado de manera autónoma, conformando un Comité de Defensa que cuenta con diez comunidades que habitan en la reserva, el cual busca impedir desde la exploración de hidrocarburos a la instalación de las empresas . Dicho Comité ha presentado en varias instancias resoluciones en rechazo a las empresas extractivas en la Reserva, ha pedido audiencia con el Presidente Morales sin obtener respuesta, ha marchado hasta Tarija bajo el lema “Paso a paso por la dignidad de Tariquía de pie nunca de rodillas”. En marzo del 2018 declaran estado de emergencia en las diez comunidades de la Reserva por exploración de presencia de hidrocarburos y su posición intransigente al ingreso de las mismas reafirmando la consigan “Tariquía no se va a tocar”.
En este contexto, se destaca el activismo preponderante de las mujeres que buscan que prevalezca el construir desde lo comunitario y el respeto por la naturaleza y la vida, encabezando la lucha y enfrentando a las grandes corporaciones y el Estado (Kaosenlared, 2018).
Defensoras Ambientales en el Departamento de Tarija
A partir del avasallamiento constante de las distintas empresas extractivas avaladas por políticas de Estado a favor de éstas actividades y despojando de sus derechos a les habitantes de la zona, en Bolivia, las mujeres indígenas y campesinas se están organizando y articulando entre las distintas comunidades con el objetivo de defender el ambiente y el territorio.
“Las defensoras ambientales son mujeres que cuidan la vida, sus territorios y el agua como derecho comunitario, en los últimos años ellas han dedicado sus esfuerzos de lucha organizada en la preservación y cuidado de sus ríos, como principales afluentes de agua, al verse los mismos afectados por la contaminación, la actividad hidrocarburífera y los efectos del cambio climático”. (La voz de Tarija, 2019).
A su vez, las Defensoras Ambientales de Bolivia están en sinergia con otras Defensoras Ambientales de Latinoamérica y el mundo, compartiendo luchas, experiencias y aprendizajes. Un ejemplo concreto de ello es el caso de Bernarda Benítez, representante de la Asociación de Mujeres de la Provincia O’connor (AMPRO), quien tuvo la posibilidad de participar de encuentros internacionales para intercambiar experiencias de trabajo y esfuerzos en la protección de los ríos. Esto le permitió iniciar colaboraciones y estrategias conjuntas junto a otras defensoras ambientales, conformando redes a nivel mundial.
Bernarda nació el 20 de agosto de 1977, en la comunidad de Rodelajitas, municipio de Entre Ríos del departamento de Tarija, al sur de Bolivia. Con una larga trayectoria de lucha en favor de la defensa de los derechos humanos de las mujeres y derechos ambientales, ex concejal y comunicadora popular, conocedora de la vivencia de las mujeres campesinas de Entre Ríos, las representa en eventos regionales, departamentales, nacionales e internacionales. Actualmente como representante y líder de “AMPRO” como Grupo de Defensoras Ambientales (GDA), trabaja en la elaboración de propuestas e implementación de políticas públicas favorables a las mujeres y al medio ambiente.
Entre Ríos es una zona de extracción de petróleo donde las empresas, con complicidad del Estado, no reparan en las consecuencias negativas de la actividad extractiva, realizando sus tareas sin cuidar el medio ambiente. Según Bernarda, las mujeres empezaron esta lucha viendo que las autoridades no le daban importancia a este problema. Su organización está conformada por mujeres campesinas e indígenas, quienes realizan artesanías de palma, actividades de reciclado y producción de cultivos orgánicos. Esto tiene como objetivo que no se sigan contaminando el cuerpo de las mujeres, por el alto consumo de químicos.
Es de destacar que el caso de Bernarda no es aislado, son muchas las mujeres que se conforman en organizaciones locales que desarrollan acciones de escala local, pronunciandose en defensa de sus territorios. Así, sus luchas transcurren entre acciones de sostén de sus propias organizaciones, la responsabilidad en la vida cotidiana de sus familias, pero a pesar de esto pueden afianzar una mirada global y unirse en movimientos regionales. En palabras de Bernarda:
“Continuar, no bajar la guardia, animarse entre compañeras y seguir la lucha. Vamos a lograr juntas poder salvar una parte del planeta para nuestros hijos. Que tengamos tiempo, que capacidad y fuerza tenemos. Las MUJERES SOMOS AGUA y necesitamos seguir luchando.”
Referencias:
• Energía Bolivia, “Tariquía, el dilema del extractivismo vs la supervivencia”(febrero 2019), Bolivia. Recuperado de :
http://www.energiabolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5476:tariquia-el-dilema-del-extractivismo-vs-la-sobrevivencia&catid=39&Itemid=105
• Instituto para el desarrollo rural en Sudamérica (IPDRS) , “Bolivia, ampliación responsable de la frontera agrícola” . Recuperado de:
https://www.sudamericarural.org/?id=3888:bolivia-ampliacion-responsable-de-la-frontera-agricola
• Jiménez Georgina, “Geografía del extractivismo en Bolivia: Territorios”, Petropress Nº 35 / 2015. Recuperado de:
http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Geografia_del_extractivismo_en_Bolivia_Territorios
• Kaosenlared, “Tariquía de pie: una lucha campesina en Bolivia frente al extractivismo petrolero”(6 de abril de 2018), Bolivia. Recuperado de:
https://kaosenlared.net/tariquia-en-pie-una-lucha-campesina-en-bolivia-frente-al-extractivismo-petrolero/
• Mongabay, “Polémica en Bolivia: gobierno decide ampliar la frontera agrícola en 250.000 hectáreas para soya transgénica”(9 de abril de 2019). Recuperado de:
https://es.mongabay.com/2019/04/bolivia-gobierno-soya-transgenica/
• Página siete, “Tariquía de pie: una lucha campesina contra el extractivismo petrolero”, (22 de abril de 2018) Bolivia. Recuperado de:
https://www.paginasiete.bo/ideas/2018/4/22/tariquia-de-pie-una-lucha-campesina-contra-el-extractivismo-petrolero-177249.html