La minería introduce un actor poderoso en el territorio que busca, en algunos casos, relacionarse con los actores locales para que acepten su proyecto; y en otros casos, estando ya definida y aceptada su presencia, busca organizar formas de conviviencia que le permitan realizar sus actividades sin mayores problemas y con los menores costos.
En esta interlocución, los actores que representan los intereses de la población frente a la empresa minera, varías según un conjunto de factores existentes y el grado y la complejidad de la organización social determina las estrategias que implementan.
Tipo de organizaciones y estrategias utilizadas
Generalmente, los territorios en donde existen yacimientos mineros o minas en explotación son zonas rurales, cuya población se encuentra dedicada principalmente a actividades agropecuarias. Cuanto más alejado está el proyecto o la mina de la ciudad y el mercado, las formas de organización social que se suele encontrar son más simples. Además, es importante considerar, que parte importante de los proyectos mineros se ubican en el Perú en lugares de gran altitud, donde viven principalmente comunidades campesinas. Un indicador de ello es que más del 50% de concesiones mineras se ubican en territorios de comunidades campesinas.
Otro elemento importante, para entender el entramado social, es la presencia del Estado. La accidentada geografía ha dificultado la presencia del Estado peruano: en la actualidad, una buena parte del país todavía no se encuentra integrada a las redes de servicios y los vínculos con el Estado son precarios y esporádicos. Por lo tanto, muchas poblaciones aún no cuentan con las formas de organización que se crean en otros lugares en torno a la relación con el Estado; por ejemplo, club de madres, asociaciones de padres de familia, juntas de usarios de riego, etc.
Un actor social que tiene presencia nacional son las iglesias. La presencia de la Iglesia Católica, suele facilitar una vinculación con actores sociales externos ya que sus miembros son parte de una estructura jerárquica global, y de organizaciones que trasciende el espacio local (congregaciones). Situación distinta es la que existe cuando se trata de iglesias evangélicas. Estas son autónomas, con una estructura muy simple, el Pastor y la feligresía. En las zonas rurales del país, la presencia de las iglesias evangélicas es cada vez mayor.
Además, la relación con organizaciones campesinas regionales o nacionales es muy débil, principalmente, por la crisis que vienen experimentando desde hace ya varios años, lo que no les permite una articulación clara de las demandas.
Por lo tanto, en zonas rurales de gran altitud, la empresa minera se suele relacionar con comunidades que están organizadas en función de la gestión compartida y vertical del territorio [1] y regulan sus relaciones con el derecho consuetudinario.
Si una o varias de estas comunidades se resisten al proyecto minero, lo primero que suelen hacer es buscar relacionarse con el Estado y hacer valer sus derechos sobre la tierra. Generalmente, trasladan a los miembros de su junta directiva a la ciudad más cercana y finalmente a la capital del país, por el nivel de centralismo en las decisiones. Estos intentos suelen ser extremadamente difíciles para las comunidades debido a que desconocen la estructura del Estado y sus competencias. Aprovechan también para pedir el apoyo de las organizaciones sociales de campesinos de nivel regional y nacional y vincularse también a organismos no gubernamentales (ONG), como ha ocurrido en varios conflictos en la última década.
Un primer intento del lado de las comunidades es revertir las concesiones o derechos mineros que el Estado peruano otorga a las empresas, algo que es casi imposible. Otro momento, en los que las comunidades solas o articuladas, suelen recurrir a medios institucionales, es durante el procedimiento de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En estos casos, buscan participar en los talleres y consultas previstas para el caso.
Cabe precisar, que en la mayoría casos ha sido muy difícil que la comunidad logre, sin apoyo técnico, comprender las implicancias del proyecto, e influir en el proceso de toma de decisiones. Son excepcionales las comunidades campesinas, que teniendo vínculos fluidos con la ciudad y el Estado, y a partir de recursos económicos propios, logran el apoyo técnico necesario para incorporarse, en otras condiciones, al procedimiento de evaluación del EIA.
