Los pueblos indígenas de todo el mundo se enfrentan a una discriminación sistémica que se arraiga en el racismo y el colonialismo. Aquellos pueblos que fueron forzados a vivir en países gobernados por los descendientes de los colonizadores o las elites dominantes experimentan la discriminación, la desposesión y la pérdida de poder. Numerosas comunidades indígenas fueron reubicadas a la fuerza luego de que sus tierras hayan sido confiscadas, sus bosques hayan sido destruidos, sus montañas hayan sido minadas y sus valles hayan sido inundados por la construcción de represas.
Quienes más sufren las consecuencias de los desplazamientos forzados son los niños y las niñas indígenas: son trasladados a internados, viven situaciones traumáticas en pos de la integración e incluso son obligados a asistir a escuelas donde no se hablan sus lenguas ni se enseñan los conocimientos y valores de sus pueblos. Han sido forzados a vivir bajo gobiernos que no les son propios, en los cuales casi no tienen participación ni influencia alguna. Estas condiciones de racismo y la discriminación sistémicas conducen también a la violencia contra la mujer indígena.
La violencia contra las mujeres y niñas indígenas
Cuando la mayor parte de la sociedad entiende a los pueblos indígenas como ciudadanos de segunda categoría, la posibilidad de sufrir situaciones de violencia de género que queden impunes aumenta. Las incontables mujeres indígenas de Canadá que fueron asesinadas, violadas o se encuentran desaparecidas son un ejemplo notorio. Entre los victimarios se encuentran los colonos, los militares, la fuerza policial, los trabajadores forasteros e incluso turistas. En efecto, las mujeres y las niñas indígenas tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia sexual y de ser violadas que las mujeres y niñas que no lo son. Esto incluye una mayor exposición a la violencia y la trata sexual, y a la violencia doméstica.
La violencia contra mujeres y niñas indígenas es moneda corriente en contextos de conflictos armados, la militarización de sus territorios, la implementación de proyectos de desarrollo, inversión y extracción, y cuando defienden sus derechos humanos. En algunos casos, este tipo de violencia tiene una motivación política. El ciclo de pobreza marginaliza desproporcionadamente a las mujeres más vulnerables: madres, niñas obligadas a casarse, huérfanas, viudas, personas de la comunidad LGBTQ+ y mujeres con discapacidad. Esto se perpetúa de generación en generación y las ubica en el nivel más bajo de la sociedad, donde la violencia y la impunidad es incluso más profunda.
Las mujeres indígenas sufren discriminación y violencia en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales. Las niñas se enfrentan a un mayor riesgo de violencia sexual cuando van o vuelven de la escuela, o cuando se alejan de sus comunidades para estudiar o trabajar. La escuela misma tampoco es un lugar seguro para ellas. En los últimos años, en Canadá, Guatemala y Bangladesh, los medios de comunicación publicaron pavorosos informes sobre estudiantes de escuelas indígenas que fueron abusadas sexualmente por sus maestros.
Cuando los pueblos indígenas migran luego de ser desalojados de sus territorios, aumenta el riesgo de violencia y pobreza. En 2015, la entonces Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, documentó situaciones en donde las mujeres migrantes que acceden a los servicios de salud relativos al embarazo, parto o postparto son esterilizadas sin su consentimiento o forzadas a utilizar métodos anticonceptivos. La violencia obstétrica contra las mujeres indígenas es una práctica extendida en numerosos países del mundo. Se han reportado casos en los que son obligadas a dar a luz en posición supina y no en la posición vertical que prefieren, o que se les ha prohibido la partería tradicional o la práctica de su medicina tradicional.
Víctimas de violencia sexual
El interés económico en los territorios indígenas provoca que las mujeres queden atrapadas en el medio de situaciones conflictivas y sean sometidas a la violencia militar. En Bangladesh, India, Myanmar, Nepal, Kenia, Filipinas, Tailandia y Timor Oriental, la militarización en tierras indígenas dio lugar a casos de violación en grupo, esclavitud sexual y asesinato de mujeres y niñas indígenas. La militarización las hace particularmente vulnerables al trabajo forzado y a la trata sexual.
