La realización de actividades empresariales sin tener en cuenta los derechos de los pueblos indígenas, tal y como han sido reconocidos por las normas internacionales, ha generado impactos altamente negativos sobre el medio ambiente y la vida económica, social, cultural y espiritual de los pueblos indígenas. Esta actividad irresponsable de las empresas, en ocasiones derivada de la connivencia o del desinterés de los gobiernos concernidos, continúa generando graves conflictos sociales en las áreas con presencia indígena.
Las conclusiones y recomendaciones del Relator James Anaya hacen hincapié en la responsabilidad compartida de empresas y Estados: “Dentro del marco conceptual elaborado por el Representante Especial del Secretario General sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales (proteger, respetar y reparar), corresponde a las empresas, al menos, el deber de respetar las normas internacionales relativas a los derechos humanos de los pueblos indígenas”. Leer más