Frustraciones con la integración
Durante el 2015 las exportaciones latinoamericanas declinaron por tercer año consecutivo. El freno del crecimiento chino, la menor demanda de agro-combustibles y el retorno de la especulación a los activos financieros tienden a revertir la valorización de las materias primas.
Esa caída de precios se afianzará si el shale coexiste con el petróleo tradicional y se consolidan otros sustitutos de insumos básicos. No es la primera vez que el capitalismo desenvuelve nuevas técnicas para contrarrestar el encarecimiento de los productos primarios. Estas tendencias suelen arruinar a todas las economías latinoamericanas atadas a la exportación agro-minera.
Las adversidades del nuevo escenario se verifican en la reducción del crecimiento. Como la deuda pública es inferior al pasado no se avizoran aún los colapsos tradicionales. Pero ya declinan los recursos fiscales y se estrecha el margen para desenvolver políticas de reactivación.
El ciclo progresista no fue aprovechado para modificar la vulnerabilidad regional. Esta fragilidad persiste por la expansión de negocios primarizados en desmedro de la integración y la diversificación productiva. Los proyectos de asociación sudamericana fueron nuevamente desbordados por actividades nacionales de exportación, que incentivaron la balcanización comercial y el deterioro de procesos fabriles.
Luego de la derrota del ALCA surgieron numerosas iniciativas para forjar estructuras comunes de toda la zona. Se propusieron metas de industrialización, anillos energéticos y redes de comunicación compartidas. Pero estos programas han languidecido año tras año.
El banco regional, el fondo de reserva y el sistema cambiario coordinado nunca se concretaron. Las normas para minimizar el uso del dólar en transacciones comerciales y los emprendimientos prioritarios de infraestructura zonal quedaron en los papeles. Tampoco se puso en marcha un blindaje concertado frente a la caída de los precios de exportación. Cada gobierno optó por negociar con sus propios clientes, archivando las convocatorias a crear un bloque regional.
El congelamiento del Banco del Sur sintetiza esa impotencia. Esta entidad fue especialmente obstruida por Brasil, que privilegió su BNDES o incluso un Banco de los BRICS. La ausencia de una institución financiera común socavó los programas de convergencia cambiaria y moneda común. La misma fractura regional se verifica en las negociaciones con China. Cada gobierno suscribe unilateralmente acuerdos con la nueva potencia asiática, que acapara compras de materias primas, ventas de manufacturas y otorgamientos de créditos.
China prioriza los emprendimientos de productos básicos y retacea la transferencia de tecnología. La asimetría que estableció con la región sólo es superada por la subordinación que impuso en África.
Las consecuencias de esta desigualdad comenzaron a notarse el año pasado, cuando China redujo su crecimiento y disminuyó sus adquisiciones en Latinoamérica. Además, comenzó a devaluar el yuan para incrementar sus exportaciones y adecuar su paridad cambiaria a las exigencias de una moneda mundial. Estas medidas acentuaron su colocación de mercancías baratas en Sudamérica.
Hasta ahora China se expande sin exhibir ambiciones geopolíticas o militares. Algunos analistas identifican esta conducta con políticas amigables hacia la región. Otros observan en ese comportamiento una estrategia neocolonial de apropiación de los recursos naturales. En cualquier caso el resultado ha sido un aumento geométrico de la primarización sudamericana.
En lugar de establecer vínculos inteligentes con el gigante asiático para contrapesar la dominación estadounidense, los gobiernos progresistas optaron por el endeudamiento y la atadura comercial. En UNASUR o CELAC nunca se discutió como negociar en bloque con China para suscribir acuerdos más equitativos.
Los fracasos en la integración explican el nuevo impulso que logró el Tratado del Pacífico. Los TLCs rebrotan con la misma intensidad que decae la cohesión sudamericana. Estados Unidos tiene objetivos más nítidos que en la época del ALCA. Alienta un convenio con Asia (TTP) y otro con Europa (TTIP) para asegurar su preeminencia en actividades estratégicas (laboratorios, informática, medicina, militares). En el escenario que sucedió al temblor del 2008 promueve con renovada intensidad el libre-comercio.
Sudamérica es un mercado apetecido por todas las empresas transnacionales. Estas compañías exigen tratados con mayor flexibilidad laboral y explícitas ventajas para litigar en los pleitos de contaminación ambiental. Estados Unidos y China rivalizan utilizando estos mismos instrumentos de apertura comercial.
Chile, Perú y Colombia ya aceptaron las nuevas exigencias librecambistas del TTP en materia de propiedad intelectual, patentes y compras públicas. Sólo esperan lograr mayores mercados para sus exportaciones agro-minerales. Pero la gran novedad es la disposición del gobierno argentino a participar en ese tipo negociaciones.
