La adopción de un tímido plan multilateral frente a los problemas ambientales del planeta; el bloqueo parcial a la legitimación del discurso que plantea la “economía verde” como solución a la crisis ambiental; y una agenda convergente renovada de los movimientos sociales, son algunos de los aspectos a destacar de los grandes encuentros mundiales que se desarrollaron en días pasados en Río de Janeiro, bajo el paraguas de Río+20
La Declaración política de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (20-22 de junio), titulada El Futuro que Queremos, es, como muchos documentos intergubernamentales de su género, una mezcla contradictoria de afirmaciones, recomendaciones, reconocimientos y algunos compromisos, donde se yuxtaponen enfoques de desarrollo, propuestas empresariales y visiones de nuevos paradigmas.
El plan de acción abarca una veintena de áreas, que incluyen desde la erradicación de la pobreza hasta los bosques y la biodiversidad, pasando por seguridad alimentaria, ciudades, océanos, montañas y minería, entre otras.
Pero queda muy corto en relación al tamaño del desafío; sobre todo cuando no cuenta con recursos para su implementación, puesto que la propuesta del G77 de crear un fondo de 30 mil millones de dólares fue rechazado por los países más ricos que se negaron a asumir nuevos compromisos financieros.