El ejército ruso entró en Ucrania el 24 de febrero de 2022 y, a la semana siguiente, toda Europa se organizaba para acoger a los cientos de miles de exiliadxs que, desde el comienzo de la guerra, llegaban a las fronteras europeas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una declaración sin precedentes, sostuvo que el bloque europeo estaba «plenamente preparado» para acoger a lxs refugiadxs y que eran «bienvenidxs» en Europa. Por primera vez, el bloque tuvo un discurso de defensa de los derechos humanos, no de protección de las fronteras bajo la lógica de seguridad.
En la práctica, se establecieron mecanismos para acogerlxs. Polonia, antes muy reticente a abrir sus puertas a migrantes –especialmente durante la crisis con Bielorrusia que provocó la muerte de más de una decena de migrantes, en noviembre de 2011–, recibía 10.000 ucranianxs a los tres días de la invasión rusa, y se mostró muy orgullosa de abrir nuevos centros de acogida para ellxs. Medidas similares se tomaron en toda Europa, e incluso a nivel presupuestario, la Unión Europea desbloqueó fondos por una suma de más de 10.000 millones de euros para proporcionar ayuda de emergencia a lxs refugiadxs ucranianxs.
En el momento más álgido de la guerra, Francia se había convertido en el país líder de esta solidaridad sin precedentes. Acogió hasta 100.000 ucranianxs y transformó durante varios meses su mayor centro de congresos y exposiciones, el de Porte de Versailles, [1] en un centro de acogida para refugiadxs; aunque este tipo de centros suelen ser ubicados en zonas periféricas, lejos de las avenidas principales y turísticas. Esta fue la primera vez que el mismo lugar que acoge el Salón del Automóvil o el Salón del Libro de París, eventos importantísimos para la capital francesa, dejaba de lado el glamour para acoger a refugiadxs. El objetivo era claro: Francia pretendía difundir hacia el exterior una imagen de solidaridad internacional. Una solidaridad, sin embargo, selectiva, porque en Porte de Versailles sólo se admitieron ciudadanxs de Ucrania. Lxs otrxs, lxs incluidos en esta amplia categoría de “migrantes”, no recibieron el mismo trato.
Una de las diferencias en el trato se puede observar en la cantidad de dinero asignada a las personas refugiadas ucranianas comparada con la cantidad que reciben las personas de otras nacionalidades. Mientras que las primeras recibieron una suma de 14,20€ diarios, incluso estando alojadxs en un centro de acogida, lxs demás refugiadxs que vivían situaciones similares recibieron una cantidad de 6,80€ por día, cantidad que podía aumentar en función del número de hijxs.
La implementación de un dispositivo jurídico creado en 2001, pero que hasta entonces no se había utilizado, explica esta diferencia en el trato. Este dispositivo, denominado Directiva de Protección Temporal, fue creado por la Unión Europea en el contexto de la guerra de los Balcanes para hacer frente a posibles afluencias masivas de personas necesitadas de protección internacional debido a «guerras, violencias o violaciones de los derechos humanos» en sus países de origen. Sin embargo, a pesar de las numerosas oportunidades de utilizarlo, la UE nunca había acordado hacerlo. La directiva no se utilizó en 2011, durante la primavera árabe, cuando aproximadamente de un millón de personas escaparon de Libia tras una resolución de la ONU que autorizaba el bombardeo del país por aviones de la coalición internacional. No solo eran libixs, sino también sudanesxs, eritrexs, somalíes, etíopes e iraquíes. Europa recibió a solo 300 refugiadxs procedentes de este país, y fueron repartidxs por siete países europeos; el resto fue recibido por Túnez y por los países más pobres del planeta, como Chad o Níger.
