Las Compañías Militares y de Seguridad Privada (CMSP) son empresas privadas que ofrecen servicios relacionados con el uso de la fuerza, ya sea de manera directa como la participación en combates; o indirecta, mediante apoyo logístico, entrenamiento y asesoría estratégica. Estas compañías han ganado protagonismo desde finales del siglo XX, especialmente tras el fin de la Guerra Fría (1989), cuando muchos ejércitos estatales se redujeron y una gran cantidad de soldados entrenados quedaron desempleados. En este contexto, las CMSP se presentaron como una alternativa para satisfacer las crecientes demandas de seguridad [1] en un mundo cada vez más globalizado y para enfrentar las nuevas amenazas transnacionales como el terrorismo y el narcotráfico. Su expansión ha estado vinculada tanto a contextos de conflictos armados como a operaciones de seguridad para empresas privadas y gobiernos.
Este fenómeno ha dado lugar a la creación de un mercado internacional multimillonario, pero también ha desatado controversias relacionadas con la regulación de sus actividades, su estatus legal y su responsabilidad en violaciones de derechos humanos. En muchos casos, estas empresas operan en una "zona gris" donde la falta de regulación efectiva les permite actuar con impunidad. [2]
Este artículo explora las principales problemáticas que rodean el mercado de la seguridad privada y cómo la creciente demanda global de estos servicios ha transformado el panorama de la seguridad en América Latina, particularmente en Colombia. A pesar de que la región no se caracteriza por conflictos internacionales de gran escala, se ha convertido en un importante proveedor de mano de obra para las Compañías Militares y de Seguridad Privada (CMSP). Colombia, en especial, ha servido como un laboratorio para la implementación de modelos de contratación de personal por parte de compañías de seguridad privada estadounidenses y para la operación de estas empresas dentro de su territorio, bajo la asistencia en seguridad proporcionada por Estados Unidos. La colaboración entre ambos países impulsó el fortalecimiento de las fuerzas armadas locales y generó personal altamente calificado, que más tarde se convirtió en un recurso valioso para su contratación en conflictos internacionales, como los de Afganistán (2001-2021) y Ucrania (2022 - actual).
La experiencia colombiana ha contribuido así a la mercantilización de la violencia a nivel global, con implicaciones significativas para la seguridad, la estabilidad regional y la legitimidad de los Estados. Este análisis se centra en cómo Colombia ha logrado posicionarse como uno de los principales proveedores de personal a nivel mundial en el ámbito de la seguridad privada, y estudia las implicaciones de esta tendencia en la seguridad, la estabilidad regional y la legitimidad de los Estados.
El artículo se estructura en tres partes. En la primera, se analiza cómo las Compañías Militares y de Seguridad Privada (CMSP) han reemplazado a los mercenarios tradicionales, operando en zonas de conflicto bajo contratos legales, pero generando desestabilización; entiende la estabilización como la interrupción o debilitamiento de las estructuras políticas y sociales de los Estados, promoviendo la dependencia en fuerzas extranjeras y erosionando la legitimidad del poder gubernamental y local. La segunda parte examina el papel fundamental de Estados Unidos como impulsor de este fenómeno. Finalmente, en la tercera parte, se presenta el caso de América Latina, destacando su rol como proveedora de mano de obra para estas compañías
El auge de las compañías militares y de seguridad privada: fragmentación del monopolio estatal de la fuerza
El personal de estas empresas se denominan mercenarios, término históricamente utilizado para describir a individuos que se enlistan voluntariamente en las fuerzas armadas de un Estado beligerante del cual no son ciudadanos, con el objetivo de obtener beneficios personales, principalmente económicos. Aunque los mercenarios jugaron un papel importante en la Edad Media y en los conflictos coloniales, su uso ha sido condenado y prohibido por diversas leyes y convenciones internacionales, como la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Uso, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios de 1989, la Convención de la Unión Africana de 1972, y el Protocolo I de los Convenios de Ginebra de 1949.
Debido a su ilegalidad, actualmente, las CMSP especifican que tienen contratistas de seguridad, sin embargo, la diferenciación entre "mercenarios" y "contratistas" es problemática y en muchos casos constituye un cambio de nomenclatura que no altera la realidad de los hechos. Aunque las CMSP se presentan como entidades empresariales que operan bajo contratos legales, estableciendo un vínculo formal con sus empleadores, su motivación sigue siendo eminentemente económica y sus actividades en muchos contextos se asemejan a las de los mercenarios tradicionales.
