La penalización del aborto no es la solución al problema de salud que implica la interrupción del embarazo sino que, más bien, resulta una violación a los derechos de las mujeres que intentan decidir sobre su propio cuerpo y una incongruencia de parte de autoridades que buscan beneficiar al género femenino a través de políticas públicas fallidas e incompletas.
En esto coinciden activistas sociales y defensoras de los derechos de las mujeres, así como defensores de los derechos reproductivos de la población, pertenecientes a diversas organizaciones que ven en la iniciativa “Protección a la vida desde el momento a la concepción” un riesgo en Veracruz y en el país.
Actualmente en el país son 15 las entidades que han aprobado leyes de protección a la vida desde el momento de la concepción —entre ellas Baja California, Campeche, Colima, Durango, Morelos, Quintana Roo, Querétaro y San Luis Potosí— lo que mueve la polémica, pues de aprobarla dos entidades más, esto podría llegar a modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer federales las enmiendas.
El cambio en la Constitución podría generar una regresión en leyes secundarias, como la aprobada hace cerca de dos años en el Distrito Federal y que permite a las mujeres de esta entidad la interrupción legal del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de concepción. Leer más