El aporte económico de las compañías mineras a los países donde operan y el destino de esos fondos debería interesarle a toda la sociedad, en especial a los movimientos y organizaciones que luchan por los derechos sociales y ambientales. Pero en Brasil éste no parece ser un asunto prioritario y el debate se restringe a expertos en ámbitos gubernamentales, según Alessandra Cardoso, asesora del Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inesc, uno de los puntos focales de Social Watch en este país).
Empresas mineras firmaron con el gobierno de Perú, segundo productor mundial de cobre y zinc y primero de plata, un acuerdo por el cobro de un impuesto sobre el lucro excepcional de estas compañías, según informó la publicación brasileña Valor Econômico la semana pasada. Se prevé una recaudación de 1.100 millones de dólares, poco más de la mitad de lo que pretendía la administración. Para las empresas mineras extranjeras, entre ellas Valle y Votorantin Metales, el acuerdo representó cierto alivio, pues esperaban verse obligados a desembolsar mucho más, en parte por el aumento de la cotización internacional de los metales.