Enero de 2016
El conflicto en el Sáhara Occidental es uno de los más abandonados y olvidados de la contemporaneidad internacional. La urgencia de resolución es atravesada por un sable real ciego lanzado contra el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación con la violación abierta de los primados fundamentales de los Derechos Humanos y con el expolio criminal de los recursos naturales del pueblo. Ese ímpetu refleja las ilegalidades e intereses ocultos que permean la cuestión desde la mitad del siglo pasado.
Durante el año de 1974, anteriormente al pedido de emisión de un parecer consultivo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el Sáhara Occidental, la tensión política, diplomática y militar entre Marruecos y España había aumentado considerablemente, por cuenta de la litigación a la que se sometieron. España, en esa época, había reconocido internacionalmente el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y preparaba la ejecución de un referéndum en el que la población nativa decidiría su futuro – y claramente aspiraban a la independencia.
En agosto de 1974, Marruecos envió a la frontera con el Sáhara Español tropas de su ejercito. Sus incursiones tenían el objetivo de presionar el gobierno español a paralizar el proyecto de ejecución de un referéndum de autodeterminación –lo que sucedió tras el pedido de emisión de la opinión consultiva a la CIJ (Miguel, 1995).
En el mismo día en que el parecer de la Corte se hizo publico, en 16 de octubre de 1975, y de tomar conciencia de la derrota jurídica sufrida, el rey Hassan II, en una clara afronta a la legalidad internacional, convocó una “marcha pacífica” para “retomar” el territorio. Miles de personas fueron reunidas y transportadas precariamente desde el sur de Marruecos, a través del desierto, para invadir el territorio del Sáhara Español.
Críticos históricos del episodio que quedó conocido como “Marcha Verde” revelaron, a través de datos concretos, que el idealizador principal de la operación “pacífica” marroquí por el desierto fue el entonces secretario de Estado americano Henry Kissinger, que incluso dio soporte militar, logístico y alimentar para que la investida se concretara (Idem).
La fortificación del Estado marroquí, que no se alineaba a las ideologías comunistas, era de gran interés a los norte-americanos, teniendo en cuenta que Argelia y los propios saharauis, si no abiertamente comunistas en la efectiva acepción de la palabra, tendían a la izquierda libertaria. De esa manera, mantener a Marruecos en su poder resguardaba la relevante influencia política que los Estados Unidos tenían en la región.
Por otra parte, la coyuntura política de España, en ese periodo, era absolutamente volátil. El deterioro del estado de salud de Francisco Franco causaba una verdadera efervescencia político-ideológica que imposibilitaba definir un rumbo entre los conductores de la política exterior española en relación al Sáhara. Por un lado, el compromiso con la política de descolonización contraída frente a la ONU. Por otro, algunos entes políticos en el seno del gobierno franquista se mostraban – en la ausencia de la presencia ideológica del dictador – abiertamente “entreguistas” en lo que se refería al futuro de la colonia (Idem).
Oficialmente, España reafirma hasta el último día su posición favorable a una solución que respetara las resoluciones de la ONU sobre el proceso de descolonización del Sáhara Español. Pero, de hecho, lo que procura es, sobretodo, librarse del problema sin perder mucho y salvaguardando sus intereses en la región (Arso, 2015). Consciente de la investida territorial marroquí, en complicidad con Mauritania, de forma secreta, la cúpula del gobierno español convoca en Madrid a representantes marroquíes y mauritanos para la realización de una serie de negociaciones. Públicamente, las autoridades españolas aseguraron que el motivo de las reuniones seria el de solicitar la retirada de la Marcha Verde (Miyares, 2007). Sin embargo, las reuniones culminaron en un acuerdo conocido como “Acuerdo Tripartido” o “Acuerdo de Madrid”, celebrado secretamente en 14 de noviembre de 1975, considerado por Carlos Ruiz Miguel como “uno de los documentos más infames y con los efectos más perniciosos” de toda la historia de España (Miguel, 1995).
En él, España entregó la administración del territorio del Sáhara Occidental al reino de Marruecos y al gobierno de Mauritania, sin cualquier mención al anhelo independista saharaui. El acuerdo nació inmerso en ilegalidades sea en el plano internacional, sea en el interno, según la legislación española, porque además de no haber sido publicado oficialmente, España no poseía, unilateralmente, el poder de entregar la soberanía del Sáhara Español, y mismo así lo hizo, solamente para librarse del “peso y de la responsabilidad de la descolonización” (Arso, 2015).
Según el profesor Juan Soroeta Liceras (2001):
“la doctrina internacional afirma la ilegalidad de los Acuerdos de Madrid, que nunca fueron aceptados por las Naciones Unidas. La entrada de Marruecos y de Mauritania en el territorio es, conforme el derecho internacional, una ocupación ilegal y el Sáhara Occidental, un territorio pendiente de descolonizar cuya potencia administradora es España.”
La ilegalidad del Acuerdo de Madrid fue también objeto de manifestación por parte del secretario general adjunto de asuntos jurídicos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2002:
“El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, condición que España, por si misma, no podría haber transferido unilateralmente. La transferencia de la autoridad administrativa sobre el territorio a Marruecos y a Mauritania en 1975 no afectó la condición internacional del Sáhara Occidental como territorio no-autónomo.”
Y sigue:
“España informó al Secretario General que, con efecto a partir de esa fecha, había puesto fin a su presencia en el Sáhara Occidental y renunciado a sus responsabilidades en relación al territorio, dejándolo así de hecho bajo la administración de Marruecos y de Mauritania en las zonas que cada uno de ellos controlaba. (…) Marruecos, sin embargo, no figura como potencia administradora del territorio en la lista de territorios no-autónomos de las Naciones Unidas y, por ello, no transfirió la información sobre el territorio prevista en el apartado (e) del artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas.”