En 2015, Europa tuvo una segunda oportunidad de utilizar la directiva, durante la llamada «crisis de lxs migrantes», pero tampoco allí los Estados miembros de la UE se pusieron de acuerdo para aplicarla. Al contrario, firmaron un acuerdo con Turquía para que este país detenga a todas las personas que intentaban llegar a Grecia, puerta de entrada a Europa. Una situación similar se produjo con el conflicto sirio, en el que casi 5 millones de personas se vieron obligadas a abandonar el país entre los años 2011-2015. Solo cuando los medios de comunicación difundieron dos naufragios en el Mediterráneo, en los que murieron cerca de 1500 personas, Europa despertó un poco. Y fue cuando el cuerpo del niño sirio Aylan Kurdi [2] apareció en los titulares de prensa que la Unión Europea finalmente implementó un plan para acoger a cerca de 160.000 personas, repartidas entre sus 25 Estados miembros. En la práctica, solo 30.000 personas refugiadas fueron acogidas en cuatro años. Francia, que inicialmente se había comprometido a recibir a 30.000, recibió a menos de 10.000 personas.
Esta diferencia de trato por parte de las autoridades –a nivel administrativo y jurídico– se plasmó en la práctica. Existe un profundo vínculo entre el plano jurídico y el plano sociológico ya que, como afirma Luigi Ferrajoli, «la desigualdad en los derechos genera la imagen del otro como desigual, o sea, inferior en el plano antropológico, precisamente por ser inferior en el plano jurídico». [3] Una vez más, esto se hizo evidente durante la guerra en Ucrania, donde las palabras generalmente asociadas con los movimientos migratorios –como la seguridad, delincuencia, orden, trabajo– desaparecieron, y un gran número de familias francesas se ofrecieron para acoger a personas ucranianas en sus hogares. La Directiva de Protección Temporal, del que se beneficiarían exclusivamente ellas, las ubicaba casi al mismo nivel jurídico que el resto de lxs europexs: se les consideró personas iguales. Por otra parte, el término «migrante» no fue utilizado para hacer referencia a la nacionalidad ucraniana.
Esta guerra puso de manifiesto que los Estados miembros de la UE son capaces de recibir a personas con necesidad de protección inmediata, pero que estas deben cumplir ciertos requisitos para ser consideradas buenas migrantes. En 2018, el entonces ministro del Interior francés Gérard Collomb demostró hasta qué punto el gobierno tenía una visión binaria entre buenxs y malxs migrantes. En una entrevista afirmó que «Francia debe acoger a los refugiados, pero no puede acoger a todos los migrantes económicos». [4] Se imponía entonces una diferencia entre «migrantes económicxs» y «refugiadxs», lxs verdaderxs refugiadxs. Lxs ucranianxs, en este marco binario, no representan ningún peligro ya que, como afirmaba, en febrero de ese año, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, el diputado Jean-Louis Bourlanges, representan una «migración de gran calidad de la que se podrá sacar provecho». El utilitarismo migratorio en todo su esplendor. A su declaración se añadieron discursos culturalistas que presentaban a las personas ucranianas como «intelectuales y no solamente». La asociación era fácil, todas las personas no incluidas en la categoría de «ucranianx», procedan de Georgia, Albania o Afganistán –la respuesta de la UE a la llegada al poder de los talibanes en 2021 es prueba de ello– estarán bajo sospecha y deben demostrar que son auténticxs refugiadxs, buenxs migrantes y que merecen ser ayudadxs.
Las Américas, sus gobiernos y la solidaridad selectiva
Sin embargo, hacer excepciones en función de las nacionalidades no es una característica exclusiva de la Unión Europea. Luego de la declaración de la pandemia de Covid-19, en marzo de 2020, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el cierre de las fronteras con Europa –en un primer momento no incluía a Inglaterra e Irlanda– señalando que el problema era la libertad de circulación entre los países europeos. Paralelamente, se creó un dispositivo jurídico llamado «Título 42». Por medio de ello, el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (del inglés, US Customs and Border Protection, CBP) prohibía la entrada a ciertas personas que «representan potencialmente un peligro para la salud». Así, las personas en cuestión serían expulsadas inmediatamente por el CBP. Entre 2020 y abril de 2022, 1,7 millones de personas migrantes fueron deportadas. [5]
La Casa Blanca, al comienzo mismo de la pandemia, publicaba en su sitio web informaciones tendenciosas. Por ejemplo, una de ellas anunciaba: «Detenidos en la frontera 150.000 migrantes con coronavirus de 72 países». Esta estadística sensacionalista se basaba en las denegaciones de entrada al territorio estadounidense a personas extranjeras procedentes de países en los que se habían detectado casos de infección. Sin embargo, tomando en cuenta las nacionalidades de las personas detenidas en la frontera, hay que reconocer que el objetivo era dar legitimidad a esas negativas estableciendo el vínculo entre determinadas nacionalidades y la enfermedad. Esta publicación de la Casa Blanca afirmaba que los servicios de inmigración habían rechazado a 110.000 nacionales de México, entre lxs cuales había 7 casos de Covid-19, y a 21.000 ciudadanxs de Honduras, con 2 casos confirmados. Según los servicios estadounidenses, pareciera que una persona se vuelve contagiosa por el simple hecho de residir en un país afectado por la pandemia.
