El 14 de enero, Bernardo Arévalo será inaugurado como el próximo presidente de Guatemala. En los casi cinco meses desde su inesperada victoria contra una figura política del sistema dominante las maniobras dirigidas a bloquear su toma de posesión han repetidamente puesto en duda la transferencia pacífica del poder. Sin embargo, el mes pasado, la Corte de Constitucionalidad afirmó “la toma de posesión efectiva de todos los cargos electos”. Ahora, a días de la toma de poder, Arévalo y su partido, Movimiento Semilla, anunciaron su gabinete administrativo en una muy esperada revelación.
En los últimos meses, murmullos entre académicos, analistas y periodistas guatemaltecos especulaban sobre por qué Arévalo y su partido esperaron tanto para confirmar a los funcionarios públicos entrantes. Una posible razón fue la dificultad de negociar y nominar a personas para un gobierno de transición. Otra razón probable fue la prolongada ofensiva contra Semilla emprendida por las élites políticas conservadoras en lo que ha sido un ciclo electoral extraordinariamente hostil.
Sin embargo, para quienes salieron en defensa de transferencia pacifica del poder, el gabinete refuerza la necesidad de continuar la lucha para fortalecer la democracia en Guatemala. “Lamentamos que el gobierno electo no haya aprovechado la oportunidad histórica de integrar un gabinete de Gobierno incluyente”, dijeron en un comunicado las autoridades indígenas conocidas como los 48 Cantones de Totonicapán, destacando la necesidad “vital” de “participación” de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka.
Creada en 2017 sobre una plataforma anti-corrupción, Semilla surgió en tierra fértil para una primavera democrática. En agosto de 2023, Arévalo y su partido de base de centro-izquierda sorprendieron al público nacional e internacional cuando ganaron las elecciones presidenciales con el 60 por ciento del voto popular. Pero para los integrantes de lo que en Guatemala se conoce como el Pacto de Corruptos —una red cada vez más densa y poderosa de funcionarios públicos corruptos operando bajo las sombras—, Semilla amenazaba el status quo.
Las fuerzas del sistema dominante no tardaron en lanzar un ataque legal y político para invalidar los resultados y deslegitimar a Semilla. Ha habido por lo menos cuatro intentos serios de anular las elecciones, el más atroz siendo la confiscación de “miles” de actas validando las elecciones por el Ministerio Público (MP), la misma institución a cargo de la investigación y persecución penal.
El 2 de octubre de 2023, las autoridades indígenas conocidas como los 48 Cantones de Totonicapán declararon un paro nacional indefinido contra el Pacto de Corruptos. En respuesta a la persecución política contra los afiliados de Semilla, los 48 Cantones exigieron la restauración de la democracia guatemalteca y pidieron a la población que se uniera a ellos para exigir la renuncia de tres funcionarios del MP encargados de dirigir un golpe judicial en cámara lenta, incluida la Fiscal General María Consuelo Porras.
Cuando las autoridades indígenas convocaron un paro nacional, la población no ocupó la plaza central de Guatemala, el corazón político de la capital del país, como había ocurrido en previas movilizaciones importantes, como las enormes protestas contra la corrupción de 2015. En vez de ello, la nación siguió el ejemplo de grupos de los pueblos originarios, cuya estrategia política había consistido en un bloqueo de una carretera comercial principal, que atraviesa sus territorios ancestrales. Cuando el país estalló en protestas, miles de habitantes salieron a las calles e instalaron bloqueos en sus propios barrios y a lo largo de carreteras locales. En su momento de mayor intensidad, el #ParoNacionalIndefinido descentralizado alcanzó más de cien bloqueos en todo el país.
La movilización imprevista provocó un paro total de la movilidad comercial e individual. Pancartas y carteles colgando de puentes y otros espacios públicos alegraban con sus consignas revolucionarias. Quizás aún más importante fue que ante la pausa en la distribución normal de alimentos y otros bienes, se multiplicaron los comedores populares que alimentaron a miles de personas casi gratuitamente. Médicos se ofrecieron como voluntarios para atender en los bloqueos. Por un momento, el liderazgo local y popular había triunfado.
El hecho de que incluso la Ciudad de Guatemala -donde se concentran la población ladina del país y las élites políticas conservadoras- se uniera a la resistencia, demostró el poder del liderazgo indígena y la conciencia campesina. Los barrios étnicamente mixtos y de clase trabajadora, como La Bethania, un proyecto de viviendas sociales del siglo XX convertido en comunidad de asentamientos ahora al margen del desarrollo urbano, se encontraban entre las comunidades más dedicadas a la protesta local, demostrando que la resistencia política podía cerrar una antigua brecha entre lo urbano y lo rural.
En noviembre, tras 3 semanas de paro generalizado, las autoridades indígenas reconsideraron la estrategia del paro nacional indefinido. Mientras gran parte del país volvía al trabajo, las autoridades indígenas, en colaboración con los 48 cantones, instalaron un plantón de protesta unido y pacífico frente al Ministerio Público. El MP es el eje de la estrategia de “lawfare” (guerra jurídica) del Pacto de Corruptos, no sólo contra Semilla, sino contra cualquier grupo o individuo que obstaculice sus intereses. Por ello, las autoridades indígenas se apresuraron a aclarar que su llamado a la acción no era necesariamente un respaldo a Semilla en sí, sino más bien en defensa del derecho de Semilla a tomar el poder. En otras palabras, el paro nacional indefinido era en defensa de la democracia, una demanda no partidista por un Estado funcional.
