La consulta popular del próximo 7 de mayo enfrenta al gobierno de Rafael Correa con la mayor parte de los movimientos sociales, con una nueva izquierda desgajada del gobierno y también con la derecha tradicional. No están en debate ni las explotaciones mineras y petroleras ni la defensa del medio ambiente, sino el deseo del gobierno de construir un Estado más centralizado y poderoso.
“No crean a los ambientalistas románticos, todo el que se opone al desarrollo del país es un terrorista”. Esa frase fue pronunciada por el Rafael Correa en cadena nacional en rechazo al paro indígena en la provincia amazónica de Orellana el 1 de diciembre de 2007. El 26 de noviembre se había iniciado una protesta social en la parroquia de Dayuma, provincia de Orellana, por el retraso en las obras de agua potable, electrificación y vías terrestres que se arrastraba desde el anterior gobierno. Correa había asumido el 15 de enero de 2007.
La reacción del gobierno ante el corte de una carretera que conduce a un pozo petrolero, fue declarar el estado de emergencia por “grave conmoción interna”. Se ordenó la movilización militar y se activó la jurisdicción militar para enjuiciar civiles. Las fuerzas armadas decretaron el toque de queda y prohibieron cualquier manifestación o reunión. El 30 de noviembre el ejército ingresó violentamente en los domicilios de los habitantes de Dayuma rompiendo las puertas y se detuvo a 25 personas que figuraban en una lista que llevaban los militares.