No podemos ver la no proliferación sin medidas que nos conduzcan hacia el desarme completo, afirma Gioconda Ubeda, secretaria general del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe.
América Latina y el Caribe cumple 45 años como zona libre de armas nucleares en medio de denuncias sobre el presunto envío británico de armas atómicas al océano Atlántico Sur y sin un régimen específico para el transporte de desechos radiactivos.
A inicios de este mes, el gobierno de Argentina denunció que Gran Bretaña había decidido despachar un submarino a propulsión nuclear y con ojivas atómicas al archipiélago austral de las islas Malvinas –que los británicos llaman Falkland–, sujeto a una disputa de soberanía desde el siglo XIX.
Según Buenos Aires, esta decisión violaría el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, cuyo Protocolo II fue firmado y ratificado por Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética, las cinco potencias nucleares reconocidas en 1967, cuando se adoptó este pacto.
En el Protocolo II, las potencias nucleares se comprometieron "a no emplear armas nucleares y a no amenazar con su empleo" a los países de la región.
Pero el transporte de armamento nuclear y el de residuos radiactivos no fueron incluidos en el tratado, pionero en su tipo, que América Latina y el Caribe firmó el 14 de febrero de 1967 en Tlatelolco, México, y que entró en vigor en abril de 1969.
El pasaje de armamento "es uno de los grandes desafíos que habría que tratar en la región", dijo a Tierramérica la costarricense Gioconda Ubeda, secretaria general del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Opanal), encargado de supervisar el cumplimiento del Tratado de Tlatelolco.