Las mujeres y niñas indígenas que dejan a sus familias y comunidades para escapar de condiciones socioeconómicas difíciles o de conflictos armados son altamente vulnerables a ser víctimas de trata, de explotación económica y sexual, o de violencia sexual. En Nepal, las mujeres y niñas indígenas conforman casi el 80% de las víctimas de trata de personas, aunque la proporción de pueblos indígenas en el país es solo del 37%.
En América Latina, las actividades de desarrollo en territorios indígenas también incrementa los riesgos de violencia sexual contra las mujeres y niñas indígenas. La presencia de campamentos de trabajadores temporarios o de personal de seguridad armado en áreas remotas ha llevado a un aumento de la prostitución involuntaria de niñas indígenas, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y violencia sexual.
La rápida expansión del turismo en algunas áreas también incrementa el acoso sexual, la inseguridad y el sufrimiento de las mujeres y niñas indígenas. Asimismo, crecen los problemas de salud asociados con la contaminación ambiental generados por los proyectos de desarrollo en sus territorios.
De la persecución a las lideresas a la violencia doméstica
De igual forma, las líderes indígenas y las organizaciones de derechos humanos que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres suelen ser un blanco frecuente de intimidación, amenazas y ataques contra su vida. Se enfrentan a la criminalización en base a acusaciones falsas y son sujetas a procesos penales infundados y encarceladas para desmoralizarlas, paralizar su activismo y deslegitimar sus causas. Rachel Mariano y Betty, mujeres indígenas y defensoras de los derechos humanos de Filipinas, fueron arrestadas por cargos falsos. La violencia contra las defensoras de derechos y las múltiples formas de discriminación que padecen crean condiciones para facilitar y perpetuar las violencias de género.
Es significativamente más probable que las mujeres y niñas indígenas de todas las regiones sean víctimas de violencia doméstica en comparación a aquellas que no son indígenas; tengan o no parejas indígenas. Debido a la discriminación racial, la historia colonial o el interés de hombres no indígenas en casarse con mujeres indígenas para tener acceso a tierras, es más probable que la relación esté marcada por la agresión física o verbal.
El trauma colonial y la discriminación sistémica también aumentan los problemas de salud mental y el alcoholismo. Algunas comunidades de Sudáfrica tienen la tasa más alta de Síndrome Alcohólico Fetal del planeta debido a la práctica colonial de pagar una parte del salario a los trabajadores agrícolas con alcohol, conocido como sistemadop.
Otro ejemplo de los efectos de este trauma son las estadísticas presentadas por la CIDH para evidenciar el predominio de violencia doméstica sufrido por las mujeres indígenas en el continente americano. Por otro lado, un Informe Estatal de Población Nacional de Camerún demuestra que el 55% de las mujeres indígenas Mbororo han padecido alguna forma de violencia antes de los 15 años. Las mujeres y niñas indígenas sienten la violencia doméstica de manera más fuerte debido a la falta de acceso a servicios de apoyo y justicia, así como también por sus circunstancias económicas y culturales específicas.
Cuando la violencia contra las mujeres proviene de los propios pueblos
En ocasiones, la violencia es generada por sus propios pueblos. Las mismas comunidades de las mujeres y niñas indígenas violan su derecho a la integridad física a través de prácticas tradicionales que vulneran sus cuerpos y su autonomía. En el África Subsahariana y, en el sur y el sudeste asiático, el matrimonio precoz o infantil continúa siendo una de las mayores preocupaciones en torno a los derechos de las niñas indígenas. El matrimonio precoz está íntimamente relacionado con el abandono escolar, la violencia doméstica, las complicaciones durante el embarazo y el parto, y el trauma psicológico.
