El 9 de agosto, Analía Núñez Ampiche vio por última vez a su esposo Santiago Meléndez Dávila, líder de la comunidad San José de Apuracayali, ubicada en el distrito de Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa, región Pasco. Tras despedirse de ella, lo vio subirse a una camioneta y, desde entonces, no sabe cuál es su paradero. “Desde ese día no lo he vuelto a ver. Algunos dicen que ya está muerto, que no pregunte”, cuenta a OjoPúblico. La indígena yanesha refiere que su esposo se dedicaba a la agricultura, venta de abarrotes y a dirigir la comunidad.
Hasta el 20 de agosto, el apu Meléndez Dávila llamaba a su familia para decirles que había encontrado un trabajo sin precisar el lugar, que estaba bien y que se cuidaran entre ellos ante su ausencia, recuerda su esposa. Seis días después de aquella última llamada, ella tuvo que acudir a la comisaría de Constitución a reportar la desaparición de su esposo, pero —afirma— que recibió un trato hostil y que minimizaron el hecho. “Llamo para saber si ya saben algo de mi esposo, pero no me dan respuesta. No hay justicia”, lamenta Núñez Ampiche.
Una similar situación vive la familia de Luis Tapia Meza, presidente de las rondas indígenas de la comunidad Alto Lorencillo II, ubicada en el distrito de Constitución. El pasado 22 de setiembre, el dirigente regresaba a su casa cuando una camioneta negra, de lunas polarizadas, lo emboscó junto a su menor hija. “Hombres con armas bajaron, lo golpearon. A él lo subieron a la camioneta y a mi hermana la dejaron herida en el camino”, relató su hijo Luis Tapia a OjoPúblico.
La familia de Tapia Meza acudió el mismo día del hecho a la comisaría de Constitución a poner la denuncia, pero no fue recibida. Recién al día siguiente se registró el incidente. El joven asháninka contó que su madre fue discriminada por ser indígena y no le permitieron hacer el trámite inmediatamente. Hasta ahora no sabe dónde está su padre.
A raíz de estos dos casos, la Asociación de Nacionalidad Asháninka del Pichis (ANAP), que representa a más de 12.000 indígenas en los distritos de Puerto Bermúdez y Constitución en la región Pasco, emitió un pronunciamiento el último jueves donde señalan que enfrentarán a la delincuencia y a los promotores de actividades ilegales de manera directa ante la inacción del gobierno para luchar contra el narcotráfico. “Si seguimos [a la espera] de los operadores de justicia y gobernadores de turno, seguiremos muriendo y desapareciendo”, se lee en el documento. Esta organización, que en los años 80 y 90 enfrentó al terrorismo con su ejército, hoy se alista para volver a las armas.
El apu Jennrri Zegarra Ingeniero, presidente de ANAP, indicó a OjoPúblico que la desaparición de dos líderes de su organización responde a la venganza de los narcotraficantes contra la población porque la policía está incautando sus productos y destruyendo las pozas de maceración. “A ambos se los llevaron en vehículos de los narcos, sabemos quienes fueron e iremos a reclamarles que los devuelvan vivos, ya que la Policía no hace nada”, afirmó.
“Vemos que la Policía no hace nada, los hermanos desaparecen y no hay ningún responsable castigado. Por eso, vamos a enfrentar al narcotráfico, como lo hicimos con el terrorismo en los años 80 y 90”, advierte el líder Jennrri Zegarra, un apu que representa a 147 comunidades asháninkas en Puerto Bermúdez (123) y Constitución (24). El líder indicó que desde que inició la pandemia, la hoja de coca ilícita se ha incrementado en el territorio, y con ello la violencia hacia los indígenas que se oponen a los cultivos ilícitos.
OjoPúblico consultó a la Defensoría del Pueblo si tenía conocimiento de las desapariciones denunciadas por ANAP, pero informaron que no han sido reportadas a su institución. Por su parte, el Frente Policial Puerto Inca precisó que los casos están en investigación. El Ministerio de Justicia confirmó a este medio que están coordinando con la policía la búsqueda del líder Luis Tapia, mientras que en el caso de Santiago Meléndez se continúa recabando información sobre su desaparición. No brindaron mayores detalles.
El avance de los cultivos ilegales
La cuenca del Pichis-Palcazú-Pachitea agrupa los distritos de Palcazú, Puerto Bermúdez, Villa Rica, Oxapampa, Chontabamba, Huancabamba y Pozuzo en la región Pasco y en Huánuco, Codo del Pozuzo, Puerto Inca, Tournavista, Honoria y Yuyapichis; en la provincia de Puerto Inca. En la provincia de Pachitea ocupa los distritos de Panao y Chaglla. Además, es corredor de la cuenca del Aguaytía, en la provincia de Padre Abad, Ucayali. En este territorio viven indígenas asháninkas, yaneshas, nomatsigengas y kakataibos, que han denunciado asesinatos, secuestros y amenazas de narcotraficantes locales y cocaleros desde el inicio de la pandemia.
Solo los kakataibos han perdido a cuatro de sus hermanos: Arbildo Meléndez, de Huánuco; Santiago Chota, de Ucayali; Herasmo García y Yenes Ríos, ambos de la frontera entre estas dos regiones. Mientras los asháninkas de esta zona han llorado la muerte de su hermano Mario Marcos López Huanca, secretario de la organización indígena que coadministra la Reserva Comunal El Sira, entre Ucayali y Pasco (EcoSira).
