Nuevas derechas y subjetividad autoritaria
Mientras Javier Milei envía tropas nacionales a involucrarse en la guerra que el Estado de Israel sostiene contra el mundo árabe –fundamental aunque no exclusivamente, a través de la masacre del pueblo palestino– quebrando así una larga historia de neutralidad geopolítica de la Argentina, declara públicamente que quisiera ser él mismo el que le pusiera el último clavo al cajón que entierre al peronismo, con Cristina Fernández de Kirchner adentro. No está demás recordar que aún sigue abierta la causa judicial de intento de magnicidio contra la ex (dos veces) presidenta y una vez vicepresidenta de la nación (atentado que, todo indica, fue perpetrado y financiado por sectores ligados a estas “nuevas derechas” que llevan a Milei a la presidencia en diciembre de 2023).
Por su parte, la vicepresidente Victoria Villarruel –hija de familia militar, negacionista del genocidio [1]– da un paso más allá de su habitual reivindicación de la última dictadura cívico-militar que usurpó el poder del Estado entre 1976 y 1983 y reivindica la figura de la ex presidenta Isabel Perón, quien detentó ese cargo luego del fallecimiento de su marido, Juan Domingo Perón, en 1974. No llegaron a ser dos años los de su gestión, es cierto, pero fueron más de dos mil los militantes políticos asesinados por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), banda parapolicial financiada desde el ministerio de Bienestar Social que conducía su aliado José “El Brujo” López Rega. También en esos veintiún meses de gobierno se le abrieron la puertas a los militares que comenzaron a ejercer el terrorismo de Estado incluso antes de hacerse cargo ilegalmente del gobierno, con iniciativas como el Centro Clandestino de Detención empotrado en una provincia del norte argentino, mientras con el aval de un decreto firmado por la propia presidenta llevaban adelante el “Operativo Independencia” que se proponía “aniquilar la subversión” (la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del guevarista Ejército Revolucionario del Pueblo) en Tucumán.
Son intentos de tender puentes, desde una esfera del gobierno –en este caso: la vicepresidente, que parece tener una apuesta política diferenciada del proyecto del propio presidente– con los sectores más retrógrados del peronismo, que buscan salir de la situación política actual sin movilización popular, condenando su pasado reciente de inscripción en el ciclo progresista latinoamericano y abriendo las puertas hacia un resurgimiento de versiones conservadoras del nacionalismo de derechas, en un país en donde las corrientes populares y antiimperialistas lograron hegemonizar el nacionalismo durante décadas (no es un dato menor, en estas diferencias entre presidente y vice, que Milei promueva de manera permanente una des-malvinización de la Argentina, mientras Villarruel sea hija de un veterano de la guerra de Malvinas).
En ese aspecto, esta nueva variante de las derechas contemporáneas (autodenominadas, al menos en Argentina, como “Libertarias”), se diferencian de otras versiones de la derecha (como la más conocida neoliberal), en tanto ejercitan un doble movimiento: por un lado, mostrando desde la periferia una mayor afinidad con los nacionalismos guerreristas del norte global; por otro lado, apelando a un lenguaje abiertamente afín a la violencia política interna, incluso tejiendo un linaje con otras etapas de la vida nacional.
Desprocesar al “Proceso”
¿Cuáles son los ejes de las narrativas procesistas que en la actualidad argentina pretenden pasar a una ofensiva (política, sensible, ideológica) para reinstalar una hegemonía autoritaria y guerrerista en el discurso social?
A diferencia de la derecha neoliberal, que en años anteriores promovía una política de olvido y reconciliación frente a los hechos traumáticos del pasado nacional, estas nuevas derechas neofascistas apelan a un discurso de “memoria completa”, puesto que –sostienen– el progresismo, el populismo, las izquierdas, ganaron una “batalla cultural”, [2] situación que ahora se proponen revertir.
Para comprender estos aspectos de la coyuntura nacional, realizaré un apresurado recorrido por las luchas activadas en torno a la consigna “Memoria, Verdad y Justicia” del movimiento de Derechos Humanos, con el objetivo de indagar en aquello que hasta hace muy poco tiempo considerábamos una victoria popular, una batalla histórica ganada (un sentido común instalado en la sociedad), una suerte de “orgullo argentino”, y que hoy vuelve a ser una política de la memoria, es decir, un campo de batalla (simbólica) que requiere la conquista de una nueva hegemonía, si no estamos dispuestos a presenciar una derrota de magnitudes insospechadas. Paso a explicarme.