Es importante señalar que en este momento, el Reino Unido, que en un principio no estaba incluido en la lista negra de los Estados Unidos, tenía diez veces más casos que por ejemplo Polonia. Además el Reino Unido había decidido dejar que la enfermedad se propagara con la esperanza de alcanzar la inmunidad colectiva. Privilegios de algunas nacionalidades sobre otras, xenofobia de Estado, solidaridad selectiva u oportunismo político: distintos nombres para una misma realidad.
Un poco más al sur, se han dado casos similares en los que bajo diferentes pretextos, se han acogido y/o devuelto migrantes de diferentes nacionalidades, en función del contexto y de los intereses políticos. En el Perú, durante la primera ola de migración venezolana –cerca de 1,2 millones venezolanxs residen allí hoy– el gobierno había llevado a cabo una política de puertas abiertas. En enero de 2017, entró en vigor el Permiso Temporal de Permanencia (PTP): se trataba de un documento del que podían beneficiarse exclusivamente lxs migrantes venezolanxs, y que les permitía trabajar legalmente por un período de un año. La creación de este dispositivo jurídico se hizo con el pretexto de querer ayudar a estxs ciudadanxs, aunque ya existía un acuerdo internacional –el Acuerdo de Cartagena– que permitía también acoger a poblaciones que huían de situaciones de crisis como Venezuela. Sin embargo, su uso hubiera abierto la puerta a personas de otras nacionalidades, como lxs colombianxs, que desde hace más de una década huyen de su país a causa de la violencia de los grupos armados ilegales.
Perú, al igual que otros países de América del Sur como Chile o Colombia, prefirieron crear instrumentos particulares para regularizar la entrada y la residencia de migrantes venezolanxs: cada territorio adoptó normas específicas, que se desarrollaron a ritmos diferentes y a menudo dejaron a lxs migrantes en un vacío legal. Por ejemplo, en el Perú, la creación del PTP no concedía ni estatuto migratorio ni derechos de acceso a la salud: fue una medida puntual destinada, en esencia, a tomar una posición política contra el régimen de Hugo Chávez considerado «comunista», y no a proteger los derechos de lxs extranjerxs. Se observa claramente el oportunismo político a la luz de las siguientes líneas.
Tomemos el caso de la migración colombiana en Chile. Una de las causas más importantes de esta migración está relacionada con la situación de violencia en Colombia, específicamente en las ciudades de Buenaventura y Cali, cuya población es predominantemente afrodescendiente. En 2013, la Defensoría del Pueblo de Colombia [6] clasificó como zonas de riesgo al 35% de los barrios de Buenaventura. En 2016, según la Cancillería colombiana, desapareció una persona por hora; y en el año 2018, hubo 85.900 personas desaparecidas. Debido a esta violencia omnipresente, la mayoría de colombianxs que han abandonado y siguen abandonando sus regiones, reciben el estatus jurídico de «desplazadxs». Es decir, se han visto obligadxs a abandonar sus hogares y su país a causa de amenazas de muerte o agresiones físicas.
Entre los años 2014 y 2018, entrevisté a colombianxs que buscaban asentarse en Chile, la economía nacional más estable de la región. La mayoría de estas personas tenían una historia común: familiares asesinadxs por la guerrilla, casas confiscadas por pandillas, desapariciones forzadas, condiciones de vida difíciles, precariedad económica que las asfixiaba sin que haya respuesta alguna por parte del Estado colombiano. Para ellas, la única alternativa era abandonar Colombia. Sin embargo, al llegar a la frontera chilena, tuvieron que enfrentarse a una situación inesperada: fueron rechazadas por la PDI (Policía de Investigación), por el simple hecho de ser colombianxs –siempre según los testimonios– y por los prejuicios asociados con nacionalidad: asesinos a sueldo, «familia de Pablo Escobar», narcotraficantes, delincuentes, etc. Pero, además de los mencionados prejuicios, existe otro factor: el color de la piel. En Chile, según las entrevistas realizadas, ser colombianx es sinónimo de ser «negrx» y se les asocia con la delincuencia o con el narcotráfico.
