La demanda insatisfecha de agua potable en la central ciudad boliviana de Cochabamba no tiene salidas a la vista, 11 años después de que esta urbe ganara notoriedad internacional por una rebelión popular que frenó la privatización del servicio.
Sólo 326.504 personas, 48 por ciento de la población de Cochabamba, reciben agua por cañerías, y los más pobres se ven obligados a comprarla a precios altos.
Mientras, el saneamiento cubre a 53 por ciento de los habitantes según el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa).
La empresa produce 20,6 millones de litros diarios y garantiza un servicio que no llega a 16 horas por día en esa ciudad de clima y topografía de valle, situada a 2.600 metros sobre el nivel del mar.
Muchas veces el líquido es extraído de manera irregular del propio Semapa y luego vendido en camiones cisternas en los barrios más alejados, se quejó a Tierramérica una vecina que pidió guardar su identidad.
Este estado de cosas en la tercera ciudad más importante de Bolivia, con una población de 680.597 habitantes, es resultado de una serie de experimentos fallidos que se iniciaron con un modelo de privatización que, tras un rechazo sin precedentes, derivó en el retorno del estatal Semapa.
La empresa del municipio local "requiere del apoyo del gobierno departamental y nacional" porque su economía, afectada por una pesada deuda, no puede asumir el desafío de invertir unos 170 millones de dólares requeridos para ampliar el servicio en los próximos cinco años, dijo a Tierramérica el gerente general del Semapa, Julio Vargas.
En 2010 la empresa logró remontar su situación deficitaria, pero "todavía no podemos decir que es una economía solvente", expresó.
En 2009, el déficit de caja de Semapa llegó a tres millones de dólares. Algunas de las irregularidades que generaron esas pérdidas fueron el robo de materiales, las compras de insumos con sobreprecios y la presencia en planillas de una cantidad de empleados que sin embargo no iban a trabajar. Leer más