Desafíos para la construcción de un movimiento por la justicia digital

, por BURCH Sally

Hoy el mundo avanza velozmente hacia la colonización de nuestra vida cotidiana en manos de las grandes empresas digitales, la cual implica una serie de riesgos.

Tomando el ejemplo de la educación, durante la pandemia numerosas escuelas y colegios acudieron a las plataformas escolares de Google o Microsoft para dar clases en línea. Eso implica generar dependencia de estas corporaciones tecnológicas y someterse a los criterios que ellas definen, ya que, bajo las aparentes ventajas iniciales que brindan, instalan lógicas y marcos de funcionamiento propios que luego dificultan complementar o implementar otras tecnologías. Ello afecta la autonomía de los profesores e incluso facilita el espionaje a los datos de niños y niñas, un sector de la población vulnerable que debería ser protegido [1]. Ejemplos similares se podrían citar en la salud, el trabajo, la agricultura, etc.

Recordemos que quienes promovieron internet en sus inicios la concibieron como una red descentralizada y horizontal, de libre intercambio de conocimientos y contenidos, si bien, es cierto, el acceso era restringido. Al masificarse el uso de internet y las tecnologías digitales, desde inicios de este siglo, se requirieron grandes inversiones que quedaron a cargo del sector privado, que no encontraba manera de sacar rentabilidad con ese modelo. Así, en ausencia de políticas públicas, su desarrollo se fue adaptando al modelo empresarial basado en la extracción de datos de los usuarios y usuarias de sus plataformas y su posterior procesamiento y venta, impulsado inicialmente por Google y luego Facebook y otros [2].

Las Big Tech

El éxito económico de este modelo ha permitido a las grandes empresas digitales, conocidas en inglés como las Big Tech, ir eliminando a la competencia, de modo que hoy, más del 50% de las interacciones en internet se hacen a través de un puñado de megaplataformas manejadas principalmente por corporaciones estadounidenses (y algunas chinas), apoyadas por una fuerte inyección de capital financiero. Ello implica una concentración inédita de poder económico en un puñado de empresas, que va de la mano de su capacidad de injerencia en el poder político y de influencia en el quehacer sociocultural. [3]

Por el hecho de manejar un lenguaje único–el binario, compuesto de las unidades 1 y 0–, lo digital facilita una integración inédita entre distintas ramas de la economía. Amazon es quizás la empresa que más lejos ha llegado en integrar una cadena completa de mercadeo en un solo proyecto, con drones, robótica, centros de datos, etc., que le permite dominar el comercio digital en casi todo el mundo, fuera de China. De hecho, su pretensión no es ofrecer un mercado, sino ser el mercado (según su fundador Jeff Bezos).

Y ahora, con la llamada 4ta. revolución industrial, se está avanzando hacia una fusión de tecnologías que implica integrar las esferas físicas y digitales, abarcando la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, la biotecnología, la impresión 3D, los objetos “inteligentes”, entre otros ámbitos. Y a su vez, el avance de la inteligencia artificial, con sistemas computarizados capaces de aprender e incluso tomar decisiones autónomas, hace posible una aceleración vertiginosa de estos cambios, al punto que los propios empresarios están preocupados de lo que podría implicar.

Entonces, se impone preguntarnos: ¿adónde vamos con este tsunami de cambios? Para responder esta pregunta, es importante tener presente que la tecnología en sí no nos dicta cómo se la va a desarrollar, sino que son actores específicos que la desarrollan en función de ciertos fines. Y en ausencia de mecanismos democráticos para definir estos fines, y ante la poca capacidad –y a veces escasa voluntad política– de nuestros gobiernos de abordar seriamente este reto, las decisiones quedan en manos de las empresas con capacidad de innovar, en función del capital financiero que puedan movilizar. Y allí, de nuevo, predominan las corporaciones transnacionales, ya que cuando una empresa start-up tiene éxito, a menudo es absorbido por alguna de ellas.

Justamente, el “Gran Reseteo” propuesto desde el Foro Económico Mundial de Davos, pretende resolver las crisis mundiales (medio ambiente, salud, hambre) mediante respuestas tecnológicas (o más bien tecnocráticas), basadas en inteligencia artificial. Esto puede sonar a bombo publicitario para ganar adeptos –e inversores— a sus iniciativas e incluso justificar como narrativa la supuesta “necesidad” de su injerencia en cuestiones que deberían estar reservadas al ámbito público, como la salud o la educación, entre otras tantas. Pero el hecho es que ya han logrado billonarias inversiones en capital de riesgo para su desarrollo, (si bien hoy, luego del auge registrado durante la pandemia, las fuentes de financiamiento se están estrechando [4]). Y el tiempo nos está quedando corto para reaccionar frente a ello.

Pistas para pensar estrategias ciudadanas

En este preocupante escenario, existen varias iniciativas ciudadanas y de organizaciones sociales que buscan respuestas a esta situación. Los dos procesos mencionados arriba –Internet Ciudadana y Just Net– tienen de particular que buscan abordar la problemática desde un enfoque global de justicia digital, y no solo algún aspecto específico, lo cual es mucho más complejo, pero ayuda a tener una visión más estratégica.