El cambio de terminología no implica un cambio en la naturaleza de sus operaciones. Aunque las CMSP trabajan dentro de un marco regulado (en muchas ocasiones, débilmente establecido), se mueven en una zona de ambigüedad legal que les permite eludir responsabilidades y actuar de forma autónoma, desafiando la capacidad de los Estados para ejercer control sobre el uso de la fuerza dentro de su territorio. En otras palabras, cambiar el nombre de “mercenarios” a “contratistas” no altera el hecho de que estas compañías continúan ejerciendo la violencia y generando desestabilización en contextos de conflicto. [3]
Colombia es un caso emblemático de este fenómeno; a partir de la década de 1990, las CMSP comenzaron a operar en el país en el contexto de la cooperación militar con Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico. Su participación se incrementó notablemente con el Plan Colombia, un paquete de asistencia estadounidense que incluía operaciones de seguridad, capacitación de fuerzas locales y actividades antinarcóticos. Sin embargo, en lugar de enviar directamente a oficiales del ejército estadounidense, Estados Unidos decidió tercerizar gran parte de esta asistencia a través de empresas privadas. Estas compañías asumieron la responsabilidad de formar y modernizar a las fuerzas colombianas, así como de intervenir en operaciones específicas, principalmente relacionadas con la fumigación aérea de cultivos ilícitos.
El uso de CMSP por parte de Estados Unidos fue una estrategia para evitar el despliegue masivo de tropas estadounidenses y para reducir el costo político de una intervención directa. En este sentido, Estados Unidos promovió la expansión de estas empresas, que reclutan principalmente a ex-militares, tanto estadounidenses como de otras naciones, a través de contratos privados, financiados por el propio gobierno de Estados Unidos.
Este modelo de intervención fue posteriormente exportado a otros conflictos como Afganistán, donde compañías como DynCorp replicaron la experiencia adquirida en Colombia, participando en la formación de fuerzas locales y en operaciones de seguridad. [4] El caso de DynCorp ilustra claramente esta evolución. Inicialmente, la compañía estuvo involucrada en la fumigación de cultivos de coca y en tareas de soporte logístico en Colombia. Con el tiempo, sus actividades se expandieron hacia la protección de instalaciones y personal, y eventualmente, hacia la participación directa en enfrentamientos armados. Otro caso relevante es el de la compañía israelí Spearhead, liderada por Yair Klein, [5] quien fue contratado por empresarios y narcotraficantes colombianos para entrenar a grupos paramilitares colombianos en los años 80. Klein capacitó a paramilitares en técnicas militares, contribuyendo así a la militarización del conflicto colombiano y la creación de un ambiente de violencia que escapaba al control estatal. [6]
El crecimiento y la operación de las CMSP presentan varios desafíos y riesgos. Uno de los más importantes es la fragmentación del monopolio estatal de la fuerza; la presencia de actores privados en operaciones de seguridad y defensa debilita el control estatal y genera zonas de inseguridad, especialmente en contextos de conflicto interno. En Colombia, la participación de CMSP como DynCorp, AirScan y Northrop Grumman en operaciones militares ha llevado a una sociedad militarizada y a la pérdida de legitimidad del Estado. [7] Otro de los inconvenientes es la violación de los derechos humanos y las perdidas civiles que quedan impunes. Por ejemplo, en Irak, la participación de la CMSP Blackwater en la masacre de Nisour Square en 2007, que resultó en la muerte de 17 civiles iraquíes, y en Colombia el bombardeo de Santo Domingo, Arauca, en 1998, donde AirScan estuvo involucrada y resultaron muertos 17 civiles. Estos son solo dos ejemplos de cómo estas compañías actúan con impunidad en la región, haciendo más difícil el control democrático y lucha contra la impunidad de los crímenes de guerra.
Actualmente, en la guerra de Ucrania, se ha observado un incremento en la participación de Compañías Militares y de Seguridad Privada, que operan tanto del lado ruso como del ucraniano. Empresas como el Grupo Wagner, con vínculos estrechos con el gobierno ruso, han desempeñado un papel clave en el conflicto, asumiendo tareas que van desde el entrenamiento y despliegue de combatientes hasta operaciones de combate directo. La intervención de estas compañías no sólo desdibuja la línea entre las fuerzas armadas estatales y los actores privados, sino que también contribuye a la escalada de la violencia, y la proliferación de violaciones a los derechos humanos, generando zonas de impunidad y fragmentación del poder estatal.
