Más de 5.000 comunidades y campesinas de Perú comenzaron esta semana a recolectar firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad contra el decreto del presidente Alan García para incentivar la inversión privada en tierras comunales.
El decreto legislativo 1.015, aprobado el 20 de este mes por García, establece que las inversiones privadas en terrenos de comunidades indígenas de la sierra y la selva de este país andino y amazónico pueden considerarse autorizadas si obtienen los votos favorables de la mitad más uno de los miembros de las asambleas comunales.
Esta disposición modifica una ley vigente que exigía un mínimo de 66,6 por ciento de votos favorables de los miembros calificados de cada comunidad, inscriptos en el padrón comunal y por tanto con voz y voto.
Ahora se podrá "gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de disposición sobre tierras comunales" con la aprobación de una mayoría simple de una asamblea, señala el decreto, sin el requisito de que sus miembros sean calificados. Leer más