Macri pretende destrabar el acuerdo con la Unión Europea e inducir a Brasil a cierta participación en la Alianza del Pacífico. Ha registrado que el gabinete de Dilma incluye representantes del agro-negocio, más proclives a la liberalización comercial que al industrialismo del MERCOSUR.
Un test de los TLCs se verificará en las tratativas de otro convenio negociado en secreto por 50 países, con cláusulas extremas de liberalización en los servicios (Trade in Services Agreement-TISA). Esta iniciativa ya afrontó un rechazo en Uruguay, pero las tratativas continúan. El ciclo progresista está directamente amenazado por la avalancha de libre-comercio que propicia el imperio.
Fallidos neo-desarrollistas
Los límites del progresismo han sido más visibles en los intentos nacionales de implementar políticas neo-desarrollistas. Estos ensayos pretendieron retomar la industrialización con estrategias de mayor intervención estatal, para imitar el desenvolvimiento del Sudeste Asiático. A diferencia del desarrollismo clásico promovieron alianzas con el agro-negocio y apostaron a un largo período de reversión del deterioro de los términos de intercambio.
Al cabo de una década no lograron avanzar en ninguna meta industrializadora. La expectativa de igualar el avance asiático se diluyó, ante la mayor rentabilidad que genera la explotación de los trabajadores en el Extremo Oriente. La esperanza de conductas emprendedoras de los empresarios locales se desvaneció, frente a la continuada exigencia de auxilios estatales. La promoción de un funcionariado eficiente quedó neutralizada por la recreación de ineptas burocracias.
El principal intento neo-desarrollista se llevó a cabo en Argentina durante el decenio que sucedió al estallido del 2001. Ese experimento fue erosionado por múltiples desequilibrios. Se renunció a administrar en forma productiva el excedente agrario mediante un manejo estatal del comercio exterior. También se confió en empresarios que utilizaron los subsidios para fugar capital sin aportar inversiones significativas. Además, se apostó a un virtuosismo de la demanda cimentado en aportes de los capitalistas, que prefirieron remarcar los precios.
El modelo preservó todos los desequilibrios estructurales de la economía argentina. Afianzó la primarización, potenció el estancamiento de la provisión de energía, perpetuó un esqueleto industrial concentrado y sostuvo un sistema financiero adverso a la inversión. El mantenimiento de una política impositiva regresiva impidió modificar los pilares de la desigualdad social.
Las tensiones acumuladas inducían a un viraje regresivo que el candidato del kirchnerismo (Scioli) eludió al perder los comicios. Postulaba un programa gradual de ajuste con re-endeudamiento, devaluación, arreglo con los buitres, mayores tarifas y recortes del gasto social. En Brasil se ha discutido si el gobierno del PT gestiona una variante conservadora de neo-desarrollismo o una versión regulada del neoliberalismo. Como allí no se afrontó la crisis y la rebelión popular que convulsionaron a la Argentina, los cambios de política económica tuvieron menor intensidad.
Pero al cabo de un decenio los resultados son semejantes en ambos países. La economía brasileña se ha estancado y la expansión del consumo no ha resuelto las desigualdades sociales, ni masificado a la clase media. Hay mayor dependencia de exportaciones básicas y un fuerte retroceso industrial. Los privilegios al capital financiero persisten y el agro-negocio sofoca cualquier esperanza de reforma agraria. Dilma introdujo el viraje conservador que el progresismo evitó en Argentina. Ganó la elección cuestionando el ajuste promovido por su rival (Aecio Neves) y desconoció esas promesas frente a las presiones de los mercados. Designó un ministro de economía ultra-liberal (Levy) que reprodujo el debut de Lula con personajes del mismo tipo (Palocci).
Durante el 2015 esta gestión ortodoxa generó subas de tasas y aumentos de tarifas. Dilma justificó el recorte de las políticas sociales y mantuvo las ventajas que tienen los financistas para acumular fortunas. Pero al comienzo del nuevo año remplazó al hombre de los banqueros por un economista más heterodoxo (Barbosa), que promete un ajuste fiscal más pausado para atenuar la recesión. Este giro no anticipa salidas al pantano que generan las políticas conservadoras. Ecuador ha padecido la misma involución del neo-desarrollismo. Correa debutó con una reorganización del estado que potenció el mercado interno. Aumentó los ingresos fiscales, otorgó mejoras sociales y canalizó parte de la renta hacia la inversión pública.
Pero posteriormente enfrentó todos los límites de experimentos análogos y optó por el endeudamiento y el privilegio de las exportaciones. Suscribió un TLC con Europa, facilita la privatización de las carreteras y entrega campos maduros de petróleo a las grandes compañías.Las falencias del neo-desarrollismo han obstruido el ciclo progresista. Ese modelo intentó canalizar los excedentes de la exportación hacia actividades productivas. Pero enfrentó resistencias del poder económico y se sometió a esas presiones.