Si bien la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) indica que hasta el 2019 en este territorio había 1.314 hectáreas de cultivo de hoja de coca, el especialista en narcotráfico Jaime Antezana Rivera estima que la cifra se habría triplicado ante la falta de control de la policía por las limitaciones de la pandemia.
Durante la década de los años 80 y 90, esta era la tercera zona con mayor impacto del narcotráfico, después del Alto Huallaga y el Valle de los ríos Apurímac, Mantaro y Ene (Vraem). “En la actualidad calculamos que Pichis-Palcazú-Pachitea es la segunda cuenca importante del narcotráfico en el Perú junto con Putumayo en Loreto y después del Vraem”, comentó el experto. Antezana Rivera explicó que en esta cuenca históricamente se han construido narcopistas desde donde se envían cargamentos de pasta básica de cocaína (PBC) a Bolivia y Brasil. Solo en Codo de Pozuzo y Yuyapichis el año pasado, el Ejército destruyó cuatro pistas clandestinas.
El territorio está bajo la dependencia del Frente Policial Puerto Inca y hasta el 20 de setiembre estuvo en Estado de Emergencia por la lucha contra el crimen organizado dedicado al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. Sin embargo, pese al incremento de la violencia, la emergencia no ha sido prorrogada por el nuevo gobierno.
Reunir a los guerreros
Esta zona de la selva central fue duramente golpeada por el terrorismo. El MRTA asesinó en 1989 a Alejandro Calderón, líder fundador de la Asociación de Nacionalidad Asháninka del Pichis (ANAP), porque su trabajo en la titulación de los territorios se interponía con el dominio ilegal en Puerto Bermúdez. Este hecho generó que los indígenas locales, liderados por Alcides Calderón, hijo del líder asesinado, conformaran el denominado Ejército Asháninka.
Durante la década de los años 80, en Puerto Bermúdez operaba el Proyecto Especial Pichis Palcazú, en donde Alejandro Calderón ocupaba cargos técnicos y políticos para cumplir con la titulación de las comunidades, con el fin de defender legalmente el territorio indígena. “El MRTA vio su trabajo como peligroso para sus intereses y decidió eliminarlo. Lo capturan, lo llevan al chaparral, simularon un juicio y lo fusilan”, explica el antropólogo Enrique Rojas Zolezzi.
Luego de la muerte del líder, los indígenas decidieron enfrentarse a los subversivos en Ciudad Constitución, Sachulla y hacienda Rami. La organización terrorista Sendero Luminoso también intentó ingresar a Puerto Bermúdez, pero el Ejército Asháninka los detuvo. El ejemplo de ANAP se replicó en otros territorios del pueblo asháninka en Ucayali, Junín, Loreto.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación estima que en las últimas dos décadas del siglo XX, unos 10.000 asháninkas fueron desplazados forzosamente, otros 6.000 murieron y 5.000 de ellos fueron capturados por Sendero Luminoso. Además, unas 34 comunidades habrían desaparecido durante esta época de violencia.
Hoy, la población asháninka se siente nuevamente vulnerada en sus derechos ante la falta de titulación de sus territorios, pocos proyectos de inversión pública y el asesinato y desaparición de sus hermanos. “Hay un sistemático ataque al pueblo indígena. Ni la demarcación de los territorios, la ampliación de las comunidades, ni la titulación se han realizado en los últimos 20 años”, advierte Álex Bottger, investigador del Instituto del Bien Común.
Las comunidades exigen vivir en paz aprovechando el territorio que ocupan en la caza, pesca y cultivos de café, cacao o plátanos que tienen. Sin embargo, el narcotráfico invade sus tierras, corrompe a algunos comuneros y asesina a los que se oponen. “Tenemos la sospecha de que hay infiltrados de los narcotraficantes en la policía, porque sino cómo se enteraron quiénes los denuncian”, cuestionó el líder Jennrri Zegarra. Frente a esta situación, el apu confirmó que han convocado a sus guerreros, owayerys en asháninka, y aplicarán la justicia indígena con todo aquél que corrompa su estructura comunal.
El Ministerio de Cultura señala que los antepasados de los asháninkas datan desde hace 3.000 años atrás cuando se asentaban en medio del Río Amazonas, en la actual ciudad de Manaos, Brasil. Sin embargo, diversos conflictos generaron la migración hacia Ucayali y la Selva Central en Perú. Con la conquista española se propagaron las epidemias y otras enfermedades que redujeron drásticamente su población. Durante este periodo, este pueblo amazónico apoyó la rebelión del andino Juan Santos Atahualpa contra los españoles.
En la época del caucho, los asháninkas también fueron capturados en violentas misiones llamadas “correrías” y forzados al trabajo en condiciones de esclavitud. Para evitar un levantamiento, sus líderes fueron asesinados. Recién en la década de los años 70 surgen las primeras organizaciones políticas asháninkas y con la llegada del conflicto armado en el Perú, los indígenas decidieron enfrentar al enemigo en su propio territorio, expulsando a los terroristas y narcotraficantes de la época.
Este pueblo es el más grande de la Amazonía peruana con una población de 117.955 personas aproximadamente, que viven en Junín, Ucayali, Pasco, Cusco, Huánuco y Ayacucho. “De darse un enfrentamiento no podemos estimar qué pasará, porque los asháninkas del Pichis tienen una organización unida y mantienen sus fuerzas guerreras”, dijo el antropólogo Enrique Rojas Zolezzi.
La lucha contra el narcotráfico y la violencia que genera es una labor del gobierno, pero hasta ahora no se conoce cuál será la política de la nueva gestión respecto a estos temas.