Una misión internacional acudirá a Quito del 11 al 13 de enero 2011 para presentar las conclusiones y recomendaciones del informe, a las autoridades gubernamentales, al sector minero, a los medios de comunicación y a actores de la sociedad civil.
En este informe, la FIDH y la CEDHU demuestran y denuncian:
• la ausencia de mecanismos de consulta apropiados;
• un proceso de adquisición de tierras caracterizado por irregularidades que perjudican el derecho a la vivienda y al no desplazamiento;
• la ausencia de garantías para proteger a las poblaciones frente a los impactos medioambientales
que produciría la extracción minera a gran escala especialmente en relación al derecho al agua;
• la represión y criminalización a personas opuestas a los proyectos mineros a gran escala, en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago.
“Estas prácticas se traducen en violación a los derechos fundamentales como el derecho a la integridad física y personal, la libertad y la seguridad individual, la libre expresión, la dignidad humana y el derecho a un trato equitativo”, recuerda Elsie Monge, Directora ejecutiva de la CEDHU.