El tema del territorio como telón de fondo
Al lado de la dimensión productiva, los flujos de inversión que se mueven en torno a la minería y el creciente comercio internacional, hay una dimensión territorial que es importante tomar en cuenta para entender lo ocurrido en las dos últimas décadas. La minería se ha expandido territorialmente y cada vez más, diversos ecosistemas aparecen hoy en día presionados por esta actividad.
En las dos últimas décadas la minería no solo creció en los países donde ya estaba bastante bien implantada, sino también en nuevos países donde no había minería o esta era una actividad a muy pequeña escala. Lo cierto es que en la actualidad cada vez se desarrolla minería en regiones más remotas: en Asia Central y África Occidental; Oceanía; desde Alaska hasta la Patagonia en las Américas, se puede constatar toda esta dinámica de expansión.
Las inversiones mineras hoy en día acceden a zonas que hasta hace muy poco eran consideradas protegidas: por ejemplo, Mongolia hace apenas unos años ha permitido el ingreso de inversionistas extranjeros a sus territorios para la exploración y eventual explotación de recursos naturales. Otro ejemplo son las zonas de frontera de los países en las que por motivos de seguridad nacional hasta hace un tiempo no se permitían inversiones de empresas privadas, sobre todo de inversionistas extranjeros.
Por ejemplo, la minería no solo creció en los países latinoamericanos con una larga tradición minera, como Chile, Perú, Bolivia, México, sino que también aumentó significativamente en países con menor tradición y presencia minera, como Argentina, Uruguay, varios países de América Central, Ecuador, Colombia, etc. Como hemos mencionado, cada vez más diversos ecosistemas aparecen hoy en día presionados por la expansión de esta actividad: en el caso de América Latina podemos citar el caso de los páramos, sistemas de lagunas, cabeceras de cuencas, la Amazonía, glaciares, etc.
Poner la noción del territorio como uno de los ejes centrales del análisis, permite entender cómo se configuran los procesos sociales, económicos y jurídicos y por supuesto también cómo se presentan las disputas como consecuencia de las apuestas extractivistas que se dan en los países y la consecuente ruptura de los equilibrios pre existentes en materia económica, social, cultural y ambiental: no hay minería sin el control de grandes extensiones de tierra y sin el control de recursos hídricos; bienes de la naturaleza que antes de que llegue la minería han estado manejados por las poblaciones, principalmente rurales, comunidades campesinas, pueblos indígenas.
El tema de los conflictos sociales y las tendencias imperantes
Como consecuencia de la expansión extractiva, el otro aspecto que ha caracterizado esta etapa ha sido el de los conflictos. El boom minero ha estado acompañado de un boom de protestas sociales de diferentes tipos.
Si bien cada región presenta sus especificidades, lo cierto es que esta es una tendencia global. Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente [1], da cuenta que el 40% de los conflictos internos que se generan en el mundo tienen sus orígenes en temas vinculados a la explotación de recursos naturales. Los conflictos vinculados a la minería han estado y siguen estando fuertemente presentes en África, Asia, Oceanía, las Américas y hasta comienzan a resurgir en algunos países europeos.
Adicionalmente, los conflictos han tenido giros importantes en las últimas décadas. Por ejemplo, hasta inicios de la década del 90 del siglo pasado, cuando se hablaba de conflictos mineros, la confrontación por excelencia era la laboral, la denominada contradicción capital trabajo: en los países con una larga tradición minera, los sindicatos de trabajadores y sus federaciones eran organizaciones gravitantes que lograban paralizar la producción, muchas veces con huelgas nacionales.
En la actualidad, el conflicto laboral vinculado a la minería ha sido desplazado a un segundo plano y la contradicción principal se da con las poblaciones vecinas y la disputa por el control y manejo de territorios y el agua. Los conflictos que en varios países se califican como socio ambientales, también pueden definirse como territoriales: la defensa de los territorios es un componente central que caracteriza esta etapa de expansión extractiva.
Según la base de datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (ver mapa), no hay país de esta región que no registre en la última década una conflictividad social vinculada a esta actividad y con una clara tendencia al alza: los conflictos no solamente han aumentado en número sino también en intensidad.
Tipología y evolución de los conflictos
¿Se puede establecer una tipología de los conflictos vinculados a la minería? Pese a que empresas, gobernantes e incluso algunos organismos internacionales vinculados a la promoción de políticas extractivistas [2], presentan los conflictos mineros como homogéneos y la principal hipótesis que manejan es la del complot en contra de la minería, lo cierto es que la realidad es bastante más compleja y diversa.
Un primer aspecto a subrayar es que la teoría del complot simplifica en extremo la visión del conflicto: todos los conflictos responderían a las mismas causas y desarrollarían idénticas estrategias. Se dice que “hay un modus operandi” generalizado que se reproduce en los territorios sea cual sea la situación de conflicto.
Además, la teoría del complot termina justificando las respuestas autoritarias frente a los conflictos: los estados de emergencia y la militarización se terminan imponiendo. De esta forma, no sólo se ignoran las bases objetivas que están en el origen de los conflictos, sino que un conflicto social se transforma o se reduce a una suerte de problema de orden público y así se pretende justificar la estrategia dura, que militariza las zonas en conflicto y criminaliza la protesta, precisamente para restablecer el orden público.
Lo cierto es que no todos los conflictos vinculados a la minería son similares o apuntan a lo mismo y al hacer un recuento de casos emblemáticos ocurridos en los países [3], se puede concluir que existen especificidades y es determinante reconocerlas.
