“La unidad de los pueblos por la vida y por el agua”

Por Mónica Bruckmann

, por ALAI

Entrevista a Gregorio Santos, Presidente de la región Cajamarca-Perú

Cajamarca se ha convertido, en los últimos meses, en el centro del conflicto por la defensa de la soberanía de los recursos naturales y el medio ambiente en el Perú y, ciertamente, por la dimensión de los intereses que están en disputa, se ha convertido también en el centro del conflicto a nivel continental. El proyecto minero Conga, que ha sido declarado inviable por el gobierno regional de Cajamarca, amenaza con acabar con las reservas de agua dulce de la región y, según lo indican los estudios de impacto ambiental realizados por el propio Ministerio del Ambiente del gobierno peruano, produciría daños irreversibles al ecosistema de la región y contaminaría gravemente la cuenca hidrográfica del río Marañón, que como se sabe, es el principal afluente de la cuenca superior del Río Amazonas.

Por lo tanto, lejos de un impacto ambiental puntual, se trata de una grave amenaza a la cuenca amazónica y, por consiguiente, al ecosistema de la principal floresta húmeda del planeta.

Por otro lado, los intereses económicos de Conga no son menores, pues se trata de un proyecto en manos de la segunda mayor empresa de extracción de oro del mundo, en un país que ocupa el primer lugar en producción de oro en América Latina y el sexto a nivel mundial.

Hace ya algún tiempo venimos estudiando las diferentes dimensiones de la disputa entre proyectos hegemónicos y contra-hegemónicos en la coyuntura mundial contemporánea y la complejidad que esto significa para la geopolítica latinoamericana. Nuestras investigaciones muestran que la disputa por los recursos naturales estratégicos ha adquirido una centralidad cada vez mayor en la dinámica de acumulación del capitalismo contemporáneo, creando prácticas cada vez más violentas de expropiación y de expulsión de las poblaciones locales, generalmente indígenas y campesinas, de los territorios productores de estos recursos. Estos conflictos se apoyan cada vez más en una política de militarización de los territorios y criminalización de los movimientos sociales en la región.

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