El régimen socialista de Estado, que desde hace medio siglo impera en Cuba, integra dentro de una veterana tradición estatista los rasgos del modelo soviético: fusión Estado-Partido, control/colonización de la sociedad y bloqueo sistemático de sus capacidades de autoorganización. Desde el triunfo de 1959 aquel estado y su “sociedad civil socialista” promovieron un modelo de ciudadanía-militante, que identificó el orden estatal con la nación, tendió a la unanimidad como forma de expresión de identidades y criterios, estimuló la redistribución social de la riqueza y el rechazo a la exclusión por género y raza. Sin embargo, el nuevo orden también consagró sospechosa (y punible) la reivindicación de colectividades/identidades alternativas a las “revolucionarias” (aunque no necesariamente opuestas al proceso) como las homosexuales, religiosas y algunas manifestaciones/grupos artísticos, y propició un encuadre que garantizó el predominio estatal en el ordenamiento y provisión sociales.
Por ello este texto propone explorar la relación entre las políticas de participación, diseñadas y dirigidas desde el estado, y aquellas prácticas de autonomía que emergen de la sociedad, procurando la representación de identidades y demandas preteridas por el orden formal. No se trata de un abordaje exhaustivo, que requeriría reunir miradas más puntuales y sobre todo una acuciosa cartografía de las estructuras sociales y los decursos históricos que abrigan los nexos y desencuentros entre ambos procesos. En esta ocasión se trata de aportar una valoración del estado de la cuestión en la actualidad, para explorar el potencial existente (o bloqueado) para una mayor empoderamiento de la ciudadanía, de cara a los contenidos conservadores (en sus rasgos de mercantilismo autoritario) de las reformas en curso [1].