El derecho a no ser pobre

por Roberto Bissio

, por Red del Tercer Mundo

En uno de los documentos políticos más bellos e influyentes del mundo, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos justificaba en 1776 la revolución política de las trece colonias inglesas en un derecho dado por “las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza”, y consideraba “evidente” que “todos los hombres son creados iguales” y “dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables”.

Sin embargo, la determinación de cuáles son estos derechos, quiénes sus titulares y cómo se los garantiza nunca ha sido “evidente”, como lo muestra el hecho de que la mayoría de los firmantes de aquel documento poseían esclavos.

Olympe de Gouges percibió esta contradicción, y la denunció en una obra de teatro llamada La esclavitud de los negros. Cuando los revolucionarios franceses aprueban en asamblea la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, en 1789, escribió una “Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana” que comenzaba con las palabras “Hombre, ¿eres capaz de ser justo?”. Fue guillotinada.

En diciembre de 1948, la Asamblea General de las recién creadas Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre el horror de los “actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. El texto se refiere a “todos los miembros de la familia humana”, proclama el fin de la esclavitud, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y recoge en su preámbulo la necesidad de liberar a todos “del temor y de la miseria”.

La Declaración Universal consagra el derecho a la seguridad social (artículo 22), al trabajo (artículo 23), al descanso (artículo 24), a la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales (artículo 25), y a la educación (artículo 26). Sin embargo, estos derechos económicos, sociales y culturales quedaron en la práctica reducidos a una expresión de deseos. Ningún derecho es efectivamente tal hasta que la persona a la que se le niega puede recurrir a la justicia para hacerlo valer y los mecanismos internacionales de defensa de los derechos humanos trabajosamente creados en los últimos sesenta años le permiten recurrir a la protección internacional cuando se violan sus derechos civiles y políticos, pero no los otros, como si fuera diferente ser víctima “del temor” -a la tortura, la prisión indebida, la censura, la desaparición forzada y tantos etcéteras- que de “la miseria”.

Todo eso cambió, o comenzó a cambiar, el 18 de junio, cuando el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó en Ginebra la resolución A/HRC/8/L. 2/Rev.1/Corr.1 titulada “Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC)”. Lo que se esconde bajo este críptico lenguaje legal es que ahora las personas podrán presentar denuncias individuales o colectivas ante la comunidad internacional cuando sus derechos a salir de la miseria sean violados. Leer más