Cuando las gestiones fracasan se recurre a la movilización social. Ello supone movilización directa, toma de carreteras, marchas de sacrificio u otros actos de protesta a fin de visibilizarse y visibilizar sus intereses y derechos.
En caso de que el proyecto minero se ubique en territorios comunales, el uso de las tierras superficiales requiere de la autorización de los 2/3 de los miembros de la comunidad. Este es el único momento, en que la comunidad aparece con mayor poder negociador. Si la comunidad no cede, el proyecto puede verse paralizado. Por ello, el gobierno actual, busca debilitar ese poder mediante regulaciones que adjudican a las empresas terrenos no saneados legalmente o servidumbres forzosas.
En el caso de comunidades que han aceptado la presencia de la empresa minera, lo primero que buscan es establecer la relación con ella a fin de que los ofrecimientos realizados durante la presentación del EIA sean cumplidos. El primer reclamo que se suele hacer es el de trabajo para sus miembros. Esto puede dar lugar a la constitución de un nuevo actor, las empresas comunales, las mismas que brindar diversos servicios a la empresa minera, principalmente en la fase de construcción.
Las comunidades que no han sido incluidas en la zona de influencia suelen luchar por tal reconocimiento. Sin él, no pueden presentar ningún reclamo a la empresa pues no se les considera parte de la zona impactada, sobre la cual ésta tiene responsabilidades definidas.
Como respuesta a los impactos sociales, la empresa minera establece programas de responsabilidad social, en los que frecuentemente encontramos: construcción de escuelas, centros de salud, losas deportivas, así como también la implementación de proyectos productivos. La gestión de estas iniciativas suelen estar asociadas a ella, por lo que su transferencia posterior a la comunidad o al Estado, puede resultar problemática.
En este contexto la relación que se establece entre actores tan asimétricos (empresa minera y comunidad), sin que existan algunos contrapesos, se caracteriza por una marcada dependencia de la segunda con respecto a la primera. Es más, la vida de la comunidad cambia con las nuevas dinámicas económicas y sociales que se establecen. Ello debilita su forma de organización política; hay nuevos actores dentro de la comunidad, y algunas decisiones importantes, son tomadas por fuera de ésta.
Con el tiempo, los impactos ambientales y sociales se manifiestan. Esto genera un descontento social por lo que la comunidad, a través de sus dirigentes, vuelve a movilizarse para denunciar los hechos y la intervención de las autoridades correspondientes, a fin de que remedien y reparen los daños. Nuevamente, la tarea de la junta directiva es visitar a todas las autoridades concernidas, en la ciudad más cercana o en la capital donde se toman todas las decisiones que los involucran.
Algunas empresas ofrecen compensar el daño causado o con algún beneficio, a fin de que no se prosiga con la denuncia. Este tipo de ofrecimientos generan tensión al interior de las comunidades.
Cuando se trata de varias comunidades que se encuentran en la zona de influencia del proyecto o mina, éstas buscan articularse. Sin embargo, no siempre lo hacen ya que la empresa muchas veces prefiere tener un trato directo con cada una de ellas y llegar acuerdos por separado. Este tipo de situaciones se han presentado con mucha frecuencia en escenarios de conflicto en el caso peruano.
Si la zona de influencia comprende además de la zona agrícola, uno o varios centros poblados y estos espacios se encuentran articulados al mercado y cuentan con la presencia del Estado, las organizaciones sociales son mucho más variadas: organización de productores, juntas de usuarios de riego, organización de comerciantes, club de madres, asociaciones de padres de familia, comunidad educativa, iglesias. A ellos se suman las autoridades locales. En estos casos se suelen constituir frentes de defensa: esto es lo que ocurrió en los casos Tambogrande (proyecto Tambogrande; Valle El Tambo (proyecto Tía María), Celendín (proyecto Conga).