Política de los pueblos originarios desde abajo
La cobertura internacional de Guatemala en los últimos seis meses se ha centrado principalmente en las acciones y reacciones administrativas de los funcionarios corruptos del Estado, los esfuerzos de Semilla para resistir los embates, y las reacciones e involucramiento de la comunidad internacional, principalmente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Si bien estos son algunos elementos indiscutiblemente críticos de esta coyuntura, existen diferentes formas de lucha social y política que preceden, y perdurarán, más allá de cualquier momento o partido político.
Las mismas coaliciones, movimientos y autoridades indígenas que están al frente del paro nacional indefinido también están al frente de movimientos por la justicia transicional, la defensa territorial y los derechos de los migrantes. Sus luchas preceden esta coyuntura electoral no sólo por décadas, sino por generaciones. Durante más de cinco siglos, los pueblos originarios de Guatemala han luchado contra la conquista, el genocidio, el despojo, el racismo y la represión. La corrupción estatal es simplemente la expresión más reciente en esta larga lucha por la autodeterminación.
En una serie de tres entrevistas, discutimos estos temas con organizaciones con las que NISGUA ha trabajado por décadas, cada una de ellas involucrada a su modo en el paro nacional indefinido: la Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR), la Liga Maya Internacional y el Parlamento Xinka.
La Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR) está organizada por personas mayas sobrevivientes del genocidio y las masacres perpetrados por el Estado durante el conflicto armado interno de Guatemala. Realizan exhumaciones de personas desaparecidas y masacradas, y defienden los derechos de los sobrevivientes al testimonio y a la memoria histórica. La AJR fue querellante en el juicio por genocidio que en 2013 condenó al ex dictador general Efraín Ríos Montt. Actualmente es querellante en los juicios en marcha contra el ex dictador general Fernando Romeo Lucas García por genocidio y contra cuatro ex altos mandos militares por diversos crímenes de guerra.
La Liga Maya Internacional (LMI) es una organización liderada por mujeres y jóvenes, a la vanguardia de la preservación política, cultural, social y espiritual en las comunidades migrantes mayas. Organizada por personas mayas desplazadas forzosamente durante el conflicto armado interno de Guatemala, la LMI participó en las negociaciones de los acuerdos de paz guatemaltecos. Desde entonces, la organización ha creado el primer programa de interpretación de idiomas mayas para migrantes en el Atlántico Medio de Estados Unidos, ha establecido alianzas estratégicas con pueblos originarios de Norteamérica, ha puesto en marcha programas educativos para concientizar sobre las razones por las que los pueblos originarios se ven obligados a migrar, y mucho más.
El Parlamento Xinka es la asamblea de autoridades indígenas del pueblo Xinka. Es responsable de preservar la integridad cultural, espiritual, territorial y social del pueblo Xinka. Esto le ha llevado a un liderazgo activo en la lucha por la defensa del territorio, especialmente en la exitosa suspensión provisional de la mina Escobal, propiedad de una empresa minera transnacional de plata, a través de la resistencia comunitaria pacífica, la acción legal a nivel nacional, y el cabildeo internacional. En 2024, el pueblo Xinka avanza el proceso de consulta comunitaria sobre la mina, de acuerdo con el derecho al consentimiento libre, previo e informado. El Parlamento Xinka es una organización convocante del paro nacional indefinido.
Cada entrevista ofrece una visión y perspectiva desde el liderazgo de los pueblos originarios sobre el momento político que precede a la toma de posesión del Presidente Arévalo, pero también sobre cómo los retos y movilizaciones durante este ciclo electoral encajan en el contexto histórico y político más amplio de las luchas de los pueblos en Guatemala.
Tuvimos estas conversaciones en el segundo mes del paro nacional, que ahora lleva más de tres meses. Pero las reflexiones de los entrevistados adquieren un significado renovado a la luz de los nombramientos del gabinete de Arévalo. Aunque aún se están desarrollando las reacciones, en general los simpatizantes de Semilla han expresado su desilusión con un gabinete que carece del potencial revolucionario que el partido promovió en algún momento. Los 14 ministros -siete hombres y siete mujeres- van desde tecnócratas hasta funcionarios de gobiernos previos con vínculos al sector privado, a acusaciones de corrupción, y a represión estatal. Mientras algunos observadores excusan los engañosos nombramientos como consecuencia de los límites de un gobierno de transición, otros justamente destacan la falta de participación de los pueblos originarios, una ofensa a los 100 días de resistencia digna encabezada por las autoridades indígenas. Confirmado por los 48 Cantones, este descuido se nota “sobre todo en los ministerios de Economía, Educación, Agricultura, Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones y Energía y Minas, ya que son carteras de suma importancia para el desarrollo de nuestras comunidades.”
En conjunto, las entrevistas de esta serie afirman que el paro nacional indefinido es el florecer de semillas plantadas por ancestros, décadas atrás, al igual que la confirmación de que la primavera está en el horizonte. La llegada de la primavera puede ser facilitada por gobiernos, pero también existe más allá de ellos. Los pueblos originarios han preservado, plantado y cultivado semillas de vida durante 500 años, tanto bajo gobiernos favorables como adversos. Con los nombramientos del gabinete de Arévalo sugiriendo un aplazamiento de cambio revolucionario durante los próximos cuatro años, se pone de manifiesto una lección histórica de los pueblos originarios: el cambio estructural y la justicia yacen más allá de la política electoral. Mientras la resistencia liderada por los pueblos originarios persiste en la víspera de una inauguración presidencial histórica, traigan lo que traigan los próximos meses y años para Guatemala, las semillas del presente están llenas de promesa para el futuro.