Por ejemplo, hay conflictos donde el cuestionamiento y el rechazo al proyecto es el núcleo central de la protesta. Este tipo son denominados como conflictos de resistencia y hay una larga lista de ejemplos en América Latina: Tambogrande, Tía María y Conga en el Perú; Sipacaca en Guatemala; el caso de Esquel en Argentina, son algunos de los conflictos de resistencia y rechazo a la minería.
Hay otros casos que más bien pueden ser definidos como conflictos de convivencia y donde la agenda no apunta necesariamente al rechazo absoluto a la minería, sino más bien a lograr niveles de acuerdo y negociación con las empresas en temas sociales, económicos y ambientales, lo que podría definirse como una suerte de nuevo contrato social entre empresas y poblaciones. Este tipo de situaciones se ve sobre todo en países con una mayor tradición y presencia de la minería, como es el caso de Perú, Chile, Bolivia, Brasil y México.
Lo cierto es que tanto en los conflictos de resistencia como en los de convivencia hay una agenda de derechos que se expresa claramente en situaciones que pueden variar: desde (1) espacios que se caracterizan por una alta conflictividad; pasando (2) a zonas de estallidos seguidos de procesos de negociación; (3) otras de conflictividad permanente pero de baja intensidad y finalmente (4) espacios con escasa conflictividad.
En cualquier de las situaciones mencionadas se identifican cuatro grandes categorías de actores, todos ellos múltiples y complejos: las empresas, el Estado y las comunidades locales aparecen como actores centrales y configuran un triángulo de interacciones cotidianas que definen las características de los conflictos; a ellos se les suman un conjunto diverso de actores “externos”, que intervienen en las dinámicas y desenlaces de los conflictos: organismos no gubernamentales locales e internacionales, iglesias, universidades, etc.
¿Cuáles son los temas de fondo en los conflictos?
En la base de la dinámica de las protestas existen razones de fondo que explican su surgimiento, lo que permite hablar de una conflictividad estructural. Una primera razón es la percepción de riesgos que corre el medio ambiente como consecuencia de la minería, y en qué medida afectará el medio de vida de comunidades tradicionalmente ligadas a actividades agropecuarias, en donde se manifiestan temores a cambios drásticos en modos de vida y patrones culturales.
Un segundo aspecto clave en los conflictos mineros es la disputa por recursos naturales que se expresa, como ya se ha señalado, en la disputa por el uso de suelos y del agua. No siempre se trata de conflictos ecológicos en el sentido estricto de la palabra, es decir, restringidos a la defensa de la biodiversidad debido a su valor propio: las comunidades rurales consideran el tema ambiental también –y probablemente más– en términos de derechos al acceso a la tierra y al agua, es decir, los medios que constituyen el fundamento de su economía familiar. En otras palabras, en cuanto a recursos naturales, las empresas y las comunidades compiten por los mismos recursos económicos.
Un tercer tema tiene que ver con aspectos económicos. Lo cierto es que la presencia de la minería no sólo causa rechazo, en ocasiones también se generan expectativas económicas que por lo general no son satisfechas ya que no se producen grandes beneficios directos, en términos de empleo o de compras a las comunidades aledañas. La pobreza y la exclusión social de las comunidades ubicadas en los alrededores de las minas muestran una gran contradicción con la riqueza y el poder de las empresas.
Un cuarto tema tiene que ver con la defensa de la autonomía comunal. Para las comunidades, la presencia de las empresas mineras significa la intrusión de un actor externo que trae como consecuencia una variedad de alteraciones, que incluye en extremo la pérdida de recursos, la reubicación de la población, la destrucción del tejido social. En este caso, la defensa del territorio expresa también la preocupación por mantener el control sobre el modo de vida local con su respectiva organización social, económica y política.
La transformación de los conflictos y las necesarias transiciones
Una lectura diferente y alternativa sobre los conflictos apunta a afirmar que no se puede entender lo que viene ocurriendo con la minería, sino como el resultado de una serie de vacíos que siguen sin ser resueltos porque no existe voluntad política de resolverlos y porque no se han podido superar las debilidades de los Estados y un orden caracterizado por un conjunto de asimetrías: no hay un escenario que resuma de mejor manera lo que es una relación asimétrica, que la convivencia entre una gran empresa transnacional minera o de hidrocarburos y una población rural, campesina e indígena.
Son más de 20 años de expansión minera que ha provocado impactos acumulativos y una situación de estrés social y ambiental en varias regiones en el planeta. Hay una agenda de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales que espera un abordaje serio y cambios sustantivos de políticas para transitar de un extractivismo exacerbado, depredador, productor de conflictividad social, a un escenario distinto donde se necesita construir nuevos equilibrios.
La contestación a la forma como se viene haciendo minería en las últimas décadas tiene características globales. Todos estos procesos en diferentes regiones en el mundo vienen abriendo debates que en algunos casos comienza a provocar decisiones que toman algunos Estados y que implican el inicio de cambios de las políticas instaladas hace dos décadas: Costa Rica y El Salvador son claros ejemplos de dos países en América Latina que le han dicho no al modelo extractivista. También se puede citar, iniciativas legislativas que buscan proteger de la extracción minera ecosistemas frágiles como los glaciares en Argentina, entre otras.
Lo cierto es que las luchas desplegadas en varios países han logrado que una problemática que se veía hasta hace unos años bastante alejada de los grandes centros de poder, en la actualidad sea un tema gravitante a nivel global. Sin embargo, todavía queda mucho terreno por recorrer y no solamente se trata de observar los procesos en curso; se trata también de acompañarlos, visibilizar lo que pasa en los territorios y “hacer política” en el sentido más democrático, transparente e incluyente del término. Las luchas de resistencia vienen planteando debates programáticos de fondo y propuestas de políticas públicas alternativas en la lógica de las transiciones a nuevos escenarios post extractivistas.