Nos unimos en solidaridad con quienes coordinan las acciones que se llevarán a cabo el primer de agosto de 2012 en Canadá y en Latinoamérica en protesta contra la imposición de proyectos extractivos a gran escala, y en particular la minería industrial, en las comunidades sin su consentimiento previo, que pueden tener graves efectos en el bienestar de pueblos aborígenes y otros.
Como sede de casi el 60% de las empresas mineras cuyas acciones se cotizan en las bolsas de valores canadienses, y como principal fuente actual de capital para el sector minero de muchos países latinoamericanos, resulta vergonzosa la agresiva promoción que el gobierno canadiense hace de la industria minera en Latinoamérica, en especial cuando se toman en cuenta las frecuentes violaciones de los derechos individuales y colectivos en las comunidades afectadas por la minería, y la intransigencia del gobierno canadiense para hacer valer los controles obligatorios sobre su industria minera externa, a pesar de las distintas recomendaciones que ha recibido sobre esos casos.