No me cabe ninguna duda que uno de los anuncios más importantes del presidente electo de Perú, Ollanta Humala, este 28 de julio tendrá que ver con la materialización del derecho a la consulta en el Perú. Es decir, cumplir cabalmente con lo que manda el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, por fin, contar con el consentimiento de las comunidades indígenas, campesinas o nativas a la hora de dar luz verde a la extracción de minerales, petróleo, gas, la construcción de centrales hidroeléctricas, el tendido de cables de trasmisión o la colocación de gasoductos en sus territorios.
A decir verdad, no basta con firmar un convenio internacional o poner una demanda judicial para que se garantice un derecho en el Perú. La población ha aprendido que los derechos se conquistan. Y es de esta manera que el movimiento indígena amazónico y las comunidades afectadas por la minería de la sierra y la costa ganaron, pagando con sangre, la derogación de decretos, leyes o la retirada de alguna concesión que vulneraba sus derechos o atentaba con su propia vida.
El Baguazo del 2009 es quizá el mayor símbolo de esa conquista y también marca el inicio del fin del periodo posfujimorista denominado “transición democrática” que no pudo responder a las exigencias de la población con sus mesas de diálogo, acuerdos nacionales, presupuestos participativos o planes concertados de desarrollo. Pero, además, el Baguazo representa el momento en que definitivamente los pueblos indígenas amazónicos del Perú se constituyeron como un actor político capaz de torcerle el brazo a un gobierno al que no le interesó incluirlos y respondía con balas a sus protestas.