Auditoria ciudadana para repudiar las deudas ilegitimas

Por José Ignacio Acuña

, por CADTM

Es necesario explicar, antes de pasar a las próximas acciones, la razón de apoyar la medida soberana del Gobierno Nacional, anunciada por el Presidente Chávez y materializada en el Comunicado de la Cancillería Venezolana del 25 de enero de 2012, donde se inicia formalmente el proceso de retiro (denuncia irrevocable) de Venezuela del CIADI.

Sostenibilidad de la deuda vs ilegitimidad de la deuda

Ya hemos discernido sobre la tutela del Banco Mundial sobre el CIADI, lo que innegablemente “parcializa” a favor de los países acreedores las decisiones al respecto.

La gravedad reviste en el criterio de “sostenibilidad” –definida por el FMI y BM- de la Deuda. Esta noción se inscribe perfectamente en el sistema actual, donde lo que prima es la capacidad del país a reembolsar deudas a cualquier costo, o a indemnizar a las empresas transnacionales que por acciones soberanas de los gobiernos, ven interrumpido su largo “saqueo” de recursos naturales, del esfuerzo de la clase trabajadora y de la vida propia de los pueblos. Las potencias imperialistas mantienen sus economías con la imposición de medidas de corte neoliberal a los países del Tercer Mundo -y ahora también contra los países llamados “del primer mundo”-, que van desde la propia receta del Consenso de Washington (aumento de impuestos para los pobres, inflación, reducción del gasto social, tasas de interés y tipo de cambio impuesto por el “mercado”, desregulaciones, control de sectores estratégicos por parte de las trasnacionales, desempleo, privatizaciones, entre otras), hasta llegar a los mecanismos “pseudolegales” (Tribunales de Arbitraje internacionales, TLC, TBI, Leyes, entre otros) que sirven como “justas” herramientas para garantizar el robo y el coloniaje.

Para el CATDM, debe privilegiarse el criterio de “legitimidad” de la deuda, entendiendo que los estados están fundados jurídicamente a repudiar sus deudas ilegitimas, aún cuando sean capaces de reembolsarlas, y propone que la satisfacción de las necesidades humanas debe ser la obligación prioritaria de los estados, aún por encima de las demás obligaciones -entre ellas el pago de deudas ilegítimas u odiosas-.

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