Esta situación evidencia cómo la mercantilización de la violencia trasciende las fronteras nacionales y se consolida como un fenómeno global con profundas repercusiones para la seguridad y la legitimidad de los Estados. Además de debilitar la autoridad estatal, la población también se ve afectada de diversas maneras. Al depender de empresas privadas para su seguridad, los ciudadanos quedan expuestos a posibles abusos y violaciones de derechos humanos, ya que las CMSP operan con menor supervisión y bajo regulaciones menos estrictas que las fuerzas armadas estatales. Esto genera una falta de transparencia y responsabilidad en las operaciones de seguridad.
Por otro lado, el medio ambiente también sufre las consecuencias de las actividades de estas compañías, que muchas veces no tienen interés en su protección. En Colombia, por ejemplo, el uso del glifosato para la fumigación de cultivos ilícitos, una práctica promovida por algunas CMSP, ha causado graves daños ecológicos y afectado la salud de las comunidades locales, a pesar de estar prohibido por las leyes internacionales. Asimismo, estas empresas a veces facilitan la extracción de recursos naturales sin un control adecuado, como la minería en zonas protegidas, lo que agrava la degradación ambiental y genera conflictos sociales por la explotación desregulada de territorios. En conjunto, este fenómeno amplía los desafíos para la estabilidad, la cohesión social y la sostenibilidad de los recursos, erosionando aún más la legitimidad de los Estados que dependen de actores privados para funciones esenciales.
Estados Unidos y las Compañías Militares y de Seguridad Privada: Herramientas Estratégicas de Poder y Control Global
Estados Unidos ha sido un actor fundamental en el impulso y expansión del mercado de seguridad privada a nivel global. No solo figura como uno de los principales contratantes de los servicios de Compañías Militares y de Seguridad Privada (CMSP), sino que también ha promovido activamente su uso como una herramienta estratégica en escenarios conflictivos como Afganistán, Irak y Uganda.
Para Estados Unidos, las CMSP no son simplemente una solución operativa; representan una ventaja política y económica que le permite proyectar su poder e influencia en diversas regiones sin recurrir al despliegue de sus fuerzas armadas de manera formal. De este modo, el uso de CMSP se convierte en una extensión de su política exterior, facilitando un nivel de intervención menos visible y, por lo tanto, menos propenso a generar controversia tanto en la arena doméstica como en la internacional. En lugar de depender exclusivamente de las fuerzas militares tradicionales, Estados Unidos utiliza estas compañías como un recurso que le permite moldear el entorno de seguridad global según sus intereses, minimizando al mismo tiempo los costos políticos y diplomáticos que implicaría el despliegue de tropas oficiales. Así, la utilización de CMSP no es solo una cuestión de economía y eficiencia, sino una estrategia deliberada para mantener su hegemonía y responder con mayor flexibilidad a los desafíos globales. [8]
Existen diversas razones estratégicas que explican por qué Estados Unidos apoya y promueve el desarrollo de estas compañías. En primer lugar, la reducción de costos y recursos: el uso de CMSP permite a Estados Unidos desplegar personal altamente capacitado sin incurrir en los costos permanentes asociados a la manutención de una fuerza militar regular. A diferencia de las tropas convencionales, los contratistas privados son empleados únicamente cuando se requiere, lo que disminuye significativamente los gastos en logística y sostenimiento. Además, el perfil típico del personal contratado por estas compañías consiste en ex-militares que ya han recibido formación por parte de las fuerzas armadas de otros Estados u organizaciones. Esto permite a Estados Unidos tercerizar los costos de entrenamiento y aprovechar los conocimientos adquiridos por estos ex-soldados sin haber invertido en su capacitación inicial. El ahorro resultante es significativo, especialmente en contextos donde la intervención militar prolongada no es sostenible ni políticamente viable.
