Introducción
“Para impedir que la temperatura global se incremente en dos grados centígrados, las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse entre 40 y 70% al 2050 y eliminarse casi en su totalidad el 2100. Si no se cambia el modelo, los riesgos son la escases de alimentos y de agua, el desplazamiento de la población y grandes conflictos”. De esta manera iniciaba su participación en la Cop 20 de Lima Rajendra Pachauri, Director del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
"La naturaleza intenta decirnos que necesitamos un modelo económico radicalmente diferente", subraya por su parte la investigadora canadiense Naomi Klein. La necesidad de ajustar drásticamente los paradigmas de crecimiento económico en gran medida parte de la constatación que el creciente uso de los recursos naturales se encuentra con límites físicos y claras restricciones ecológicas.
Por lo tanto cabe interrogarse sobre la relación entre el cambio climático y el modelo extractivo, una de las actividades productivas que ha estado en franco proceso de expansión en las dos últimas décadas en varias regiones del planeta y que genera controversia, conflictos y afectación de derechos. A continuación plateamos algunos elementos para el análisis, a partir de la experiencia de sectores extractivos como la minería y los hidrocarburos, haciendo especial énfasis en la experiencia de América Latina y del Perú.
Lo extractivo y el extractivismo
Eduardo Gudynas, define el extractivismo como un caso particular de extracción de recursos naturales que toma en cuenta por lo menos tres dimensiones básicas: volumen de recursos que se extraen, intensidad en la extracción, y destino del recurso.
La mención al volumen no solo alude al mineral extraído, sino también a los otros materiales que se extraen, el agua que se consume, la energía utilizada, etc.; en suma a todo lo que se conoce como la mochila ecológica [1]. La intensidad, alude al tema de la ecotoxicidad (generación de contaminantes, uso de sustancias tóxicas, empleo de explosivos, efectos negativos sobre especies en riesgo, emisión de gases invernadero, etc.). Finalmente, en cuanto al destino, la referencia central es si la producción es predominantemente para mercados externos.
Tomando en cuenta estos criterios, está claro que un número importante de países han visto en las últimas décadas como se implantaban en sus territorios modelos extractivistas. América Latina y países como el Perú, son buenos ejemplos de esta tendencia, que no necesariamente se presenta bajo el mismo esquema: en algunos países, se ha visto un modelo extractivista que se define como clásico –caracterizado por el control mayoritario de las empresas transnacionales y con un Estado que asume el rol de garantizar un clima favorable para la inversión-; y en otros un modelo que se define como neo extractivista -que se caracteriza por una mayor presencia del Estado, buscando capturar la renta extractiva, ya se a través del control directa de la producción, mayores impuestos, regalías, etc.-.
Sin embargo, pese a las diferencias, los distintos extractivismos presentan aspectos en común: afectación de derechos de poblaciones, principalmente de pueblos indígenas y comunidades campesinas; conflictos sociales en ascenso como consecuencia de la expansión de actividades extractivas; impactos irreversibles en ecosistemas; economías dependientes en extremo de la renta extractiva, etc.
¿Cómo se relaciona todo esto con el tema del cambio climático?
De diferentes maneras. El modelo extractivista, que se expresa en leyes específicas de promoción de la minería, los hidrocarburos y de otro tipo de extracciones, busca impulsar procesos que tienen como orientación central explotar todo lo posible en el más breve plazo de tiempo posible.
Sean recursos renovables o no renovables los que se pretenden extraer, la lógica de crecimiento exacerbado, que está en el corazón del sistema económico, se expresa en toda su dimensión en el modelo extractivista. Para lograr este objetivo, el país y los territorios se tienen que adecuar: con leyes que buscan favorecer un clima para que las inversiones fluyan y que al mismo tiempo debilitan las regulaciones ambientales y sociales; desplazamiento forzado de poblaciones; afectación de eco regiones: por ejemplo, se estima que el 20% de la Amazonía ya se ha perdido y que un 20% adicional está seriamente deteriorado.
Queda claro que el modelo extractivista tiene un gran impacto en ecosistemas que en un escenario de cambio climático están destinados a jugar un rol determinante para contrarrestar el deterioro ambiental del planeta. Parte importante del territorio que ocupa América Latina es un buen ejemplo de estas tendencias: hay regiones en el mundo que tienen gas, hay otras que tienen petróleo o que poseen recursos minerales e incluso importantes reservas de agua dulce; sin embargo, quizás la única zona en el mundo que tiene todo eso junto es la que se ubica en el pie de monte andino-amazónico en América del Sur.
El último informe del IPCC (2014) reporta que desde mediados de la década del 70 la temperatura ha aumentado en Sur y Centro América entre 0.7° y 1°, lo que ya tiene repercusiones en los ciclos hídricos, la salud de los bosques, sobre todo los amazónicos, las fuentes de agua, el retroceso de los glaciares, etc. Hasta el año 2100 la temperatura podría aumentar hasta 4° en Centro América y hasta 6,7° en América del Sur, con impactos que seguirán agravándose.
