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Medios de Comunicación privados deben ser juzgados por difundir falsas noticias

Por Israel Colina

, por Rebelión

La guerra mediática nacional e internacional contra el Gobierno Bolivariano, no ha cesado desde 1998. La mentira y la tergiversación de hechos trascendentes, así como la descontextualización de opiniones, es el signo de las empresas privadas de “información” que plenan el sector económico de las telecomunicaciones en nuestro territorio. A la fecha, no se ha sancionado penalmente a ningún medio de comunicación venezolano (radio, televisión, periódicos o portales de internet) para empezar a resarcir los daños morales y patrimoniales provocados a la nación durante el Golpe de Estado del 12 de Abril de 2002, ni por el Paro Petrolero patronal de diciembre 2002 y enero de 2003; menos aún por hechos subsiguientes que han perseguido y persiguen la desestabilización permanente de Venezuela.

Alienar, desinformar, crear desasosiego, caotizar la realidad, mentir, incitar al odio, generar conflictos fraticidas, vilipendiar, difamar e injuriar, son algunas de las prácticas constantes de dichas empresas. Todo bajo el manto de la gastada frase “libertad de expresión”. Tras convertirse en actores políticos claves en los procesos sociales, pretenden ser tratados únicamente como periodistas, simples opinadores y mediadores ante los hechos que fungen expresamente como “palangristas parcializados” y ejecutores de planes de manipulación por políticas editoriales trazadas desde el psicoterrorismo mediático, con el propósito de confundir, atemorizar y amedrentar el accionar cotidiano de los ciudadanos y los Gobiernos que propenden a hacer cambios estructurales en favor de las mayorías.

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