En segundo lugar, las CMSP reducen el costo político de las intervenciones militares. Al recurrir a contratistas privados, el gobierno estadounidense puede llevar a cabo operaciones de alto riesgo o participar en conflictos sin exponer directamente a sus fuerzas armadas. Esto reduce el impacto político en caso de bajas, ya que la pérdida de contratistas no suscita el mismo nivel de escrutinio público ni genera presiones internas para modificar la estrategia de intervención. Por ejemplo, en Irak, las bajas entre los contratistas de Blackwater y otras CMSP no recibieron la misma atención que las muertes de soldados estadounidenses, lo que permitió a Estados Unidos mantener un mayor número de efectivos en el terreno sin sufrir las repercusiones políticas que podrían haber ocurrido con la pérdida de personal militar.
La tercera razón clave es la flexibilidad operativa que las CMSP ofrecen. Estas compañías tienen la capacidad de adaptarse rápidamente a distintos contextos y proporcionar una amplia gama de servicios que van desde la protección de instalaciones y personal hasta operaciones de combate, asesoría estratégica y entrenamiento de fuerzas locales. Su estructura modular y capacidad de operación autónoma les permite movilizarse con rapidez a cualquier lugar del mundo, sin los largos procesos burocráticos y diplomáticos que enfrentan las fuerzas militares tradicionales. Esto facilita la implementación de respuestas rápidas y especializadas en entornos de conflicto, convirtiendo a las CMSP en una herramienta valiosa para las necesidades cambiantes de seguridad de Estados Unidos.
Finalmente, el uso de CMSP está vinculado a la implementación de la política exterior estadounidense en regiones donde una intervención militar directa podría ser políticamente riesgosa o diplomáticamente inviable. Al contratar estas compañías, Estados Unidos puede llevar a cabo operaciones de inteligencia, combate y entrenamiento en nombre del gobierno, sin asumir oficialmente la responsabilidad de las acciones llevadas a cabo. En América Latina, esto se ha manifestado claramente en el Plan Colombia, donde la presencia de CMSP permitió a Estados Unidos apoyar la capacitación de las fuerzas locales, participar en la erradicación de cultivos ilícitos y llevar a cabo acciones de contrainsurgencia sin desplegar formalmente a sus tropas. Este modelo ha sido replicado en otras regiones, como el Medio Oriente y África, donde la intervención directa podría generar críticas tanto de la comunidad internacional como de los propios ciudadanos estadounidenses.
Además de estos problemas, la creciente dependencia de Estados Unidos en las CMSP plantea interrogantes sobre el monopolio de la fuerza, que tradicionalmente ha sido una prerrogativa exclusiva del Estado. El acceso a actores privados en el ámbito de la seguridad y la defensa fragmenta la autoridad estatal y debilita la capacidad de los gobiernos para ejercer un control efectivo sobre el uso de la fuerza. A largo plazo, esta dependencia puede erosionar la legitimidad estatal, al permitir que entidades privadas asuman funciones que deberían ser controladas por el Estado. Así, el modelo estadounidense de intervención a través de CMSP no solo ha transformado el paisaje de la seguridad internacional, sino que también ha creado nuevos desafíos para la gobernanza global y la protección de los derechos humanos. En este contexto, resulta urgente debatir y regular el papel de estas compañías para evitar que su uso continúe socavando el monopolio estatal de la fuerza y aumentando la inestabilidad en las regiones donde operan.
Aporte de América Latina y el Problema del “Mercenarismo”
América Latina ha contribuido significativamente al fenómeno de la privatización de la seguridad, no solo como un mercado atractivo para la instalación y expansión de estas empresas, sino también como una fuente de personal altamente calificado y accesible. Ex-militares y ex-paramilitares [9] de países como Colombia, Chile, Perú y El Salvador han sido reclutados por Compañías Militares y de Seguridad Privada (CMSP) para trabajar en conflictos de Medio Oriente y África. Estas dinámicas han dado lugar a un nuevo tipo de mercenarismo moderno, en el que personal militar latinoamericano participa en conflictos ajenos a sus intereses nacionales y bajo motivaciones predominantemente económicas. [10]
Colombia ha sido un caso emblemático en esta dinámica de privatización de la seguridad y la externalización del personal militar. Como se mencionó, desde la década de 1990, en el marco del Plan Colombia, el gobierno estadounidense promovió una cooperación militar con el país para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo. La alianza estratégica entre Estados Unidos y Colombia fortaleció un esquema de privatización de la seguridad que resultó en un fenómeno de exportación de mano de obra militar colombiana: Colombia es el país que mayor entrenamiento ha recibido por parte de Estados Unidos, lo que lo convierte en un país que tiene un mayor índice de reclutamiento de personal para las CMSP, puesto que conoce las operaciones, instrumentos, tácticas y doctrinas estadounidenses.