Internet Ciudadana es una amplia red de organizaciones sociales y ciudadanas, activistas, intelectuales, comunicadores/as,entre otros, de América Latina y el Caribe, que en sus 6 años de dinámicas, ha identificado algunos temas clave que apuntan al núcleo del modelo empresarial. Estos incluyen, entre otros:

  • Que el acceso a internet debe ser reconocido como un derecho, por lo cual la infraestructura de conectividad debe ser definido como un servicio básico, con las garantías del caso. En muchos países, eso implicaría regular a las empresas telefónicas privadas, con leyes y normas que regulen estos servicios, entre otros para que no restrinjan su servicio sólo a los sectores más rentables, ni cobren precios inasequibles.
  • Que ciertos servicios que ofrecen las plataformas (mensajería, buscadores, comercio digital, repositorios en la “nube”, etc.) también deben ser regulados, sobre todo para evitar que las corporaciones abusen de su posición cuasi monopólica. Implicaría, por ejemplo, que una empresa de comercio digital como Amazon deba ofrecer igualdad de condiciones a quienes venden en su plataforma, y no hacer competencia desleal para priorizar sus propias marcas [5]. Las plataformas de mensajería deberían permitir la interoperabilidad con usuarios de otras plataformas similares (como sucede con el correo electrónico). Y las empresas deberían pagar impuestos en los países donde extraen datos. Tales regulaciones son más complejas por tratarse de plataformas transnacionales; por ello es importante lograr, por ejemplo, acuerdos en el marco de las instancias de integración regional de nuestros países.
  • Otro tema clave es el de los datos, por ser el insumo básico del modelo de negocios digital como de la inteligencia artificial. En ausencia de legislación, las empresas que los recopilan asumen que son suyos, por defecto. Frente a ello, la propuesta de IC es que los datos deben ser patrimonio de las personas y comunidades concernidas, y que se requiere crear mecanismos para que las comunidades autoricen quien pueda usarlos, cómo y que sea con beneficio a la misma comunidad.
  • En cuanto a las alternativas tecnológicas, se trataría de ir generando un nuevo ecosistema digital que respete derechos como la privacidad y se ponga al servicio de las comunidades. De hecho, ya existen numerosas iniciativas ciudadanas en este sentido, pero muchas operan en condiciones marginales. IC propone políticas públicas para fomentarlas, por ejemplo, la adopción de tecnologías libres en la función pública o el apoyo estatal a iniciativas locales o sectoriales, sean de conectividad, o de inteligencia artificial para apoyar la educación o la agricultura, etc.

Para octubre de 2022, Internet Ciudadana elaboró una Agenda de 20 puntos hacia un futuro digital justo y soberano que sintetiza estas y otras propuestas que ha ido elaborando colectivamente.

Para avanzar en este sentido, IC ha identificado entre sus principales ejes de acción:

  • La sensibilización y la formación sobre estos temas, con prioridad a sectores sociales ya organizados, en tanto actores de cambio, teniendo presente que estos temas requieren insertarse en las agendas de acción de los distintos sectores sociales desde su especificidad (trabajadores, campesinado, mujeres, sector educación, etc.)
  • La identificación, el desarrollo y la adopción de alternativas tecnológicas, particularmente las tecnologías y plataformas libres y la promoción de un ecosistema digital alternativo;
  • Las propuestas e incidencia en legislación y políticas públicas, tanto para garantizar derechos y frenar los abusos, como para desarrollar alternativas públicas o asegurar condiciones para las iniciativas ciudadanas.
  • La inserción de estos temas en los procesos de integración regional, para construir soberanía y capacidad los países de la región para poder confrontar a las gigantes tecnológicas e incidir como bloque en espacios multilaterales.

En lo inmediato, IC está enfocando principalmente los dos primeros ejes: sensibilización y formación, y el impulso a alternativas tecnológicas. [6]

En IC estamos conscientes de que, para lograr un futuro digital justo y soberano, no basta con poner parches al sistema actual, prevenir los peores abusos, o eventualmente mejorar el mercado. Hace falta construir un amplio movimiento popular por desprivatizar a internet y reconstruir soberanía sobre el ámbito digital. Implica también forjar alianzas con gobiernos, con actores del sector privado nacional, y muchos otros.

Es más, siendo que internet es global, será necesario también pensar estos retos, no solo a nivel regional, sino mundial. La alianza de IC con la Coalición Just Net ha aportado mucho en la reflexión en temas estratégicos y aportes hacia instancias como las Naciones Unidas (ONU). Así, por ejemplo, a mediados de 2023, IC participó, conjuntamente con JNC y otras organizaciones, para elaborar un documento de propuestas para el Pacto Global Digital que ha convocado el Secretario General de la ONU para el año 2024.

Estos señalamientos permiten conocer algunas de las iniciativas en marcha que buscan hacer avanzar una agenda colectiva de justicia digital para el bien de nuestros pueblos.

Leer el artículo original en el sitio web de Internet Social Forum