Según Mauro Santayana (1987), “la farsa del proceso de descolonización del Sáhara Occidental representa, en el contexto de la historia del siglo XX, una de las más terribles maniobras ya montadas contra los intereses de un pueblo”.
Reflejos políticos directos
Tras el Acuerdo de Madrid, España propuso la retirada de sus civiles y sus tropas hasta el día 27 de febrero de 1976, según mandaba el documento. El abandono de la colonia dejó a la población saharaui atónita y enojada. En los últimos meses de 1975 y en el inicio de 1976, alrededor de 25 mil personas huyeron de las ciudades del Sáhara. El miedo hizo con que la población saliera en dirección al desierto sin saber a donde pretendía llegar (Suzin; Daudén, 2011). El destino, de manera general, fue Argelia, donde se encontraban los principales jefes del Frente Polisario.
Argelia, que declaró, apoyo a la causa saharaui, ofreció abrigo para la base del Frente Polisario en la ciudad de Tindouf, próxima a la frontera del Sáhara Occidental. Además, suministró entrenamiento militar y armas a los combatientes. Libia, a su vez, envió Land Rovers. A esto se sumó el armamento que trajeron los combatientes desertores del ejército español.
Para estructurarse políticamente y responder a la nueva coyuntura, el Frente Polisario convocó un Congreso de Unidad Territorial en Ain Bentili. “Lulei” (comandante del Frente Polisario) personalmente asumió los preparativos del congreso. Sobre él, afirma Santayana (1987) que:
“la unidad nacional surge de la emergencia. Luego que son firmados los papeles del Acuerdo de Madrid, en 14 de noviembre, los principales jefes saharauis se reúnen en las bases del Frente Polisario. Con ellos la gran mayoría de los soldados nativos que hacían parte del ejército español. En 28 de noviembre, en El Guelta, es constituido el Consejo Nacional Saharaui, el primer órgano representativo de un nuevo Estado”.
El 27 de febrero de 1976, en Bir Lahlou, el secretario-general del Frente Polisario proclama la independencia de la República Árabe Saaraui Democrática a través de una Carta de Proclamación entregue a la ONU (Um Draiga, 2015). De forma inmediata es publicada una Constitución provisional que gobernaría el Estado hasta que una asamblea general promulgara una Constitución definitiva. En la Constitución provisional la RASD se asumió como Estado árabe, islámico, democrático y socialista (Miguel, 1995) y la primera Constitución definitiva fue promulgada entre los días 26 y 30 de agosto de 1976 (Um Draiga, 2015). Entre el periodo comprendido entre el final del mes de febrero y el inicio de mes de marzo de 1976, la República ya había sido reconocida por nueve países, siendo ocho africanos. Hay de resaltar que actualmente más de 80 países ya reconocen su personalidad jurídica internacional.
Desde entonces, la innegable personalidad jurídica consumada tanto por el reconocimiento como también por la actuación en el plano de las organizaciones internacionales como es el caso de la Unión Africana, viene agregando legitimidad en las acciones en búsqueda de su autodeterminación.
De acuerdo con el Derecho Internacional, el Sáhara Occidental es considerado un territorio pendiente de descolonización. En ese procedimiento España aun es considerada potencia administradora, ya que sus lazos de soberanía provienen del fin del siglo XIX y teniendo en cuenta que los Acuerdos Tripartidos jamás fueron reconocidos como válidos por el Derecho Internacional. La pendencia de su autodeterminación remete al ideario de insubordinación e independencia que trajo a la luz la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU de 1960 – que ha logrado liberar de la colonización una serie de naciones africanas que estaban bajo yugo europeo.
Vale recordar, además, que la Corte Internacional de Justicia, en opinión consultiva emitida días antes de la Marcha Verde, negó la existencia de lazos de soberanía y condenó los ímpetus marroquíes y mauritanos sobre aquel territorio (International Court of Justice, 1975).
La organización de las Naciones Unidas asume la responsabilidad de la consumación de un plebiscito de autodeterminación para que el pueblo del Sáhara Occidental pueda decidir su futuro con la instalación de la Minurso (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental). Desde su creación en 1991 hasta los días actuales, la consulta viene siendo inviabilizada por diversas razones, entre ellas, la tentativa de imposición, por parte del reino de Marruecos, de listados inflados de electores marroquíes. Recientemente, dada la ineficacia de los procedimientos preparatorios para el plebiscito, la misión tiene actuado apenas en el monitoreo del conflicto.
Comentario
La supresión del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui de la forma como ocurre es absolutamente inaceptable. Un país digno de serlo, en la plena acepción jurídica, se ve relegado de reconocimiento por gran parte de la comunidad internacional en virtud de la existencia de intereses ocultos que buscan extraer el máximo de provecho sobre la situación de penuria. El mundo se olvida del episodio lamentable del Acuerdo de Madrid, que aun hoy, 40 años después, exhibe sus abominables efectos en el territorio y directamente en el pueblo saharaui.
Bajo cualquier aspecto, la fuerza nacionalista y el esmero en la construcción política del Estado saharaui sirve de lección a todos los pueblos del globo. Los intereses ocultos aun se presentan bajo la forma de explotación a costas de la sangre saharaui. El anhelo de justicia que brota en los hijos del Sáhara Occidental no es una espejismo: es un derecho inalienable. ¿Que les faltaría para atingirlo?