En 1976 las Tres Armas del aparato represivo del Estado (Ejército, Fuerza Aérea y Marina) se unificaron con mando centralizado (“La Junta de Comandantes”) para llevar adelante eso que definieron como “guerra contra la subversión”, bajo el nombre de “Proceso de Reorganización Nacional”.
“El Proceso” –como le decían quienes pretendían ocultar el carácter terrorista del accionar estatal– efectivamente reorganizó el país de un modo que sus consecuencias llegan hasta el día de hoy, incluso más allá de ciertas políticas de Estado que durante el “ciclo progresista” (2003-2015) buscaron revertirlas, luego de intensas luchas sociales que resistieron durante décadas (1983-2001). Basta leer la ya mencionada “Carta abierta…” (1977), de Rodolfo Walsh, [3] para dar cuenta de cómo, durante el primer año ya, la dictadura había iniciado dicha tarea [4]: proceso de des-industrialización y su consecuente desindicalización (en el país más sindicalizado de América Latina); creciente desnacionalización y concentración privada de la economía; ruptura del lazo social solidario tan característico en las clases populares durante las décadas anteriores; desequilibrio profundo en la puja distributiva en favor de las clases dominantes, que salen de la dictadura reordenadas en nuevas fracciones asociadas al capital internacional, bajo la figura de grupos económicos, muchos de ellos beneficiados luego, de manera directa, por la “estatización” de la deuda externa contraída en aquellos años de terror
El filósofo argentino León Rozitchner, a propósito de la guerra de 1982 entre Argentina y Gran Bretaña por el territorio argentino de las Islas Malvinas ocupado (colonizado) por Inglaterra, escribió un texto (Malvinas. De la guerra sucia a la guerra limpia) polemizando con otras posiciones de izquierda que apoyaban la iniciativa oficial, planteando que ese conflicto bélico estaba condenado de antemano, no por la diferencia técnica abismal entre ambos contendientes (que las había), sino porque las Fuerzas Armadas argentinas no sabían nada de guerra (“limpia”), puesto que habían sido adoctrinadas por el poder imperial [5] para llevar adelante la “guerra sucia” [6] (término con el que se resume el procedimiento fundamental del Proceso para quebrar el poder social que, desde abajo –desde los sectores populares– se venía construyendo en la pelea por transformar la Argentina en sentido emancipatorio). Dicho procedimiento consistió no sólo en la presión para obligar a miles de personas a partir al exilio (externo o interno), el silenciamiento de toda voz disidente al régimen y la prohibición de la actividad legal de partidos políticos y sindicatos, sino –fundamentalmente– el plan sistemático de secuestro ilegal de militantes, tortura salvaje hasta la muerte y desaparición de sus cuerpos (hasta el día de hoy). Método que incluyó la apropiación de bebés (las y los hijos/ hijas de secuestrados para ser criados ilegalmente, bajo otra identidad, por personas allegadas a los militares) y el robo de propiedades.
Como supo aseverar la investigadora y militante argentina Pilar Calveiro (ella misma “detenida-desaparecida” en el Centro Clandestino de Detención ESMA y sobreviviente del terrorismo de Estado), en su libro Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina, tras el golpe del 24 de marzo de 1976 la sociedad argentina entera pasó a ser un gran campo de concentración, porque la vida social comenzó a ser regida por la lógica concentracionaria. [7]
Esta ofensiva feroz del capital sobre el trabajo no pudo ser llevada adelante sino bajo un régimen de terror, que así y todo debió enfrentar una pujante resistencia social que contaba con una rica historia de lucha. Por un lado del movimiento obrero, que desde la clandestinidad ejercitó el sabotaje, las huelgas parciales e incluso dos grandes huelgas generales (en 1979 y 1981) y desde los barrios populares articuló la solidaridad con quienes permanecían detenidos, con quienes quedaban sin trabajo o peleaban como podían al interior de los establecimientos laborales. Por otro lado la labor de denuncia internacional llevada adelante por las y los exiliados, sin dejar de mencionar la resistencia armada que, desde adentro y fuera del país, se buscó mantener en pie con lo que quedaba de las organizaciones guerrilleras que durante los años anteriores habían estado fuertemente vinculadas a las luchas sociales, fundamentalmente urbanas, y que desde 1977 quedaron fuertemente golpeadas, hasta extinguirse o reconvertirse a estructuras legales en 1982.