Pese a considerarse internacionalmente como una violación a los derechos humanos, la Mutilación Genital Femenina persiste entre las comunidades indígenas de alrededor de 30 países de África, lo cual ocasiona grandes daños físicos, psicológicos y dificultades para el desarrollo pleno de la vida sexual. Los motivos por los que se lleva a cabo son diversos y dependen de cada país y cada etnia: en algunos casos se considera un rito de transición a la vida adulta, en otros una forma de controlar la sexualidad de las mujeres y las niñas, de incrementar la feminidad o por creencias que aducen razones de salud, higiene y estética. En los países donde se practica, la proporción de niñas y mujeres que desean que se ponga fin a las mutilaciones se duplicó en los últimos 20 años.
En la región de Samburu, en Kenia, existe una práctica de violación de niñas muy habitual conocida como “beading”: el grupo etario de “guerreros” puede tener relaciones sexuales aprobadas con niñas a partir de los 9 años a cambio de adornos y otros bienes.En India, las mujeres indígenas enfrentan brutales violaciones de derechos cuando sus comunidades las tildan de brujas. Como resultado, las mujeres son rechazadas por sus comunidades en el mejor de los casos, y en otras ocasiones son apedreadas, torturadas y asesinadas.
Es importante reconocer que varias prácticas indígenas basadas en la costumbre favorecen a las mujeres indígenas y reafirman su posición en las comunidades tal como lo demuestra la tribu matrilineal Khasi que habita en India y Bangladesh. De igual manera, los kreung de Camboya mantienen una costumbre que les permite a las parejas de recién casados vivir en la comunidad de la novia y, más tarde, trasladarse a la del novio para luego decidir de manera conjunta dónde prefieren vivir. Es tradicional que las mujeres kreung sean quienes administran los ingresos familiares.
Lideresas de la lucha por los derechos indígenas
Aunque las mujeres y niñas indígenas enfrentan enormes desafíos, violencias y discriminación, no deben ser presentadas solo como víctimas o grupos vulnerables. Las mujeres indígenas son agentes activos de cambio e importantes líderes de la lucha por los derechos de sus comunidades. Han construido un movimiento mundial y continúan luchando para que se abran nuevos espacios dónde tratar sus problemas, tanto en el interior del propio movimiento indígena, como dentro del movimiento global de mujeres.
Las mujeres indígenas han actuado de manera resiliente y consistente para que sus mensajes lleguen a distintos niveles y diversos espacios, desde la familia hasta el ámbito mundial, porque tienen prioridades específicas y necesitan que todos les prestemos atención para poder transformar la realidad. Las mujeres indígenas también han establecido sus propias estructuras políticas y sociales, incluso de forma paralela cuando no se les ha otorgado espacio suficiente dentro de las estructuras estatales (o indígenas) establecidas.
IWGIA publicó un análisis de todas las recomendaciones realizadas desde 2011 por las Naciones Unidas relacionadas a las mujeres indígenas y se enfoca principalmente en Bangladesh, Nepal, India, Myanmar, Kenia, Tanzania, Colombia y Perú. Si bien entre 2011 y 2021 se realizaron 271 recomendaciones relacionadas a las mujeres indígenas, existe una brecha enorme en el nivel de implementación. En general, la implementación efectiva de las recomendaciones para ponerle fin a los desafíos interseccionales que afrontan las mujeres indígenas han sido demasiado lentas como para materializarse.
El abordaje de la situación demanda un enfoque holístico para romper con el ciclo de discriminación y exclusión. Se requiere voluntad política por parte de los Estados, distribución de recursos financieros, campañas para crear conciencia en la sociedad y la participación efectiva e inclusiva de las propias mujeres indígenas en el proceso de toma de decisiones. Asimismo, deben ser priorizadas las leyes, la legislación y los proyectos desde el proceso de formación hasta su implementación. El movimiento de mujeres indígenas continuará presionando a los responsables para que cumplan con aquello que les deben.
Signe Leth es Asesora Senior de International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) donde coordina el trabajo de las organizaciones en Asia y es referente para los derechos de las mujeres indígenas.