En estos casos se establecieron alianzas con organizaciones de la sociedad civil de la región, de nivel nacional e incluso internacional. Estos aliados suelen intervenir en varios sentidos: ayudan a que las demandas de estas organizaciones tengan eco y sean conocidas por la opinión pública. Pero también facilitan su acceso a información y a asesoría técnica, tan importante en estos casos. Asimismo, se favorece los procesos de incidencia en el ámbito nacional e internacional.
Los frentes de defensa suelen implementar varias estrategias simultáneas y complementarias: de generación de información, legal, de alianzas, de incidencia nacional e internacional, de movilización social y fortalecimiento organizativo.
Una primera tarea que se suele implementar, es determinar los impactos del proyecto de inversión o las causas y consecuencias del daño social y ambiental producido o de la amenaza inminente o cierta. En lo legal, se busca utilizar la institucionalidad para que se atiendan las demandas planteadas.
Como ya hemos señalado, la generación de alianzas, es sumamente importante, en la medida que ayuda a equilibrar la relaciones entre empresa minera, organizaciones sociales y Estado. Las alianzas se dan entre las propias comunidades; con organismos no gubernamentales; con las iglesias; la academia e incluso con organizaciones de la sociedad civil de los países de origen de las empresas.
En la incidencia nacional las organizaciones sociales articuladas en los frentes suelen buscar reunirse con en las autoridades nacionales que deciden o influyen en el caso. Pero también muchas de estas organizaciones, buscan llegar a los medios de comunicación masiva para, a través de ellos, ejercer presión sobre esas autoridades. Además de la prensa escrita, radial y televisa, cada vez más, recurren a redes sociales.
Otra estrategia que suelen implementar es movilizar a aliados internacionales para influir en el gobierno, en el accionariado de la empresa minera o en la bolsa de valores, cuando se trata de una empresa trasnacional que cotiza en bolsa. También, mediante aliados, se puede activar el Sistema de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos u otros. En varios casos (Conga, Cañaris, La Oroya, etc.) se ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el caso del derrame de mercurio en la localidad de Choropamba (Cajamarca), se recurrió al Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.
Junto a todo ello, se encuentra la estrategia de movilización social, que acompaña las anteriores acciones. Cuando los medios institucionales no funcionan, la protesta social es un mecanismo de presión. Se suele utilizar la paralización de la zona por 24, 48 horas, o de manera indefinida. Asimismo, recurren a marchas, vigilias, bloqueo de carreteras, etc. Las medidas que se suelen adoptar, guardan relación con la capacidad movilizadora de las organizaciones sociales que convocan.
Una estrategia fundamental que a veces suele descuidarse, es el fortalecimiento organizativo. De lo que hemos podido apreciar cuando las organizaciones están debilitadas por la falta de comunicación fluida entre los líderes y los miembros, de planificación conjunta o de una adecuada coordinación suele presentarse una serie de problemas: infiltración de terceros con agendas políticas subalternas; desborde social, ausencia de estrategias claras que orienten las demandas, etc.
Algunas reflexiones finales
Enfrentar el reto que significa la presencia de la minería en los territorios de las comunidades requiere de respuestas organizadas. El debilitamiento de las organizaciones sociales, permiten situaciones de abuso y afectación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones.
Es importante reconocer que las organizaciones recurren al Estado para que atienda sus demandas. Se utilizan mecanismos legales, pero el desencuentro es tal, que finalmente, se usa como último recurso la movilización permanente y de ser el caso, otras medidas de fuerza.
Los conflictos en las zonas de influencia de actividades como la minería son clarinadas de alerta que le dicen al conjunto de la sociedad y a las autoridades que algo no funciona bien y que la afectación de derechos genera un clima de malestar social permanente. El reto pendiente sigue siendo como construir gobernanza y lo cierto es que cualquier intento real de construcción de gobernanza debe tomar en cuenta a las comunidades y sus organizaciones representativas para de esta manera romper asimetrías estructurales y construir los equilibrios que están haciendo falta.