A todo esto, la dictadura también debió lidiar con las Madres de Plaza de Mayo, asociación de familiares de desaparecidos que ya desde abril de 1977 comenzó a exigir al Estado argentino la “aparición con vida” de las y los detenidos ilegalmente (secuestrados) y el “castigo a los culpables”. Proceso de lucha éste que, en combate abierto contra el Proceso, puso en pie un Movimiento de Derechos Humanos que persiste hasta el día de hoy, y que supo ser un vector fundamental en estos últimos cuarenta años de democracia en el país (luego –desde 1980– bajo el nombre Abuelas de Plaza de Mayo, un grupo de mujeres surgida de las rondas de las Madres frente a la Casa de Gobierno se concentró en la búsqueda de los bebés apropiados y la restitución de su identidad y eventual retorno con sus familias sanguíneas y desde 1995 la agrupación HIJOS efectuó un recambio generacional, cuando esas hijas e hijos de desaparecidos llegaron a la edad que tenían sus padres al momento de ser secuestrados y pasaron ellos mismos a tener una militancia activa juntos las “Madres” y las “Abuelas”).

Cabe destacar que, en estas cuatro décadas, el Movimiento de Derechos Humanos, no se limitó a una dinámica específica típica de un movimiento social reivindicativo, sino que junto a su propia lucha supo articular otras peleas del Movimiento Popular, sea porque cada vez más sectores hicieron propia la batalla por “Memoria, Verdad y Justicia” como por el hecho de que estos organismos participaron activamente de otras luchas. Sobre todo las Madres de Plaza de Mayo, con su líder Hebe de Bonafini, como luego su escisión “Línea Fundadora” con su referente Nora Cortiñas, estuvieron presentes acompañando a otras madres y familiares que perdieron sus hijos asesinados “en democracia” por la policía (en los casos conocidos con el nombre de “gatillo fácil”); a docentes, estudiantes y trabajadores en defensa de la salud y la educación pública; a las barricadas que desde 1996 parieron el “Movimiento Piquetero” [8]; a las artistas y comunicadores que pujaron por la democratización de la comunicación y la cultura; a quienes reclamaban la desmanicomialización y un tratamiento social democrático en el ámbito de la salud mental; a quienes tempranamente denunciaron que las gestiones neoliberales producían un hambre que era un crimen; a quienes resistieron las política extractivistas de las grandes empresas y sus negociados con el Estado y un largo etcétera.
Incluso las Madres de Plaza de Mayo fundaron en 2005 Sueños compartidos, una Asociación para capacitar en oficios y construir viviendas populares financiadas por el Estado nacional (experiencia fallida por la malversación de fondos llevada adelante por algunos administradores que estafaron a la Madres y al Estado) y, antes, en 2000, crearon una Universidad Popular que luego (2014) se transformó en Instituto, hasta llegar finalmente a conquistar el estatuto de Universidad Nacional en 2023. Institución que ahora el gobierno de Javier Milei pretende “aniquilar” vía el desfinanciamiento, violando así el histórico principio de autonomía universitaria, heredero de la Reforma de 1918, faro para las luchas por la emancipación latinoamericana.
Intervención cultural, disputa política y batalla de ideas
La lucha por “Memoria, Verdad y Justicia” que a mediados de la década del ochenta del siglo pasado logró que se llevara adelante el “Juicio a las Juntas” (proceso judicial recientemente llevado al cine bajo el nombre de Argentina 1985), condenando a los altos mandos del genocidio, y que luego enfrentaron la impunidad que sobrevino con las leyes de Obediencia debida y Punto final del gobierno radical de Raúl Alfonsín y los indultos del gobierno justicialista de Menem, permitió que tras una paciente y sostenida pelea contra “el olvido y el silencio”, el nuevo gobierno de Néstor Kirchner se declarara –inmediatamente después de ganar las elecciones de 2003– como “hijo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”, y reanudara desde 2004 los juicios a militares, financiara activamente el rastreo de cuerpos de personas detenidos-desaparecidos-asesinadas a través del trabajo del Equipo de Antropología Forense y la búsqueda de bebés apropiados durante la última dictadura (además de promover toda una política cultural y educativa sobre la cuestión).