Además, los costos de contratación de un colombiano son considerablemente más bajos que de sus contrapartes de otros países. Contratistas colombianos han sido desplegados en Irak, Afganistán y, más recientemente, en Yemen y Emiratos Árabes Unidos, bajo condiciones salariales que en promedio oscilan entre $1000 y $3000 dólares al mes, cifras muy por debajo de los salarios ofrecidos a contratistas de países “desarrollados”. A pesar de esto, muchos trabajadores colombianos aceptan estos empleos porque, aunque los salarios son bajos en comparación con los de sus contrapartes extranjeros, siguen siendo considerablemente más altos que los que podrían obtener en sus propios países. En muchas ocasiones, especialmente los rangos más bajos, aceptan estos trabajos sin conocer plenamente las condiciones laborales, lo que los deja expuestos a situaciones precarias y peligrosas.
El perfil de estos contratistas suele ser el de ex-militares con experiencia en combate, con capacidades tácticas y entrenamiento en contrainsurgencia. Dado que la mayoría ha sido formada dentro de las fuerzas armadas colombianas con el apoyo de Estados Unidos, las CMSP se benefician al no tener que invertir en entrenamiento adicional. El resultado es una fuerza de trabajo rentable y eficiente que ha permitido a las CMSP operar con costos reducidos en zonas de conflicto. En este sentido, Colombia ha pasado de ser un receptor de asistencia militar a convertirse en un exportador de mano de obra mercenaria.
Este fenómeno ha contribuido no solo a la expansión de las CMSP a nivel global, sino también a la creación de redes internacionales de reclutamiento que operan en la sombra de la legalidad. Muchas de estas redes se conectan a través de intermediarios locales, conocidos como “reclutadores de maletín”, que actúan como enlaces entre las CMSP internacionales y el personal disponible en América Latina. El uso de estos intermediarios facilita la contratación de personal a bajo costo y sin las garantías laborales que normalmente serían exigidas en países “desarrollados”, exponiendo a los contratistas latinoamericanos a condiciones de trabajo precarias y a menudo peligrosas.
Un claro ejemplo de esta situación se puede observar en Colombia, donde existe una gran proliferación de empresas privadas de seguridad que ofrecen servicios de protección armada para propiedades privadas. Los guardas de seguridad, muchos de ellos exmilitares o expolicías, se encargan de vigilar desde edificios residenciales, pero con la particularidad del uso de armas de fuego. Además, estas empresas también se encargan de ¨proteger¨ a compañías mineras y petroleras, actuando como fuerzas de contención frente a todo tipo de protesta socioambiental. Un caso notable es el de las empresas de seguridad contratadas por compañías como Ecopetrol o empresas extranjeras como Pacific Rubiales, que han utilizado guardias privados para proteger sus instalaciones en zonas de extracción de recursos naturales. Estos guardias, en varias ocasiones, han sido responsables de contener y reprimir manifestaciones de comunidades locales que protestan contra la contaminación ambiental, el uso desmedido de los recursos hídricos y el desplazamiento forzado, agravando los conflictos sociales en las regiones donde operan. Esta militarización de la seguridad privada en torno a los intereses extractivos refuerza la marginación de las comunidades y exacerba los problemas socioambientales en el país. Finalmente, también está el caso de los mercenarios colombianos que participaron en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en julio de 2021. Varios exmilitares colombianos, contratados a través de redes de reclutamiento privadas, fueron involucrados en la operación que llevó al magnicidio.
Otro aspecto que resaltar es el costo político y social que esta situación genera. La legitimidad del Estado se ve socavada al permitir que estas compañías actúen como extensiones de sus fuerzas armadas, mientras se minimizan las responsabilidades del gobierno en caso de abusos o violaciones de derechos humanos. Las experiencias de abusos por parte de contratistas en países como Irak y Afganistán, y más recientemente en países de África y Medio Oriente, han mostrado cómo la falta de regulación efectiva y la ambigüedad del estatus legal de estos contratistas dificultan la judicialización y la rendición de cuentas.