Los prejuicios asociados a la nacionalidad colombiana se traducían en el «bombardeo» de preguntas que padecen las personas colombianas, incluso aquellas con estatus de desplazadas, porque para la PDI estas mienten sistemáticamente. Se observa nuevamente una estrecha relación entre los discursos globalizantes, culturalizantes y racializantes hacia las personas colombianas y el trato recibido en la frontera, entre el plano sociológico y el jurídico y viceversa.
La nacionalidad colombiana es el verdadero el blanco de esta desconfianza, ya que entre 2016 y 2017, la nacionalidad venezolana recibió un trato completamente diferente en la misma frontera, un trato benévolo tanto en la práctica como a nivel jurídico. Mientras que las personas colombianas eran de «la familia de Pablo Escobar», «buitres negros», las mujeres «de la carne negra», lxs venezolanxs encarnaban en los discursos cotidianos a lxs buenxs trabajadorxs, personas bien formadas que, a causa del régimen de Hugo Chávez, habían perdido todo, «y además son hermosxs», se podía escuchar también en la frontera. A partir del año 2015 y según una clasificación de Paéz y Vivas (2017), se inició una tercera fase de la migración venezolana, denominada «migración de la desesperación», que incluía a las familias más pobres del país que, sin los medios para viajar a Europa o a Estados Unidos, buscaban instalarse en Chile, como primera opción. Estas personas mayoritariamente correspondían fenotípicamente a los cánones de belleza occidentales: piel blanca, pelo y ojos claros.
Entre el estatus de desplazada de las poblaciones afrodescendientes y el permiso temporal de residencia de la población venezolana, esta última gozaba de más privilegios, ya que se ha movilizado más en el discurso público de las autoridades. Privilegios que se reflejaron, a la vez, en la actitud benévola de la población de acogida, que en ese momento, tanto en Chile como en el Perú, eran recibidxs con los brazos abiertos. Un año más tarde, cuando se hizo evidente la falta de estructuras para recibir una afluencia migratoria de esta magnitud, el PTP fue eliminado y los prejuicios benévolos cedieron el paso a otras representaciones, asociando la nacionalidad venezolana a traficantes de drogas, delincuencia, prostitución y los típicos prejuicios asociados a las personas migrantes.
Se repiten aquí los mismos principios que prevalecieron durante la colonización, en particular el rechazo a la alteridad: esto vale para el caso de personas colombianas, venezolanas y de quienes no entran en la categoría «ucranianx», por nombrar los casos que he presentado aquí. Actualmente se observa una alineación en la gestión de los flujos migratorios en el mundo con más o menos restricciones en función del presupuesto asignado a las entidades encargadas del control de fronteras, ya sea en Europa o en las Américas. Se ha impuesto una lógica de seguridad, cuyo principal enemigo interior es el denominado migrante. La persona extranjera encarna así una figura peligrosa, sobre todo en tiempos de crisis, y a la vez crea la ilusión de que todos los males que aquejan a la sociedad vienen de afuera. Las políticas públicas de gestión de los flujos migratorios varían constantemente, como hemos visto, según la coyuntura política, las estrategias geopolíticas, los intereses nacionales, pero hay algo que parece invariable y es la representación del extranjerx por las sociedades de acogida.
El despliegue de esta solidaridad selectiva puede ser considerado como la marca de un racismo subyacente que impregna la gestión de los flujos migratorios en Francia o en otros lugares. Sin embargo, la guerra en Ucrania o los movimientos migratorios sin precedentes en Sudamérica, así como las respuestas oportunas cuando hubo voluntad política, demuestran que los gobiernos de turno pueden, si se lo proponen, gestionar la movilidad humana con un enfoque basado en el respeto de los derechos humanos.