Por lo descrito, queda claro que la presión extractiva ha sido enorme en este sub continente y seguramente lo seguirá siendo, pese a las fluctuaciones recientes de los precios internacionales de los principales commodities. La historia de las economías latinoamericanas muestra lo gravitante de las actividades extractivas, tanto en épocas de bonanza como en las de crisis. “El extractivismo se expresa bajo esquemas depredadores, con altos impactos ambientales y sociales, violaciones de derechos de las personas y la Naturaleza, y variados efectos sobre la economía, la política y la cultura del país” [2]. Los últimos 20 años han sido un claro ejemplo de esta tendencia.
Además, esto ocurre en territorios que son identificados como vulnerables ante el cambio climático. Por ejemplo, el Perú es uno de los países más vulnerables del planeta debido a su gran variedad de climas, de pisos ecológicos y de biodiversidad.
Este país presenta siete de las nueve características reconocidas por las Naciones Unidas, que aumentan la vulnerabilidad frente al cambio climático: zonas costeras bajas; zonas áridas y semiáridas; zonas expuestas a inundaciones, sequías y desertificación; ecosistemas montañosos frágiles; zonas propensas a desastres; zonas urbanas con alta contaminación atmosférica; y economías dependientes en gran medida de los ingresos generados por la producción y uso de combustibles fósiles.
Sin embargo, en el marco del modelo económico vigente en el Perú desde los años 90, las actividades extractivas –especialmente la minería y en menor medida la pesca y los hidrocarburos– son consideradas cruciales para el esquema de crecimiento económico, las exportaciones, la inversión privada y la recaudación tributaria. En la actualidad, luego de más de 20 años de expansión del modelo extractivista, el gobierno del Perú mantiene la misma apuesta y presenta una cartera de inversión minera compuesta por 52 mega proyectos para los próximos años, que en conjunto ascienden a US$61.279 millones.
En este contexto conviene preguntarse acerca de las implicancias del auge extractivo sobre el cuidado del medioambiente, las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y por supuesto el cambio climático. Estas preguntas se plantean además teniendo en cuenta los costos económicos de la degradación ambiental: el Banco Mundial estimó hace unos años que la degradación ambiental en el Perú representa el 3,9% del PBI.
Los mayores costos están asociados a la sanidad y el abastecimiento de agua; la contaminación atmosférica; los desastres naturales; la exposición al plomo; la degradación del suelo y la deforestación. Sobre este último punto, cabe señalar que en la Amazonía peruana ya se han deforestado más de 9 millones de hectáreas y todos los años se pierden 150 mil hectáreas adicionales.
En cuanto a los costos asociados al cambio climático en el Perú, un estudio de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) proyecta una pérdida equivalente a 4,4% del PIB para el año 2025. De manera similar y sobre la base de proyecciones acerca de la elevación de la temperatura y de las variaciones en las precipitaciones, un estudio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima que al 2050 la pérdida superaría el 20% del PIB. De modo que está claramente establecido que los costos del cambio climático en un país como el Perú son de magnitud.
Por el contrario, sobre la base de un estudio del Ministerio del Ambiente del Perú, se estima que los costos de las medidas de mitigación y de adaptación necesarias no habrían alcanzado ni el 0,5% del PBI el año 2013. En consecuencia, la adopción inmediata de medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático es rentable no sólo desde el punto de vista social, de sostenibilidad ambiental y del bienestar de las futuras generaciones de peruanos –y del planeta–, sino también desde una perspectiva financiera.
Sin embargo, los planes de adaptación y mitigación siguen siendo ambiguos, con escasos ejemplos de metas concretas. Además, en los países que pretenden seguir apostando por el modelo extractivista, no hay una real evaluación de riesgo cuando se aprueban proyectos productivos que atentan contra ecosistemas vulnerables: por ejemplo, en el Perú la Estrategia Nacional frente al Cambio Climático no establece metas precisas a ser cumplidas ni plazos definidos y los indicadores no son verificables por entidades independientes -nacionales y extranjeras-, y tampoco pueden ser monitoreados por la sociedad civil y las comunidades afectadas directamente, incluidos los pueblos indígenas. Por lo tanto, este tipo de estrategias carecen de la fuerza necesaria para conducir la política general de los países y enfrentar el verdadero desafío que impone la crisis climática.
En este contexto, es impostergable adecuar los procesos productivos para lograr la meta de estabilizar el clima. El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático propone una serie de medidas para lograr esta meta: aumento de eficiencia energética, mayor penetración de energía renovables, tecnologías de captura y almacenamiento, racionalización del sistema de transporte.
Por lo expuesto, una política climática apropiada a los desafíos de la humanidad, no solo debería reducir la presencia de combustibles fósiles en la matriz energética, sino evitar que se siga ampliando la frontera extractiva. Para impedir una elevación de la temperatura del planeta por encima de los dos grados centígrados, está comprobado que no se debería tocar el 70% de las reservas probadas de gas, petróleo y otros combustibles fósiles [3]. En otras palabras, se cuenta largamente con más reservas en combustibles fósiles de las que en realidad se puede utilizar si es que se quiere evitar un calentamiento del planeta a niveles inmanejables. No tiene sentido seguir explorando y menos aún extrayendo; el modelo de extracción exacerbada es insostenible y se necesita transitar lo antes posible a escenarios post extractivistas.