En resumen, el vínculo entre las CMSP y América Latina, con Colombia como un epicentro estratégico, ha transformado a la región en un proveedor de servicios de seguridad privada y un exportador de personal entrenado. Este vínculo, que se consolidó inicialmente con el apoyo de Estados Unidos en el marco del Plan Colombia, ha evolucionado hacia un esquema en el que los recursos humanos de la región se convierten en una pieza clave en la maquinaria global de privatización de la guerra. La realidad actual expone a la región a un fenómeno de mercenarismo moderno, en el que se negocian las capacidades militares de su personal a cambio de beneficios económicos que, en última instancia, perpetúan la dinámica de inestabilidad y violencia en los países de origen y en los destinos de estos contratistas.
Reflexiones finales
La privatización de la seguridad ha transformado la dinámica de los conflictos y la violencia a nivel global y regional, creando un entorno en el que actores no estatales desempeñan un papel cada vez más relevante en operaciones militares y de seguridad. En América Latina, el crecimiento de las Compañías Militares y de Seguridad Privada (CMSP) ha tenido repercusiones significativas, convirtiendo a la región en un proveedor estratégico de personal capacitado para conflictos en distintas partes del mundo, desde Medio Oriente hasta Europa del Este.
Colombia se erige como un caso paradigmático, no sólo por la amplia participación de CMSP en su territorio bajo el amparo de iniciativas como el Plan Colombia, sino también por su papel como exportador de mano de obra militar. La experiencia adquirida por el personal colombiano, entrenado muchas veces con apoyo estadounidense, ha facilitado su inserción en conflictos internacionales, contribuyendo a la mercantilización de la violencia y la fragmentación del monopolio estatal de la fuerza, lo cual perfila escenarios de violencia armada más generalizada a manos de varios actores.
El impacto de este fenómeno es multidimensional: socava la legitimidad de los Estados, perpetúa la inestabilidad regional y genera vacíos de seguridad en los países de origen, al tiempo que fomenta redes internacionales de reclutamiento con prácticas laborales precarias y riesgosas para los contratistas. La participación de CMSP en conflictos como el de Ucrania, con la intervención del Grupo Wagner, muestra cómo estas compañías se han consolidado como actores determinantes en la configuración de escenarios bélicos modernos. El Grupo Wagner, una empresa militar privada rusa, ha jugado un papel fundamental en conflictos como los de Ucrania y Siria, operando como una fuerza paramilitar de facto bajo intereses del Kremlin. En Ucrania, Wagner ha sido acusada de cometer violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra mientras realizaba operaciones clave en la región del Donbás. Además, Wagner ha reclutado miles de mercenarios, a menudo bajo condiciones laborales precarias, y ha aprovechado la falta de control y regulación estatal sobre sus operaciones. Los contratistas, muchos de ellos con un bajo conocimiento de las condiciones laborales, son enviados a zonas de alto riesgo, donde sus vidas corren peligro constantemente. Al mismo tiempo, el uso de estas empresas privadas por parte de Rusia permite al Estado mantener un nivel de negación plausible y evitar las repercusiones políticas y diplomáticas que conlleva el despliegue directo de fuerzas armadas regulares. Esto refuerza el impacto negativo de estas CMSP en los conflictos modernos, profundizando la inestabilidad regional y global, y debilitando la legitimidad de los Estados afectados."
Frente a este panorama, se hace urgente la implementación de un marco regulatorio internacional que aborde las ambigüedades legales y los vacíos de responsabilidad de las CMSP. La falta de supervisión efectiva permite que estos actores operen en una “zona gris”, actuando con impunidad y complicando la judicialización de casos de violaciones a los derechos humanos. Regular la actividad de las CMSP no solo es crucial para garantizar la seguridad y la estabilidad en las regiones afectadas, sino también para restablecer la capacidad de los Estados de ejercer control sobre el uso de la fuerza dentro de sus territorios.
En conclusión, la proliferación de CMSP y su creciente influencia en conflictos internacionales representa un desafío significativo para el orden y la seguridad global. La experiencia de América Latina, especialmente la de Colombia, pone en evidencia la necesidad de replantear la manera en que se abordan las problemáticas de seguridad y mercenarismo moderno, buscando soluciones que reconozcan y mitiguen las implicaciones de la privatización de la violencia en el contexto actual.