Esa memoria no se sostuvo por décadas sólo como una noble mirada respecto del pasado, sino que fueron una valla de contención y un modo activo de conjurar los vectores (históricamente activos de un cuarto de la población argentina) dispuestos a revivir experiencias autoritarias y de represión política y social. Así se atestiguó cada vez que desde el Estado se promovieron salidas reaccionarias o crímenes políticos: intentos de golpe de Estado durante la rebelión militar “carapintada” de 1989; declaración del Estado de sitio y represión a la protesta en diciembre de 2001; asesinato de los militantes “piqueteros” Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en junio de 2002; desaparición de Jorge Julio López en 2006 mientras se reanudaban los juicios y el militante de los setenta oficiaba como testigo clave [9]; asesinato del militante de izquierda Mariano Ferreyra en octubre de 2010 [10] y la desaparición seguida de muerte del joven Santiago Maldonado mientras se solidarizaba con pueblos indígenas que buscaban recuperar tierras ancestrales en la Patagonia argentina, proceso en el que también fuerzas federales asesinan por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel. Esto, en medio de inmensas movilizaciones desplegadas en las principales ciudades del país bajo la consigna “Aparición con vida de Santiago Maldonado” y, también, exigiendo se diera marcha atrás con la iniciativa de entonces (2016, gobierno neoliberal de Mauricio Macri) de reducir los años de condena de los militares presos por sus responsabilidades en los asesinatos y desapariciones perpetrados entre 1976 y 1983, nuevamente juzgados y encarcelados –como ya se ha señalado– tras la reapertura de juicios desde mediados de los dos mil.
De ese intento por garantizar nuevamente impunidad a los genocidas, emergieron figuras como las de la actual vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente Javier Milei, quienes tras las políticas de cuidado promovidas por la salud pública nacional frente a la pandemia mundial del COVID-19, comenzaron a ligar sus críticas al “populismo peronista” ya no sólo por su historia autoritaria sino también por su actual vocación de oprimir al individuo, [11] canalizando parte de ese malestar social que producía el encierro y el deterioro de la situación social en una alternativa electoral, que fue acompañada activamente por operaciones mediáticas y desde las redes sociales.
Así, frente a una sociedad profundamente fragmentada y empobrecida tras ocho años en los que se combinaron una ofensiva neoliberal (2016-2019), una pandemia mundial (2020-2021) y una gran incapacidad por revertir los daños ocasionados durante ese lapso (2022-2023), con el consecuente malestar que esa situación generó en las grandes mayorías, los cuarenta años de democracia se conmemoraron en diciembre de 2023 en simultáneo con la asunción del nuevo gobierno.
De allí que el contexto actual se encuentre atravesado por esta dificultad: las mejores políticas de las últimas cuatro décadas no pudieron saldar las cuestiones más elementales de trabajo y vivienda para las grandes mayorías, y los índices de empobrecimiento con que terminó el último gobierno peronista arroja cifras alarmantes. Frente a ese panorama, la nueva derecha neofascista se propone ofrecer un modelo de culpabilización frente al cual hay que aceptar sufrir por haber elegido en el pasado al populismo, y frente a las protestas que más temprano que tarde comenzaron a emerger (de ese 45% de la población que expresó con claridad un rechazo en las urnas a esta propuesta de gobierno), la respuesta es la creciente represión, con aplicación de protocolos policiales especiales frente a la movilización en las calles, desfinanciamiento y agresión hacia el periodismo y propuestas parlamentarias para autolimitar su funcionamiento en post de una concentración del poder en manos del Ejecutivo.
Ante una bronca que crece por el descalabro que atraviesa el país (con un aceleramiento en el crecimiento de la pobreza y la indigencia nunca antes visto), la violencia pareciera canalizarse horizontalmente, en una suerte de implosión entre los sectores populares, y sólo verticalmente desde arriba hacia abajo por parte del Estado, aunque también, de fuerzas de choque que intentan trasladar a las calles los discursos de odio que circulan en las redes virtuales, con episodios de violencia física como ya se empezaron a presenciar, protagonizado por bandas paraestatales financiadas desde las altas esferas del poder de ese Estado que los libertarios dicen haber venido a destruir.
Por eso la discusión actual y sobre el futuro, está tan atravesada por el modo en que se interpreta el pasado: sin ingenio, audacia y creatividad para afrontar esta nueva situación no parece haber futuro próspero posible para las mayorías. Pero esa apuesta contemporánea parece estar íntimamente ligada al modo en que se pueda mantener en pie una política de la memoria capaz de conectar los distintos momentos de rebeldía y esperanza popular de la vida nacional.